García Ortiz pide su absolución y culpa de la filtración de datos del novio de Ayuso al «aparato institucional de la Comunidad de Madrid»

Es lo que arguye la Abogacía del Estado en el escrito de defensa de García Ortiz, en el que insiste en que no cometió ningún delito, sino que actuó en el ejercicio legítimo de sus competencias y en defensa de «la imagen y el prestigio de la Fiscalía» y de los miembros del Ministerio Fiscal, cuya «honradez y profesionalidad» se habían visto comprometidas, dice, por una campaña de desinformación. «(...) En todas las instancias de la Fiscalía cundió, primero el desconcierto por lo que se estaba publicando y después la confusión que se estaba generando sobre los hechos y, sobre todo, por la imputación pública de graves irregularidades en la actuación de la Fiscalía», apunta el escrito para justificar la entrada en escena del fiscal general para aclarar informaciones contradictorias que apuntaban a que el Ministerio Público ofreció un pacto al novio de Ayuso cuando en realidad había sido al revés. El origen de esa información tergiversada se la atribuye al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que «alrededor de las 19 horas del 13 de marzo envió a un número no determinado de periodistas mensajes en los que se difundió que el fiscal había ofrecido un pacto a González Amador pero lo tuvo que retirar porque le habían prohibido negociar con él».

La defensa rebate al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, que le sitúa detrás de la filtración de la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser poco tiempo después de recibir en su correo particular los mails intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto en el marco de un acuerdo de conformidad en el procedimiento fiscal en el que el novio de Ayuso estaba inmerso. «No existe ninguna conexión lógica necesaria entre la publicación del correo de 2 de febrero en la Cadena Ser y el envío de este mismo correo al fiscal general del Estado«, señala. »Si ambos hechos están próximos en el tiempo es porque los dos tuvieron una misma causa desencadenante, que fue la puesta en marcha desde la Comunidad de Madrid de una serie de acciones coordinadas de comunicación que pretendían, al mismo tiempo, neutralizar y desviar el foco de la información publicada por eldiario.es, y acusar a la Fiscalía de perseguir por motivos políticos a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid«.

«La estrategia de comunicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid desencadenó dos procesos independientes pero que se desarrollaron de forma paralela en el tiempo. Por una parte, se suscitó un gran interés informativo que impulsó a todos los medios de comunicación a una intensa actividad investigadora, fruto de la cual algunos de ellos lograron obtener de sus fuentes y publicar el correo electrónico de 2 de febrero de 2024. Por otra parte, y al margen de lo anterior, el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz se vio en la necesidad de averiguar la realidad de lo que había acontecido y, al recabar la información obrante en la Fiscalía, recibió también el correo electrónico de 2 de febrero de 2024. Todo ello sucedió en el curso de unas pocas horas. Necesariamente, pues, la obtención del correo por algunos periodistas y el conocimiento del mismo por el fiscal general del Estado tienen que estar próximos en el tiempo«.

Noticia Relacionada

La 'ley Begoña' no llega a tiempo para evitar que la mujer de Sánchez se siente en el banquillo

Nati Villanueva

La reforma del PSOE, congelada en el Congreso, habría expulsado a las acusaciones populares y obligado al juez a archivar la causa

Según la defensa el desencadenante de la «operación orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid» fue la información publicada por eldiario.es el 12 de marzo de 2024, y que sus periodistas, dice, tenían desde el día 6 sobre la existencia de una investigación contra González Amador. Se construyó «un relato alternativo en el que se presentaba a González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid».

La Abogacía sitúa el foco en las acciones llevadas a cabo por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, «al menos desde las 19:00» del 13 de marzo de 2024, cuando envió a «un número no determinado de periodistas» por WhatsApp una serie de mensajes donde «se trasladó intencionadamente dos informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo».

Y subraya que, «además de hacer circular entre los periodistas su versión tergiversada de los hechos», «en hora no determinada del 13 de marzo de 2024», puso en contacto a González Amador con un periodista de 'El Mundo', asegurando que «fruto de la conversación que ambos mantuvieron, y de la documentación que se le hizo llegar», ese periódico publicó esa «información tergiversada».

Añade que, a las 22:41 de ese 13 de marzo, Rodríguez «reiteró, esta vez públicamente, sus graves acusaciones contra la Fiscalía, publicando en su cuenta de X que ésta había tenido que retirar por 'órdenes de arriba' la oferta de acuerdo que antes le había hecho a González Amador».

La defensa de García Ortiz sostiene que, «con la noticia publicada a las 21:29, fue 'El Mundo' el que reveló tres datos esenciales: que González Amador reconoció ante la AEAT los hechos que dieron lugar a la denuncia por delitos fiscales; la existencia de una propuesta de conformidad; y el contenido de dicha propuesta».

«En consecuencia, 'El Mundo' trasladó a la opinión pública la existencia de correos electrónicos entre el letrado de la defensa y la Fiscalía de Madrid, así como el núcleo esencial de las informaciones relativas a González Amador», afirma.

En este punto pone de manifiesto que, «hasta la publicación de esta información, el fiscal general desconocía la existencia de correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de González Amador», enfatizando que «no fue sino hasta las 23:44» del 13 de marzo cuando «recibió el correo electrónico cuyo entrecomillado transcribía el artículo publicado por 'El Mundo'».