García-Castellón: «La sombra de la sospecha se cierne sobre todas las actuaciones del Ministerio Fiscal»

En su discurso tras recoger el pasado jueves el premio Sociedad Civil 2024 que cada año entrega la Fundación Civismo, García-Castellón pronunció un discurso de 20 minutos en él abordó la actual situación de la judicatura, y de la Fiscalía. El hilo argumental de la conferencia estuvo en los ataques a la independencia del Poder Judicial que se están produciendo en España en los últimos años. La novedad, para el magistrado, está en «han pasado de ser externos a ser internos, a provenir del propio Estado».

«Estos ataques -dijo- son intentos claros de desprestigiar la labor de la justicia cuando esta ha pasado a suponer un obstáculo para determinados intereses políticos». Precisamente él ha sido víctima de críticas y ataques por sus decisiones en relación, por ejemplo, al caso Tsunami Democrátic o a investigaciones vinculadas a Podemos. Esos ataques, denunció han sido vertidos «por ministros, diputados y senadores». De hecho, la Sala Civil del Tribunal Supremo admitió el 25 de octubre la demanda para la tutela del derecho al honor presentada por García-Castellón contra la diputada Ione Belarra, que públicamente lo ha calificado de juez prevaricador.

«Si esos ataques suscitaron en mí una honda preocupación fue porque entendí que yo no era el destinatario de los mismos, sino que se dirigían a tantos miles de compañeros mucho más jóvenes que yo con una carrera por delante», explicó en su conferencia: para que percibieran el peligro al que se exponían si tomaban decisiones que pudieran incomodar a determinados poderes del Estado», explicó.

En este sentido, reveló que cuando dictó algunas de las resoluciones más relevantes del caso Tsunami, dos acreditados y experimentados magistrados de la Audiencia Nacional acudieron para felicitarle y para reconocerle «que ellos no lo hubieran hecho», pero no «por una discrepancia jurídica, sino porque no les compensaban las consecuencias».

En su opinión, «lo novedoso e inquietante, es que estos ataques «han dejado de provenir de los propios delincuentes y han pasado a verterse desde otras instituciones del Estado, y no como una crítica a las resoluciones judiciales, sino como intentos claros de desprestigiar la labor de la Justicia cuando ésta ha pasado a suponer un obstáculo a determinados intereses políticos»

García-Castellón relató que cuando llegó por primera vez a la Audiencia Nacional, el entonces presidente de la Sala de lo Penal, Siro García, le advirtió de que «si no me doblaba a ciertas exigencias tratarían de destruirme personal y profesionalmente». «Después, la realidad me ha demostrado que era más que eso todavía», añadió.

A modo de contextualización, el juez ya jubilado explicó que esta actitud, «ahora exacerbada», comenzó con la investigación de los GAL y continuó con la supresión de la figura del desacato en el Código, «que dejó desprotegidos a los jueces de las calumnias e injurias que se pudieran producir y ante las cuales el juez tenía las manos atadas, pues la reacción automática de acciones legales por parte del juez ofendido suponía el apartamos el de la causa». La figura del desacato, continuó García-Castellón, liberaba al juez de tener que UE actuar personalmente al hacerlo en su nombre el Estsdo. «Las consecuencias están a la vista», lamentó.

El magistrado criticó «la falta de entusiasmo» de la Fiscalía General a la hora de proteger la independencia judicial, «el panorama no es muy alentador». Por ello, aseguró que en el actual estado del Ministerio Público ha decidido cambiar de opinión sobre una convicción que ha no tiene: que la instrucción corra a cargo de los fiscales.

El magistrado, que gran parte de su carrera ha ejercido en la Audiencia Nacional, y en dos etapas diferentes, también quiso abordar cuestiones legislativas. En particular, señaló que «la supresión del delito de sedición ha dejado mucho más desprotegido al Estado ante futuros ataques».

Según explicó, con la Ley de Amnistía, el Gobierno y sus socios no trataron «de amnistiar a un delincuente a pesar de los hechos cometidos, sino amnistiar a ese delincuente cualquiera que hubieran sido los hechos que hubiera podido cometer».