CRISIS EN EL SECTOR ENERGÉTICO GALLEGO

Zapatero ignora otra vez a la Xunta en el careo para valorar el decreto del carbón

El gobierno gallego cursará una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo y pedirá también la aplicación de medidas cautelares

ANA MARTÍNEZ / EVARISTO AMADO
SANTIAGO Actualizado:

La solución debería ser política, pero existe un elemento insidioso en todo este proceso. Nadie del ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo fue invitado a la reunión celebrada en Madrid entre los alcaldes gallegos de los dos municipios con centrales térmicas y el secretario de Estado de la Energía, Pedro Marín. «El Ministerio de Industria en ningún momento ha dado pie a que la autoridad eléctrica gallega esté presente en este encuentro (ni en otros)», recriminó el director general de Industria, Infraestructura y Minas, Ángel Bernardo Tahoces. La intención de los mandatarios locales, ambos socialistas, era reclamar garantías de funcionamiento para sendas plantas —que únicamente trabajan con lignito foráneo— y la puesta en marcha de medidas que eviten la destrucción de empleo; una perniciosa onda expansiva extensiva a las industrias auxiliares, mantenimiento, hostelería y al sector del transporte.

El primer edil de Cerceda, José García Liñares, llegó incluso a mantener una conversación con la vicepresidenta primera, que, según explicó, se comprometió, una vez se aplique la norma, a realizar un minucioso seguimiento. «La conversación fue larga, anunció que van a ver los efectos; lo que no tengo claro es cómo se corrige ese impacto a partir del 31 de diciembre», comentó el regidor tras su charla con De la Vega, que anteriormente había asegurado que el decreto no afectaba para nada a las instalaciones de Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aclaró tras la reunión semanal de su gabinete que igual a la valenciana «la han asesorado mal»; es el único modo, —argumentó—, de entender que reste importancia a esta problemática.

En su tribuna de San Caetano, recordó que el conselleiro de Economía, Javier Guerra, suma un goteo constante de infructuosos contactos. «No tienen tiempo para recibirnos, pero él sigue intentándolo», ironizó el jefe del ejecutivo, que directamente habló de «desmantelamiento». Y situó todo este conflicto dentro de la paradoja. El mismo gobierno que ahora, si nada lo remedia, aboca al cierre a las centrales de As Pontes y Meirama les recomendó antes «cambiar de calderas porque no podíamos quemar carbón nacional, por ser más contaminante; y ahora nos obliga a quemar un carbón en unas calderas en las que ya no se puede», apostilló. Por ello, indicó que es «una auténtica falacia que se diga que el gobierno de la Xunta no cumplió con sus deberes» e hizo especial hincapié en un agravio comparativo «más que evidente».

«Zapatero debería defender igual los intereses de Galicia que los de otras comunidades, porque Galicia entró en la Unión Europea el mismo día que el resto de España. El Gobierno español tenía todo en su mano para apoyarnos y no hizo nada; no le interesan los intereses de Galicia, el decreto no es igualitario ni respeta el principio de libertad económica. Felicito a los regidores afectados (ambos del PSOE) por estar al lado de las 2.000 familias afectadas», precisó.

Manifestación

Dos mil personas se manifestaron en la tarde de ayer en la localidad de As Pontes contra el decreto del carbón (habrá otra marcha, hoy, a las 19.00 horas), para exigir, más allá de compensaciones económicas por la bajada de la producción, que «se fuerce al Gobierno a que cambie completamente el decreto». Mientras, los socialistas asturianos comienzan a acusar a la Xunta de «alentar una feroz y faltona campaña de acoso».