El juez Gadea supervisará la investigación de la Fiscalía Europea a Begoña Gómez
La causa está abierta por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación
El magistrado ejercerá de juez de garantías y deberá avalar aquellas diligencias que impliquen una restricción de derechos fundamentales
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El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, será quien supervise la investigación abierta en la Fiscalía Europea contra Begoña Gómez por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, tras una denuncia presentada ... por Hazte Oír.
En el marco de la causa, declarada secreta según las fuentes jurídicas consultadas, ya se han empezado a practicar las primeras diligencias. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personó el miércoles en dependencias del organismo Red.es para recabar documentación, expedientes y correos electrónicos sobre los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, que fue recomendado por carta por Begoña Gómez, tal y como informó este diario.
De esta manera, Gadea —instructor de causas como el caso Villarejo o Tsunami Democràtic— será quien tenga que avalar aquellas medidas que solicite la Fiscalía Europea y que puedan afectar a derechos fundamentales.
El pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea se dirigió a Juan Carlos Peinado, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que, en paralelo, también investiga y llamado a declarar el próximo 5 de julio a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Solicitó en concreto que «a la mayor brevedad» posible se le informase sobre «los hechos y delitos» que están siendo investigados no sólo de los dos contratos con recomendación, sino de un total de expedientes de adjudicaciones a la unión temporal de empresas que conformaron Innova Next-Escuela de Negocios The Valley para los concursos de Red.es.
Ya entonces avisaba de que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» sobre la investigación, como ha hecho recientemente en el caso Koldo al contrastar que había fondos comunitarios concernidos.
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