García Ortiz deja en manos de las asociaciones la reforma del Estatuto fiscal para blindar su independencia

Al encuentro han asistido la jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León; la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés. No ha habido entre ellos reproches a García Ortiz por el ninguneo al Consejo Fiscal ni del primero a la AF por haber hecho público un borrador que no llegó a pasar por el Pleno del órgano.

Fuentes presentes en la reunión han señalado que Dexeus se ha referido a que la reforma que se haga debe ir encaminada a blindar la independencia de la institución, de forma que no sólo el poder político no influya, sino que ni siquiera haya una apariencia de esa influencia, en los fiscales que conforman la carrera, y por supuesto en el fiscal general. También ha apostado por que el sistema de atribución de asuntos sea «absolutamente transparente» y que tiene que haber un sistema de contrapesos en la propia institución.

En cuanto a los tiempos, García Ortiz ha confirmado a los asociaciones la información que el propio Bolaños ya transmitió a sus portavoces la semana pasada: que su intención es llevar a un Consejo de Ministros de junio el proyecto de ley que deja la instrucción penal en manos del fiscal, lo que, en la línea de lo publicado este lunes por ABC, viene a confirmar la urgencia del ministro y la necesidad de que el CGPJ tenga concluido su informe antes de esa fecha. De ahí que el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, se plantee la aprobación de su dictamen en el Pleno de mayo.

La reunión no se ha producido en el mejor contexto posible. Apenas veinticuatro horas antes de este encuentro, los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales en el órgano que representa a la carrera se rebelaron contra el nuevo desprecio del fiscal general que supone negar por segunda vez al Senado el informe de la amnistía sin consultar con el Consejo Fiscal.

En un comunicado en el que hicieron público el borrador que iban a llevar al Pleno del órgano, los seis consejeros de la AF recordaban que García Ortiz les ocultó el primer requerimiento del Senado de diciembre y el nuevo emplazamiento que el presidente de esta Cámara, Pedro Rollán, volvió a hacer en enero. Los fiscales señalaban que ya entonces mostraron su «estupefacción» por el ocultamiento de esta petición y que tras instar al fiscal general hasta en dos ocasiones a que convocara al órgano, fueron ignorados por García Ortiz.

Y ahora, con motivo de la segunda respuesta del fiscal general a Rollán, ha vuelto a suceder. «Solicitamos que se diera curso a la petición de la Mesa del Senado, con inclusión en el orden del día del próximo Pleno de 25 de abril de 2024 de un punto específico que tenga por objeto el debate y aprobación del informe solicitado». «Por tercera vez, las peticiones de los Vocales han sido deliberadamente ignoradas. Nos resulta inconcebible que el fiscal general del Estado estime que las peticiones formuladas por los Vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado. Pero si esta muestra de descortesía merece reproche, el mayor de los rechazos debe centrarse en la ocultación al Consejo Fiscal de las peticiones formuladas por el Senado, de manera que el órgano requerido sólo haya podido tener constancia de las peticiones que se le dirigían a través de la prensa».

Señalan los consejeros, además, que no comparten los argumentos expuestos por el fiscal general sobre la «inviabilidad» de que la Fiscalía informe sobre la ley. A juicio de estos vocales, no hay impedimento para la emisión de informe sobre una proposición de ley a solicitud de una de las cámaras legislativas que integran la Cortes Generales, «con las que existe el deber de colaboración».