García Ortiz reivindica el legado de Delgado al frente de la Fiscalía General

Consciente de las suspicacias que su nombramiento ha levantado, lo que se vio hace una semana en el Consejo General del Poder Judicial, donde siete vocales cuestionaron su idoneidad, Álvaro García Ortiz ha comenzado su intervención anunciando su baja en la Unión Progresista de Fiscales, un gesto que para él tiene, según ha dicho, un enorme valor simbólico, pues era afiliado desde que comenzó su carrera en 1999.

Sus palabras y buenas intenciones no han convencido a la oposición, que ven en su mandato una extensión del de Dolores Delgado. No en vano ha sido en los últimos años la mano derecha de la renunciada fiscal general, que le nombró jefe de la Secretaría Técnica ascendiéndole a primera categoría. Con ella ha compartido también en parte ese «daño reputacional» a la institución que esta mañana le han achacado los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos, Luis Santamaría, Javier Ortega Smith y Edmundo Bal, respectivamente. "Es lamentable que el Gobierno no encuentre a una persona que sea y parezca imparcial, neutral, independiente y que favorezca la independencia de los fiscales respecto del Poder Ejecutivo. Usted no tiene esa imagen", le ha dicho Bal.

No ha pasado desapercibida la intervención de García Ortiz, en diciembre de 2019, a un acto de precampaña del PSOE gallego ni su nada clara intervención en el caso Stampa, donde el fiscal que instruyó el procedimiento contra ese representante del Ministerio Público le acusó, en declaraciones a ABC, de maniobrar para dilatar de forma torticera la investigación contra el fiscal del caso Tándem, en el que el despacho de la pareja de Delgado, Baltasar Garzón, defiende a varios imputados. Sobre el primero de los hechos, García Ortiz ha vuelto a desvincular su intervención en aquel acto de afinidades políticas, y ha recalcado que participó como representante del Ministerio Público y que lo hizo con permiso de la Inspección fiscal. «El contenido del acto es evidente que no lo han oído. Da igual lo que se diga; solo importa la foto», ha lamentado el fiscal general, que ha protagonizado varios enfrentamientos directos con Santamaría (PP).

García Ortiz ha defendido su intervención en el caso Stampa y ha señalado que él no dio (porque no puede) ninguna orden al fiscal que investigaba, y que en todo caso se trató de «sugerencias», algo habitual, ha dicho, en el trabajo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Durante su comparecencia previa a la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, García Ortiz ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por Delgado y a las «importantes iniciativas beneficiosas para la carrera fiscal» que su antecesora puso en marcha, entre ellas el incremento de plazas para fiscales, planes de formación, circulares e instrucciones. «Me da reparo que alguien diga que desde la Secretaría Técnica no hemos hecho nada», ha lamentado el próximo fiscal general. Aprovechó la ocasión para arremeter contra los siete vocales del Consejo que suscribieron un voto particular cuestionando su imparcialidad por las críticas que vertieron contra él sin haber empezado todavía su andadura como fiscal general.

Entre los retos al frente del Ministerio Público, García Ortiz se ha referido al cambio de modelo procesal que implicará dejar la instrucción de las causas penales en manos de la Fiscalía en lugar del juez instructor y no ha ocultado la necesidad de reforzar mecanismos de autonomía de los fiscales mediante la reforma del estatuto orgánico de la carrera. En este sentido ha anunciado también una circular clara sobre diligencias de investigación que sustituirá a la de 2013 y que como fiscal general se asegurará que aspectos como la dación de cuentas y el derecho a discrepar del fiscal se vean garantizados.

Precisamente a las discrepancias con superiores jerárquicos se ha referido García Ortiz en relación con el caso Miguel Ángel Blanco y el polémico cambio de criterio que ha llevado al Ministerio Público a no ver posible proceder contra los autores intelectuales del asesinato del edil popular. Y ello contra la voluntad del fiscal del caso, Vicente González Mota. «Ni en este caso ni en otros se han dado directrices de ningún tipo» y ha rectificado a Edmundo Bal cuando este le ha reprochado que los hechos no están prescritos, a diferencia de lo que sostiene el fiscal-jefe de la Audiencia, Jesús Alonso. «La Fiscalía de la Audiencia Nacional nunca ha obstaculizado, ni lo hará nunca, las investigaciones (...)». Al contrario, ha sostenido, ha contribuido a que «ETA desaparezca». No obstante, el nuevo fiscal general se ha comprometido a convocar a la junta de fiscales para resolver las discrepancias sobre la posible prescripción. La junta de fiscales, el sanedrín de la carrera fiscal, está compuesta por una treintena de fiscales de primera categoría, y distintas especialidades y sensibilidades. La última (y única vez) que la convocó Delgado fue con motivo de la relamación de las diligencias sobre el hermano de Ayuso por parte de la Fiscalía Europea. La junta de fiscales cerró filas entonces con Anticorrupción, que se opuso a soltar las pesquisas que terminarían archivándose.

«La filtración interesada y correos internos no hace si no aumentar el dolor de las víctimas y dar lugar a polémicas no deseadas que pueden ser objeto de manipulación«, ha dicho en relación a los correos intercambiados entre Alonso y González Mota.

García Ortiz ha vuelto a negar la información publicada por ABC sobre su presunta reunión en el restaurante de un hotel de Madrid con el expresidente de la Banca Privada de Andorra Higini Cierco, denunciante de Rajoy en la llamada «operación Cataluña». El fiscal general ha anunciado acciones legales contra este periódico por seguir manteniendo la existencia de un encuentro del que dan fe dos testigos.