La Audiencia Nacional decidirá sobre el homenaje a la etarra en Barcelona

Tal y como adelantó ABC el pasado viernes, la comisión de fiestas populares del barrio barcelonés de Gracia y el grupo de apoyo a los «presos políticos» Rescat han convocado un acto de «bienvenida» a Laura Riera, que ese mismo día abandona la cárcel de Wad-Ras tras pasar nueve años por apoyar al comando Barcelona de ETA que en 2000 acabó, entre otras, con la vida del concejal del PP de Viladecavalls (Barcelona), Francisco Cano.

Concretamente, el titular del juzgado de Instrucción número 5 ha librado oficios a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esqua- dra para que en el plazo de 48 horas recaben todos los datos relativos al homenaje: convocantes, lugar, recorrido... Además, el magistrado Ruz pide a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que le remita testimonio de la sentencia que en mayo de 2004 condenó a Riera a nueve años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista.

Riera, que trabajaba en el departamento de multas del Ayuntamiento de Tarrasa, tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico, y habría facilitado matrículas de potenciales víctimas al comando Barcelona de ETA, entre estas la del concejal Cano, asesinado al estallar bajo su furgoneta una bomba lapa. Además de la «bienvenida» a Laura Riera, está prevista una marcha de antorchas pidiendo la libertad de las igualmente colaboradoras de ETA Marina Bernadó y Lola López.

Las diligencias del juez Ruz, que sustituye en el puesto a Baltasar Garzón, se abren con motivo del escrito presentado ayer en el juzgado por la asociación Dignidad y Justicia, y se adelantan a las de la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer pedía al departamento de Interior de la Generalitat informes sobre el acto. En declaraciones a ABC, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, confirmó que habían esperado a presentar su escrito a que concluyese el turno del juez Fernando Andreu, que la pasada semana autorizó una marcha de apoyo a los presos de ETA en San Sebastián.

Por su parte, el PP, «atendiendo la pasividad del Ayuntamiento y de la Generalitat», también solicitó la prohibición cautelar de una convocatoria que es «una vergüenza democrática y una indignidad que la ciudad no puede permitir». El jefe de filas popular en Barcelona, Alberto Fernández, ha denunciado repetidamente la exhibición de pancartas y retratos de presos por colaborar con ETA en las fiestas de Gracia y de Sants en pasados años, unos precedentes que, se recuerda desde el PP, deberían haber servido al Ayuntamiento para no autorizar el permiso genérico que por toda la semana se concedió a los alternativos.

Desde el PP se ha denunciado de manera reiterada que pese a no haber constancia oficial de la convocatoria del sábado —no se ha pedido autorización—, las intenciones de los participantes eran conocidas, con la publicación del programa en Internet, pintadas y carteles por todo el barrio y, este mismo domingo, el envío por correo electrónico a los medios de comunicación del calendario de actos.

Ciutadan's también se sumó a las peticiones de suspensión de lo que su portavoz, Jordi Cañas, calificó de acto «nazi», en un frente de repulsa al que también se ha sumado la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo y la Confederación Española de Policía, que pidió «cordura» para prohibir un acto que entiende es una «burla» a todas las víctimas de ETA.

Sobre las actuaciones judiciales, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona expresaron a este diario su confianza en que, «desde las instituciones componentes, los mecanismos del Estado de Derecho actúen con diligencia y agilidad» para que las fiestas sean un escenario «festivo y de convivencia».