Una ley «inédita» en Europa regulará el uso de la tecnología en la educación gallega
La norma estará lista a finales de este año o a principios del siguiente, y regulará cuestiones como el uso de la inteligencia artificial o de teléfonos móviles en los centros educativos

Galicia quiere continuar siendo "pionera" en la regulación del uso de las nuevas tecnologías. Por eso, en un contexto de transformación digital que continuará avanzando "a plena velocidad", la Administración gallega viene de dar el visto bueno a la tramitación del anteproyecto de la futura ... ley de educación digital. El objetivo, destacó este lunes el presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Consello de Goberno, es que "los alumnos terminen su formación con las competencias digitales que van a necesitar en el resto de sus vidas", siempre teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los más pequeños de los peligros que pueden suponer las nuevas tecnologías y de fomentar un uso correcto de las mismas. La norma, "inédita tanto a nivel estatal como europeo", regulará los "derechos y deberes" de todos los miembros de la comunidad educativa y, si todo va acorde a las previsiones del Ejecutivo autonómico, entrará en vigor en 2026.
Con esta norma, propuesta por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Galicia aspira a mantener su liderazgo en la regulación de las nuevas tecnologías, especialmente en lo que a la enseñanza se refiere. Tal y como recordó el titular del Ejecutivo autonómico, la Comunidad fue "pionera" en la "prohibición del uso de teléfonos móviles". Primero, con el denominado decreto de convivencia, de 2015, que regulaba el uso de los smartphones en horario lectivo, limitado únicamente a aprovechar su potencial pedagógico; y más recientemente con la prohibición de su uso tanto en los recreos como a la entrada o salida de los centros. Pero, además, Galicia también fue la primera región europea en regular por ley el uso de la inteligencia artificial, texto que, puntualizó el mandatario, actualmente se encuentra en el Parlamento. Ahora, indicó Rueda, la Comunidad "quiere mantenerse en esta posición" yendo un paso más allá, con esta ley que regulará "los derechos y los deberes de toda la comunidad educativa", tanto de los alumnos y sus familias como de los docentes.
La iniciativa, señalan desde el Ejecutivo, parte de la experiencia vivida en la pandemia, en la que "se demostró que la capacidad tecnológica del sistema educativo es un elemento clave para garantizar el acceso a la educación en igualdad", así como la "necesidad de regular" ciertas cuestiones. Por ello, el nuevo texto legislativo no solo se centrará en el uso de pantallas o dispositivos electrónicos, sino todo el ecosistema educativo de la Comunidad.
Concretamente, el texto regulará cuestiones como la comunicación digital entre docentes y alumnos fuera de horario lectivo, potenciará un uso responsable de herramientas de inteligencia artificial, prevendrá las conductas contrarias a la convivencia y también sentará un marco normativo sobre otros aspectos, como la posibilidad de grabar o no las clases –hito que generó gran polémica en 2020, precisamente a raíz de las medidas adoptadas por el covid–. En su desarrollo, según explicaron desde el Ejecutivo en un comunicado, se contará con la participación de todo el ecosistema educativo, con el que se abrirán varias mesas de diálogo; y, además, el texto será sometido a un procedimiento de consulta pública previa en el Portal de Transparencia. Se trata de una norma, en definitiva, con la que la Xunta aspira a crear una hoja de ruta para que el proceso de transformación digital "avance teniendo en cuenta los derechos de toda la comunidad educativa", asegurando un "acceso equitativo" tanto a la educación como a la tecnología y "eliminando la brecha digital". La previsión es que esté lista a finales de este año o, como muy tarde, a principios del siguiente, para entrar en vigor en 2026.
También este lunes, el Consello dio el visto bueno al decreto de la oferta pública de empleo (OPE) de educación para este 2025. Se convocarán un total de 1.664 plazas, con las que se agotará la tasa máxima de reposición permitida, del 120%. Esto es, por "cada cien vacantes, habrá 120 plazas", recordó Alfonso Rueda. La mayor parte, el 86%, son de nuevo ingreso: se convocarán 426 plazas para maestros, 918 para profesores de secundaria y 80 para el cuerpo de docentes de Formación Profesional. Además, habrá otras 10 plazas para inspectores de educación y otras 230 de promoción interna.
Una vez aprobado el decreto, se publicará en el Diario Oficial de Galicia junto a la orden de convocatoria, aunque desde la Administración ya han avanzado que las pruebas se realizarán a partir del 21 de junio. El objetivo es resolver el proceso a finales de verano para que los nuevos funcionarios se puedan incorporar a las aulas o tomar posesión de sus cargos antes de que comience el próximo curso.
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