García Ortiz pretende nombrar a un fiscal que puede ayudarle en su caso

En la misiva, que adelantó este lunes ABC, el comité ejecutivo de la AF recuerda que la propia exposición de motivos del real decreto que creo esta plaza el pasado 29 de octubre vinculaba esta nueva Fiscalía a la «mejora en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública». En su momento, los seis vocales que representan a la AF en el Consejo Fiscal ya se opusieron por escrito a la creación de esta Fiscalía al considerarla innecesaria porque sus funciones se solapaban con la ya existente Fiscalía contra la Corrupción y Crimen Organizado (Anticorrupción) que dirige Alejandro Luzón.

«No queremos entrar aquí en las dudas sobre la relación de esta fiscalía de sala (...) con las instituciones que en la actualidad funcionan muy adecuadamente» en esa lucha, como es la propia Fiscalía Anticorrupción, pero la AF considera que el fiscal general debe abstenerse de realizar propuesta alguna de nombramiento para la indicada plaza «atendiendo al principio de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones democráticas y del principio de imparcialidad que sirve como presupuesto de la actuación objetiva de la administración pública».

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De acuerdo con estos principios, continúa la Asociación de Fiscales, constituye causa de abstención «tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél». En este caso, para esta asociación ese interés personal está claro desde el momento en que «por el propio contenido de la función institucional que le ha de corresponder a la persona titular de este cargo, la de coordinar la actuación y consiguiente persecución de los delitos contra la Administración Pública en todo el territorio del Estado, le correspondería, también, en su caso, la intervención» en el procedimiento de García Ortiz por ser de especial trascendencia.

Recuerda la AF que la causa de abstención «no exige la influencia real y efectiva» en el asunto, sino «la mera posibilidad de influencia» y «no puede decirse que la posición del Ministerio Fiscal sea irrelevante en un procedimiento penal, con independencia de la presencia de acusaciones particulares o populares en los diferentes procedimientos».

La persona que formalmente sea propuesta, apunta el texto, puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos que servirán de «guía de actuación del conjunto de quienes integramos la carrera fiscal», y en este sentido «es indiferente» que el asunto penal en el que García Ortiz está implicado lo lleve la teniente fiscal del Tribunal Supremo -María Ángeles Sánchez Conde-, pues ella, como cualquier fiscal, «estará sometida a las directrices» establecidas por el nuevo fiscal de Sala coordinador en esta materia. Recuerda la AF que con el paso al lado que pide a García Ortiz «se trata de evitar el riesgo objetivo de que la esperanza de cualquier utilidad, ventaja o beneficio personales pueda pervertir el sentido de la decisión» que se adopte.

Para la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, «desde la necesaria neutralidad que deben mantener las instituciones no parece en modo alguno adecuado que el fiscal general del Estado haga la propuesta de nombramiento de esta plaza. No resulta ni ético ni estético».

A la jefatura de esta nueva Fiscalía concurren seis fiscales, ninguno de ellos de la AF, pero sí de la UPF, asociación de la que García Ortiz ha sido portavoz, y alguno no asociado. Entre los primeros, Carlos Castresana (Tribunal de Cuentas) y Emilio Sánchez Ulled, quien ha estado en situación de servicios especiales como consejero de Justicia en la UE. Entre los segundos, el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo -el que en cuestión de días cambió de criterio en el caso Tsunami: primero vio terrorismo y luego no- y la fiscal decana de la sección de delitos económicos de Madrid, Virna Alonso, una de las protagonistas en las horas previas a la filtración y a la difusión de la nota de prensa por la que está imputado García Ortiz, según se desprende del análisis del teléfono de la coimputada Pilar Rodríguez.

Alonso estuvo al tanto de la recopilación de los correos que se intercambiaron el fiscal Julián Salto y la defensa del novio de Ayuso -y que García Ortiz reclamó a Pilar Rodríguez- y también del borrador de la nota de prensa a la que ambas dieron el visto bueno la noche del 13 de marzo del año pasado, un día después de su difusión a los medios. «Las dos pensamos que está perfecta», le dijo Pilar Rodríguez a García Ortiz después de que éste le pidiera enseñarle el texto redactado también a Virna Alonso.

Los otros dos candidatos a la jefatura de esta nueva Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública son el fiscal del Supremo Rafael Escobar -que, junto con Fernando Prieto, defendió la confirmación de la condena de los ERE ante el Tribunal Supremo- y la fiscal Anticorrupción y quien fue miembro de la Fiscalía Europea Concepción Sabadell.

Además de la jefatura de esta nueva Fiscalía está previsto que se cubra también la plaza de nuevo fiscal coordinador de Delitos Económicos, a la que aspiran, además de los antes citados Carlos Castresana y Virna Alonso, Luis Rodríguez Sol, Carmen Launa y Fernando Rodríguez Rey, el único de los aspirantes que ya ostenta la primera categoría y ocupa el puesto 14 en el escalafón de la carrera.

Otra de las Fiscalías de Sala a elegir en el Consejo Fiscal de este martes es la de Violencia contra la Mujer, que no parece que vaya a plantear ningún problema al contar con una sola candidata, María Eugenia Prendes, fiscal superior de Asturias. A la de Seguridad Vial, por su parte, concurren diez candidatos, entre ellos Agustín Hidalgo, hasta ahora adjunto del fiscal de Sala de Seguridad Vial.

Aunque seis de los nueve vocales elegidos por la carrera son de la AF, García Ortiz tiene la última palabra en su propuesta de nombramiento, en la que sistemáticamente es apoyado por los dos vocales de la UPF y los miembros natos del Consejo Fiscal - la jefa de inspección, la teniente fiscal y él mismo-.