La Xunta integrará en un único proceso la solicitud de permisos en el litoral

Concretamente, según explicó Vázquez, el traspaso de la competencia afecta a 86 concellos –82 costeros y otros cuatro que forman parte del dominio público marítimo terrestre: Tui, Coirós, Padrón y Pontecesures– que acumulan el 58% de la población, esto es, «1,5 millones de habitantes gallegos estarán afectados por esta ordenación«. En total, incluye 2.555 kilómetros, de los cuales 1.659 pertenecen al perímetro costero, 432 a islas e islotes y 464 a marismas y arenales.

Cifras elevadas que representan la dimensión e importancia que tendrá este cambio de gestión, más allá del traspaso de medios y efectivos –el Estado cede a Galicia 36 puestos de trabajo y 11 vehículos, con una partida anual de 1,2 millones de euros–. Para llevarla a cabo, el Gobierno autonómico tiene ideada una hoja de ruta que lleva gestándose ya más de un año. Entre los cambios más destacados, que avanzó la titular de Medio Ambiente, sobresale la creación de un procedimiento integrado y único para todas las autorizaciones administrativas y títulos habilitantes en la costa. «Hablamos de autorizaciones de usos de temporada en playas, de actividades en las que concurran circunstancias de intensidad o rentabilidad, de ocupación del dominio marítimo-terrestre y de zonas de servidumbre de tránsito y de acceso al mar», señaló. Incluye, también, las concesiones demaniales –permisos temporales–, desde las requeridas para efectuar vertidos en el dominio marítimo-terrestre a las exigidas para explotaciones de acuicultura. Dentro de este bloque, además, se creará un registro de concesiones.

La hoja de ruta del Gobierno autonómico incluye también la elaboración de un catálogo de patrimonio cultural, para el que ya se han dado los primeros pasos. Se desarrollará a partir del inventario realizado por la Xunta en el año 2019, que incluye 459 elementos de diversa índole –bienes patrimoniales, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado, como molinos o antiguas conserveras–. «Esto nos va a permitir promover actuaciones estratégicas sobre los bienes de importancia cultural que lo integren, para su puesta en valor, recuperación y rehabilitación», indicó Vázquez. Además de su uso original, en el catálogo se reflejará qué otros usos futuros son compatibles con su naturaleza, garantizando de este modo su correcta conservación.

En enero, además, la Xunta comenzó a elaborar las directrices de ordenación del litoral, que será el «elemento básico de planificación». Actualmente, una vez finalizado el proceso de consulta pública, explicó Vázquez, se está redactando el documento, que será aprobado antes de que finalice el año. Asimismo, recordó que en octubre del año pasado se conformó la Comisión Interdepartamental de la Coordinación del Litoral, que será el órgano de coordinación y toma de decisiones. En ella participan los titulares de las consellerías competentes en la materia –Medio Ambiente, Mar, Turismo y Patrimonio Cultural–, y, según indicó la conselleira, volverá a convocarse antes de que se haga efectivo el traspaso.

Todo el proceso estará supervisado por una comisión de seguimiento de traspasos, que tendrá el objetivo de garantizar una adecuada coordinación, tanto en la gestión de títulos como en la cooperación transfronteriza con Portugal. Estará constituida, explicó la responsable de la cartera gallega de Medio Ambiente, por tres miembros designados por la Administración central y otros tres de la autonómica, y se reunirá, al menos, una vez al año –y, adicionalmente, a petición de cualquiera de los dos ejecutivos–. Este organismo servirá para resolver las discrepancias que pudieran surgir, coordinar la entrega de documentos y datos de expedientes en tramitación y de los expedientes de las funciones y servicios que se traspasan.

También se creará el Pacto Gallego por el Litoral, con el objetivo de «fomentar el desarrollo sostenible, innovador y competitivo de sus sectores productivos», continuó Vázquez. Se trata de una «iniciativa estratégica» con la que la Xunta aspira a «convertir la costa gallega en un ejemplo de dinamismo económico sostenible» y a la Comunidad «en un referente europeo de gobernanza costera» con tres ejes estratégicos: medio ambiental, social y económico. Además, se conformará el denominado Foro del Litoral de Galicia, un órgano colegiado de «participación, asesoramiento y consulta», que estará integrado por la Xunta, las universidades y diversos organismos científicos, de sectores productivos, ambientales y de defensa del patrimonio cultural. Se trata, en definitiva, de una batería de novedades que ponen de relevo la magnitud del acuerdo alcanzado entre la Comunidad y el Gobierno central, del que, en todo caso, todavía quedan cuestiones por perfilar, como su posible impacto en el organigrama de la Xunta.

En principio, señaló el presidente a preguntas de los medios, Alfonso Rueda, no se contempla la creación de una nueva consellería, si bien «no descarta» que, una vez que Galicia asuma la competencia, pueda darse algún cambio organizativo «en niveles inferiores», siempre que esté justificado. «Desde luego», aseguró, no van a «modificar por modificar».