La Xunta esperará al 23J antes de recurrir la Ley de Vivienda

En la práctica, la Xunta no moverá ficha antes del 23J, fecha de las elecciones generales convocadas el lunes por Pedro Sánchez, pues cabe colegir que el Gobierno no atenderá esta petición de diálogo. En el cierre de su comparecencia, las últimas palabras las ha empleado en advertir de que, «de no obtener diálogo (...), habrá que dar un paso más». Esto es, recurrir.

En todo caso, previamente la conselleira ha reivindicado en O Hórreo que «desde la Xunta, lo que hacemos siempre es sentarnos», antes de optar por la alternativa más drástica, la de acudir a la Justicia. Pero razones no faltan: «Estamos convencidos de que esta norma invade competencias autonómicas». No sólo eso. La titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha añadido que la ley «genera confusión normativa en seguridad, ataca directamente el derecho a la propiedad, prima a los okupas frente a los propietarios, apuesta por un modelo intervencionista (…), por medidas sancionadoras en lugar de fijar incentivos, va a causar distorsiones en el mercado», con «efectos nocivos que van a perjudicar tanto a inquilinos como a propietarios». La ley, ha añadido posteriormente, incorpora medidas que «son contrarias a las políticas públicas» que desarrolla la Xunta.

En su segundo turno, ha subrayado que le «gustaría» que los grupos de la oposición apoyaran acudir a una bilateral, porque lo lógico sería que «se pusieran al lado de la consellería». Incluido un BNG que, ha afeado, le puso la «alfombra roja» a la ley con su abstención, por lo que «son cómplices de todo esto». Como cabía esperar, una demanda que no ha sido atendida ni por el PSOE, cerrado en pregonar las bondades de la ley, ni por el BNG, centrado en acusar a la Xunta de desertar de sus competencias y «parar» el «motor» de la «maquinaria» de la vivienda pública.

En todo caso, con la norma en el BOE, ha lamentado que «se corrió mucho por las elecciones» del 28M, para sacar la norma, y disueltas las Cortes por el 23J no está claro que ocurrirá, aunque Vázquez ha sospechado que desde el Gobierno no se hará «nada», y el «problema» de la vivienda, que ha augurado que «va a ir más» -promotores y cooperativas ya han trasladado su rechazo y esto da pie a prever que «no va a haber promoción pública»-, «lo tendrá que arreglar Alberto Núñez Feijóo», dando por hecho que accederá a la presidencia del Gobierno.

En su primera intervención, Vázquez ha afirmado que la ley «no gusta a Galicia» ni a los gallegos ni al Observatorio del ramo, ni a las asociaciones de consumidores. Un «clamor» en definitiva, «unánime» y que comparte la «gran mayoría» de comunidades autónomas. A pesar de llevar sólo unos días en vigor, la conselleira ha afirmado que «lo que ya está habiendo es una parálisis de ciertos proyectos que se iban a llevar a cabo», ante la falta de seguridad jurídica generada por la norma del Gobierno.

Además de volver a lamentar la falta de respuesta del Gobierno a las autonomías, a pesar de que ostentan las competencias en materia de vivienda, ante las dudas generadas por la ley -en línea con la ausencia de consultas e información durante la redacción y tramitación-, Ángeles Vázquez también ha recordado que el pasado mes de abril el Observatorio ya hizo una serie de advertencias que la Xunta remitió al ministerio correspondiente.

Advertencias sobre el bloqueo a la construcción de viviendas protegidas por parte de promotores privados, el impacto negativo en el alquiler, constructores y cooperativas desincentivados y la reseñada invasión de competencias autonómicas. Así como que se altera e imposibilita la aplicación de gran parte de los planes de vivienda de autonomías y municipios o que no existe memoria económica en el texto.

Lo que ya no habrá, ante la nueva convocatoria electoral, es la demandada convocatoria de la conferencia sectorial, que nunca llegó a ser atendida.

La conselleira ha aprovechado su comparecencia para «hacer público» un informe del CGPJ sobre la Ley de Vivienda que ha tildado de «demoledor». El informe reseña un «dirigismo de las actuaciones de las instituciones autonómicas y locales de problemático encaje en el orden constitucional de competencias», lo que alerta que genera una situación de «gran inseguridad jurídica», al resultar «ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse», si la estatal o la autonómica. Además, entre otras apreciaciones, falta un análisis de medidas similares en países del entorno que «cosecharon fracasos que resultaron evidentes», y no se tuvieron en cuenta. Se concluye que la competencia en materia de vivienda es autonómica y que el Estado «debe ceñirse» a garantizar «la igualdad de todos los españoles» en su acceso.

Asimismo, se «altera» el entendimiento de la propiedad privada y la Ley tiene un «alcance limitado», con un contenido «farragoso», especialmente en lo relativo a contención de precios y regulación de contratos de arrendamiento; se carga al propietario, y no a la Administración, con el coste de mantener la ocupación de la propiedad durante un largo período, mientras no se resuelven los casos de okupación.

Sobre este último punto, ha criticado que el Gobierno demuestra una «mayor sensibilidad» con los okupas que con quienes los sufren, al retrasar los desalojos e invadir competencias autonómicas, añadiendo «numerosos requisitos» para que se admita una demanda. También se invaden competencias regulando aspectos no procesales, creando «juzgados paralelos» con la nueva regulación del procedimiento de conciliación e intermediación. Con los nuevos criterios, ha apostillado Vázquez, «el 80% de los gallegos podríamos ser vulnerables». A esto ha sumado las «medidas punitivas» por la intervención en el mercado del alquiler. Y ha insistido en que un informe de la Comisión Galega da Competencia ya alertó de las experiencias negativas de una ley de este tipo, que «no salió bien» en Berlín, Suecia o Francia: «Se copió lo malo».