Un gesto político con medidas inaplicables: el embargo a Israel no puede consumarse

De hacerlo, insisten los mismos expertos, la seguridad en nuestro país podría quedar gravemente comprometida. Las palabras textuales de Sánchez apuntaron a la prohibición permanente de «compra y venta de armamento, munición y equipamiento militar» sin entrar a hablar de la tecnología y la ciberseguridad, donde Israel aparece como primera potencia mundial.

Algo parecido sucede con la prohibición del tránsito por puertos españoles a «todos los barcos que transporten combustible» para las Fuerzas Armadas israelíes y, sobre todo, el cierre del espacio aéreo a los aviones que lleven armas con destino Israel. Una medida que miraba especialmente a Estados Unidos y que no tendrá efecto puesto que el Convenio de Cooperación con ese país le habilita para usar las bases de Rota y Morón sin obligación de informar sobre el destino final del armamento que transporte.

Cuando Sumar impulsó en mayo junto a otros socios parlamentarios una proposición de ley que pedía el embargo total a Israel, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya explicó que no podría llevarse a término. «Hecha la ley, hecha la trampa», resumió en el Congreso. Porque, aunque España decidiera dejar de comprar armas directamente a Tel Aviv, su tecnología está incorporada a muchos equipamientos que se compran a otros países. Y también hay licencias comprometidas que son anteriores al ataque terrorista de Hamás de 2023 y que siguen vigentes.

«La tecnología israelí está por todas partes», resume otro experto a este periódico. Es decir: el comercio global y la preponderancia de Israel en este campo hace casi imposible poder contar con armamento o equipación que no tenga algún sello israelí. Lo que sí permitirá el embargo por ley es excluir a las empresas del país de Benjamín Netanyahu de los concursos públicos que active España y que ahora se encontraban en una especie de limbo.

Los diplomáticos consultados también ponen el foco en la «sobreactuación» de Sánchez con su declaración institucional, que podría tener «consecuencias graves». Apuntan al «malestar» causado en otros socios que mantienen una condena firme pero han evitado «ir por libre» y «significarse» de esa manera. «Se podrían sentir traicionados ante sus propios ciudadanos por no mantener una postura tan tajante». En esa línea, un exembajador incide en el «verso suelto» en el que se ha convertido Sánchez dentro de Europa en los últimos meses con el riesgo de seguir aislándose de los grandes debates y foros internacionales, como ya sucedió al rechazar –también desde la retórica– el aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB en vísperas de la cumbre de la OTAN.

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Tampoco ha pasado inadvertido del análisis internacional que el presidente hiciera suyo por primera vez el término «genocidio». Citó a la «mayoría de expertos» y a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese; pero después lo utilizó directamente en dos ocasiones. Fuentes diplomáticas señalan la «irresponsabilidad» de asumir ese término «por las obligaciones legales que acarrea» según lo contemplado en la Convención sobre la prevención y el castigo del delito del genocidio de 1948 de Naciones Unidas.

A su entender, España tendría que ser consecuente y «romper relaciones diplomáticas con un gobierno genocida» y, después, comprometerse a «perseguir y llevar a la Justicia a todos aquellos que participen en el genocidio, activamente o por omisión». El Ministerio de Asuntos Exteriores solo decidió llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv, Ana Salomón, después de que Israel lanzara acusaciones de «antisemitismo» y «corrupción» a las palabras de Sánchez, y prohibiera la entrada a Israel de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Infancia, Sira Rego.

Fuentes militares también incidían, precisamente, en el hecho de que Sánchez hubiera renunciado a tomar medidas diplomáticas de origen –las que sí están en manos del Gobierno y que se han aplicado recientemente con otros países como Argentina–.