La Xunta cifra en 2.881 millones el rescate y transferencia de la AP-9, la mitad de lo que calcula el Gobierno

El informe, elaborado por la consultora Eptisa, lo han presentado en rueda de prensa la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, que han estado acompañados por el jefe de proyectos de la propia empresa que hizo el estudio, Marcos Maderuelo.

El informe trata dos cuestiones que están sobre la mesa: la transferencia de la titularidad de la autopista del Estado a la Xunta, y, por otra parte, el rescate de la infraestructura para eliminar los peajes; es decir, arrebatar a Audasa la concesión que el Gobierno de José María Aznar prorrogó hasta el año 2048, y que está en el punto de mira de la Comisión Europea por la falta de transparencia e igualdad de otras oportunidades hacia otras empresas que no tuvieron opción de pujar por la concesión y disputársela a Audasa.

En cuanto a la transferencia en concreto, según este estudio, el paso de la titularidad del Estado a la Xunta sería gratis. Pero eso no quiere decir que no acarree gastos, que asumiría el Estado y cobraría Audasa. Por una parte, habría que contar con el pago de un sobrecoste de algo más de 526 millones de euros derivados de la ampliación de las bonificaciones que contempla la ley de transferencia de la AP-9, que está todavía en tramitación en el Congreso. Son bonificaciones para beneficiar a usuarios recurrentes, vehículos pesados, familias numerosas y usuarios nocturnos y que el Estado pagaría a Audasa.

Esos 526 millones de euros se sumarían a los 1.149 millones de las bonificaciones actuales, que ya está contemplado que se abonen a la concesionaria hasta que en 2048 finalice la concesión. Las bonificaciones en vigor están relacionadas con trayectos de ida vuelta, con la asunción por parte del Estado de parte de las subidas de tarifas y por los peajes a la sombra de Rande y Barcala. Por tanto, siempre según este informe, el coste total de traspaso sería de 1.676 millones si se meten en el saco las bonificaciones actuales y las futuras.

Por otra parte, el rescate de la autopista supondría para las arcas del Estado una cantidad que oscilaría entre 1.612 millones de euros y un máximo de 2.355 millones, siempre según el informe encargado por la Xunta. El baile de cifras se debe a que no establece con exactitud la cantidad que el Estado tendría que pagar a Audasa como indemnización. A ello habría que sumar los costes derivados de la eliminación de las cabinas de peaje y de la conservación y explotación de la autopista hasta 2048.

El informe le resta a todo esto –porque se lo ahorrarían– los 1.149 millones que se dejarían de pagar en bonificaciones en todo ese periodo, cantidad ya contemplada en el cambio de titular. En resumen, zanjar la cuestión de la AP-9 para Galicia supondría para el Estado un máximo de 2.881 millones de euros, sumando el coste de la transferencia –con las bonificaciones– y el rescate.

En todo caso, aun en el rango superior de la horquilla, sería mucho menor que el cálculo del Gobierno. Preguntado en varias ocasiones, el ministro fue ofreciendo cifras dispares; la última, unos 6.000 millones de euros. Allegue remitirá el informe al ministro y espera que la reciba para tratar esta y otras infraestructuras gallegas.