Debate de Presupuestos
La Xunta convocará 700 plazas libres y 300 promociones internas antes de que acabe 2025
El conselleiro de Facenda defiende las rebajas fiscales «siempre que se pueda» frente a las acusaciones de la oposición de retraer recursos públicos
El BNG pide más gasto y tilda el modelo fiscal gallego de «antisocial» y el PSdeG acusa al Ejecutivo autonómico de priorizar los intereses de Génova en asuntos como la condonación de la deuda
Santiago
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Iniciar sesiónLa Xunta convocará antes de que finalice el presente año 700 nuevas plazas de acceso libre y 300 promociones internas para los trabajadores de la Administración Pública. Así lo ha anunciado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, durante su intervención en el debate general de ... los Presupuestos de 2026, donde además de defender la propuesta de su Gobierno como la «mejor garantía» para mantener el crecimiento «robusto» de la economía gallega, puso en valor las rebajas fiscales impulsadas por la Xunta frente a las acusaciones de la oposición, que le señalaron por retraer recursos públicos e incluso de promover un modelo de «paraíso fiscal».
«La consecuencia es que Galicia es hoy un territorio fiscalmente competitivo, con unos colectivos prioritarios a la hora de tomar nuestras decisiones de política fiscal: las rentas medias y bajas, los menores de 36 años, las familias numerosas y los colectivos vulnerables como los discapacitados», ha afirmado Corgos este lunes, que anunció la inclusión del colectivo de familias monoparentales entre estos grupos de cara a 2026.
«De media, un contribuyen gallego pagó de IRPF en 2024 casi 500 euros menos que en 2019 gracias a las reducciones de la tarifa autonómica. En el impuesto de sucesiones, Galicia es la comunidad autónoma con mejor tratamiento para los familiares directos con bases imponibles por debajo del millón de euros», continuó el conselleiro de Facenda, que desengranó una a una tanto esta medida como las novedades en las partidas de gasto.
El conselleiro ha defendido las cuentas en las que Galicia anota un nuevo máximo de 14.240 millones de presupuesto, en el que dos de cada tres euros se dedican a servicios públicos como la sanidad, la educación y la política social -en total, 10.588 millones-. De entre las partidas, destacó el incremento del 41,5% en el caso de la sanidad desde 2019 (1.655 millones más) y del 28% para la educación (661 millones de euros más) en este mismo periodo temporal. En el caso de la política social, el aumento desde el año previo a la pandemia fue del 28 (182 millones de euros más).
Respecto a la vivienda, Corgos ha destacado como «prioridad de esta legislatura» ahondar en soluciones para facilitar su acceso, como el compromiso de la Xunta de duplicar el parque público de vivienda de 4.000 a 8.000 inmuebles, «de las que 3.000 ya están en marcha».
Feijóo y los fondos europeos
Desde la oposición, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, centró su intervención durante el turno de enmiendas para afear la falta de ambición en los presupuestos y en señalar al Ejecutivo gallego por priorizar los interés del PP sobre los de la ciudadanía gallega. «No hay cambios estructurales ni una puesta valiente por modernizar el país, ni una sola medida que nuestro modelo productivo evolucione», denunció.
Además de criticar las listas de espera para conseguir una vivienda de protección oficial o para recibir ayudas de dependencia, Besteiro también manifestó que existe una «preocupación» en Bruselas por el bloqueo al sector eólico debido a la «falta de planificación y gestión desde hace más de 17 años». «El Estado parece que es el único que está invirtiendo en solitario para beneficio de nuestro país», añadió el líder socialistas a propósito de los fondos europeos, acusando a la Xunta de dejar «más de 300 millones de euros sin convocar.
Respecto a las rebajas fiscales, Besteiro las resumió en que «los que más tienen paguen menos». «¿Es es su objetivo? ¿Convertirse en una suerte de paraíso fiscal dentro de España?», cuestionó el socialista, acusando a la Xunta de arrebatar los 800 millones de deducciones fiscales de los recursos públicos. No falto tampoco la que parece obligada mención a Altri, que definieron como la «única política físcal» del Gobierno gallego, al que acusó también de acercarse a postulados de Vox con el «negacionismo» hacia las mujeres y de ser «serviles vasallos de sus amiguetes, eses que les insisten en bajar impuestos».
