Galicia gravará con hasta 58.000 euros el kilómetro de línea de evacuación con el canon a la eólica marina

Una de las finalidades del canon —que la Xunta prevé que garantice que parte de los beneficios de los parques eólicos reviertan en el «interés general de Galicia»—, será la de habilitar una «contraprestación» para el sector pesquero, dado que compartirá espacio con los parques eólicos. También se destinará a labores medioambientales y a «fortalecer» la sociedad de participación pública que se desarrollará en paralelo a la tramitación de la norma; y que impulsará iniciativas donde se aprovechen recursos naturales: además de energía eólica, las hidráulicas (agua), explotaciones mineras y de biogases.

La cuota a la eólica marina, siempre con carácter anual, variará en función del tipo de línea que conecte el parque y la correspondiente subestación eléctrica en tierra. Así, la aportación más baja corresponderá a líneas soterradas, con 10.000 euros el kilómetro; si son áreas, con tensión igual o inferior a 30kv, 22.000 euros; entre 30 y 66kv, 29.200; entre 66 y 132kv, 43.800 euros; y por encima de 132kv hasta 220. Durante el primer año de explotación de la línea, y durante el último, los tipos de gravamen se ratearán en función del número de días del periodo impositivo, recoge el proyecto legislativo.

En cuanto a otras novedades, desgranadas por el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, se precisó, sin dar por el momento porcentajes concretos, que la futura sociedad público-privada de impulso de proyectos tendrá una mayoría accionarial privada, pero la Xunta contará con una «posición de control», un «voto cualificado», que se plasmará en los documentos fundacionales. Con esta 'acción de oro' se blindará, explicó Conde, que la sociedad solo participe en proyectos «de interés para Galicia». Posteriormente, el ejecutivo gallego acotó que no podrán tomar parte empresas energéticas en la sociedad, y que el centro de decisión habrá de estar en la Comunidad. La Xunta también espera despertar el interés de administraciones e inversores locales para que participen. De esta sociedad matriz dependerán las sociedades concretas que se crearán para cada proyecto.

La futura norma introduce, por primera vez, beneficios socio-económicos en las declaraciones de impacto —creación de empresas en la zona y reducción de costes de la energía para familias y empresas, entre otros, se tendrán en cuenta—, ya no solo los ambientales, aunque Conde enfatizó que todas las zonas protegidas mantendrán su nivel de preservación, y que «en ningún caso» se va a «menoscabar» la consideración medioambiental para favorecer otras cuestiones.

Además, como novedad adicional, el proyecto legislativo contempla la creación de un fondo de recuperación de territorios afectados por incendios forestales, en el que participarán las empresas y que también servirá para la prevención.

Rueda subrayó que la ley busca que la riqueza generada con los recursos naturales revierta «de forma muy intensa» en Galicia, y posicionar la Comunidad como un «actor de primer orden» en la transición energética. Ser «referentes» en aprovechamiento de recursos naturales, sumó Conde.