García Ortiz propone al nuevo fiscal que tendrá competencias en su caso, pese al rechazo de la asociación mayoritaria

García Ortiz ha propuesto para el puesto a Emilio Sánchez Ulled, mientras que para la otra Fiscalía de nueva creación, la de Delitos Económicos, ha elegido al fiscal del Supremo Fernando Rodríguez Rey. Ambos partían como favoritos y pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, la asociación de la que el propio fiscal general fue portavoz hasta su aterrizaje de la mano de la ex fiscal general Dolores Delgado en Fortuny.

Estas dos Fiscalías de Sala fueron creadas en el marco del Plan de Regeneración Democrática que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024 para reforzar la lucha contra la corrupción, de ahí los reparos que ya mostraron en su momento los vocales de la Asociación de Fiscales respecto a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por cuanto ya hay una Fiscalía (Anticorrupción) que desempeña esas funciones.

A ello se suma que ese nuevo coordinador, aunque no tendrá funciones jurisdiccionales, sí podrá dictar criterio sobre delitos como el que ha llevado a la imputación del fiscal general. Por eso, por el interés personal que se le presume, la participación de García Ortiz en este nombramiento no se consideraba «ética ni estética». Siete de los nueve vocales electivos del Consejo Fiscal (los seis vocales de la Asociación de Fiscales y la representante de la Asociación Independiente de Fiscales) se han negado a participar en la votación, pero una vez más el fiscal general ha contado con el apoyo de los dos vocales de la UPF y de los dos miembros natos del órgano: su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de Inspección, María Antonia Sanz Gaite.

Sánchez Ulled, el elegido para la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, se encuentra en situación de servicios especiales, pues desde junio de 2017 es consejero de Justicia en la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas.

Su trayectoria profesional se ha desenvuelto en Cataluña, desde 2002 en el Servicio de Delincuencia Económica, y en el Servicio de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Barcelona. De 2005 hasta 2017 fue fiscal Delegado de la Fiscalía Anticorrupción y entre los procedimientos que ha llevado está el caso Palau. Sánchez Ulled ha sido, además, responsable de las relaciones de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Fiscalía Provincial de Barcelona con los medios de comunicación entre 2007 y 2008.

Por su parte, Fernando Rodríguez Rey, quien ya es fiscal de Sala delegado de Delitos Económicos desde 2022, pasará ahora a estar al frente de una unidad especializada que contará además con dos fiscales adscritos y fiscales especialistas en todo el territorio.

Fiscal desde 1991, sus primeros destinos fueron la Fiscalía del TSJ de Cataluña y la Fiscalía Provincial de Barcelona. Durante 14 años fue fiscal del servicio de delitos económicos en esa Fiscalía. Además, fue fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción y delegado de Extranjería en Cataluña.

Entre 2018 y 2020, fue fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y de 2021 a 2022, fiscal de sala delegado para delitos de odio y discriminación.

Además de estas dos nuevas fiscalías, el Consejo Fiscal de este martes ha cubierto las plazas de otras tres jefaturas: la de Violencia contra la Mujer, que ha recaído en la única candidata que se presentaba, María Eugenia Prendes, fiscal superior de Asturias desde septiembre de 2024, y la de Seguridad Vial, en manos de Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, adscrito hasta ahora al fiscal de Sala coordinador de esta especialidad.