A cambio de su apoyo en los presupuestos -innecesario teniendo en cuenta la mayoría del PP en el Parlamento-, el PSdeG exigió aceptar la condonación de la deuda negociada entre el Gobierno central y ERC, así como incrementar las partidas de vivienda y políticas sociales, contratar 400 nuevos profesionales sanitarios para la Atención Primaria y redimensionar la dotación para la prevención de incendios.
Una política fiscal "antisocial"
En nombre de la bancada nacionalista, su portavoz de Facenda, Noa Presas, también consideró «insuficientes» los presupuestos, señalando que se produce un «recorte» -aunque aumente- al crecer «menos que de lo que crece el coste de la vida», para lo que el BNG calcula que hacen falta otros 120 millones de euros solo para paliar esta cuestión.
Al hilo de las rebajas fiscales, Presas calificó la política de la Xunta de «antisocial» al detraer recursos para políticas sociales. «Y quieren tapar también que fracasaron ustedes a la hora de usar los mecanismos de financiación extraordinarios que se habilitaron después del Covid para transformar la economía. Por lo tanto, pueden seguir haciendo ejercicios de ilusionismo económico, pero esa es la realidad», aseveró la portavoz del Bloque, partidaria de «subir los impuestos a los que más tienen».
En línea con el discurso habitual de los nacionalistas gallegos, Presas también se refirió a Altri como una «bomba ambiental en el corazón de Galicia» y añadió un nuevo eslogan para justificar la paralización de los parques eólicos en Galicia: «boom eólico depredador». Asimismo, cargó contra el aumento del gasto militar y calificó de «impresentable» que no haya un cambio de modelos en la prevención de incendios tras los vividos en agosto del presente año.
De entre las propuestas de los nacionalistas, Presas destacó la necesidad de aumentar la inversión para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y reforzar tanto la Atención Primaria como los servicios de salud mental con la contratación de más profesionales. «Nosotros insistimos, desde el BNG presentamos una propuesta alternativa que moviliza más de 2.000 millones de euros [...], más de 60 medidas de calado», precisó la portavoz nacionalista.
¿Quiénes son los ricos?
En el turno de réplicas, Corgos defendió una planificada descentralizada de los fondos europeos frente al actual modelo actual en el que el Gobierno central gestiona estos recursos, esgrimiendo que tanto la Comisión Europea como la Airef señalan como se están «desaprovechando» estas partidas. En este sentido, recordó que a nueve meses de agotarse el plazo para emplear el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todavía quedan «21.000 millones de euros durmiendo en los cajones de los ministerios».
Según los datos del Ejecutivo autonómico, Galicia ha ejecutado el 60% de los recursos asignados que han beneficiado «a más de 60.000 empresas y hogares», mientras que en el caso del Gobierno central denunció «opacidad» y falta de transparencia que impide deducir la tasa real de ejecución.
A propósito de las rebajas fiscales, el conselleiro de Facenda insistió en la diferencia entre su modelo y el de la oposición, entre reducir impuestos «siempre que se pueda» a aumentarlos. «¿Le parece que una familia monoparental que se compre un piso de segunda mano por un importe menor a 240.000 euros es una familia de ricos?», inquirió Corgos a Besteiro.
En este sentido, el titular de Facenda citó otras deducciones como aquellas destinadas a enfermos de ELA o Talidomida, a las víctimas de los incendios de este verano, la compra de material escolar o a las herencias de hasta un millón de euros para ejemplificar el alcance de su propuesta. «¿De verdad cree que todo esto beneficia a los ricos?», añadió Corgos, poniendo en valor las 121 bajadas de impuestos aprobadas desde 2009 de las que el 90% corresponden a estos colectivos.
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