La Xunta busca apaciguar al sector eólico tras las críticas al plan autonómico

Unas medidas recogidas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Orzamentos de 2025, aprobados este martes en el Parlamento de Galicia gracias a los votos del grupo popular, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara. En el caso de las medidas relativas al sector eólico, a la espera de que entre en vigor el nuevo plan, implica obligaciones en aspectos como la repotenciación de los aerogeneradores (cambiarlos por otros de mayor potencia), el nuevo canon (75 euros por metro de altura del generador) y ventajas para aquellos casos en los que se opte voluntariamente por retramitar alguno de los parques eólicos que permanecen suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Una problemática que sigue incrementándose desde el año pasado, con la suma de más casos de parálisis a cuentagotas y que suponen ya un total de 71 parques eólicos cuya instalación permanece suspendida por el tribunal gallego. Solo en términos de potencia, estas suspensiones implican una reducción de 1991 megavatios (MW) de potencia que podrían suministrar estos parques con energía verde, lo que supondría más de la mitad de la producción con la que contaba la Comunidad en 2023 (3.874 MW) producidos en 183 parques según el estudio macroeconómico presentado este miércoles por la Asociación Empresarial Eólica). De hecho, en apenas dos años, Galicia ha dejado de ser la comunidad autónoma con más generación de energía eólica para situarse en la tercera posición, por detrás de Castilla y León y Aragón.

Tampoco se encuentra entre las comunidades que más potencia han instalado en los últimos años, que se reduce a 135 MW entre 2020 y 2024 frente a los 418 MW de potencia instalados solo en 2019 según la Asociación Eólica de Galicia (EGA). Según el estudio citado de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el 50% de los 607,23 MW instalados se produjo en Aragón, la que más aumenta seguida de Castilla La-Mancha (92MW), Cataluña (60MW) y Extremadura (50MW).Una situación que desde el sector eólico llevan tiempo alertando, y ante la que no ven solución en el plan propuesto por la Xunta. Si bien reconocen su «espíritu» a la hora de «dinaminzar la repotenciación» de los parques eólicos, discrepan en la fórmula escogida por la Administración autonómica.

La repotenciación de los parques eólicas es la punta de lanza de esta batería de medidas, que será obligatoria a partir de enero para aquellos parques eólicos de antigüedad superior a los 25 años (o 30 en el caso de que cuenten con mayor vida útil) en instalaciones con más de diez aerogeneradores para «reducir el impacto en el territorio y en el medio ambiente», alega la Xunta. Concretamente, prevén una reducción de 3.000 aerogeneradores gracias a esta norma.

Sin embargo, desde la AEE señalan que la vida útil «no es sinónimo de obsolescencia del equipo, pérdida de operatividad o riesgos en la seguridad» y que no conviene «generalizar». Su presidente, Juan Virgilio Márquez, afirmó que esta obligación «agrava la situación de inseguridad jurídica» que vive Galicia por la paralización judicial de los parques eólicos, además de subrayar que implicaría una renovación «casi al unísono», al tener la mayoría de parques «20 o más años de antigüedad». No obstante, reconoce como positivo la suspensión del plazo del que dispone la promotora para poner en marcha el parque en el caso de que exista un pronunciamiento de un órgano administrativo o judicial.

Por otra parte, la exigencia de que el 50% de la energía generada por los nuevos parques que se encuentran dentro de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) deberá ser destinada a consumidores gallegos, a través de contratos de suministro a largo plazo (PPA), tampoco agrada al sector. La AEE acusa a la Xunta de «intervenir» los precios y contradecir la normativa europea, lo que supondría a su juicio «consecuencias negativas para el desarrollo económico de la región» y posibles «sanciones internacionales». Pero desde la Xunta responden que será «el mercado» el que fije los precios, por lo que descartan que se trate de una medida «intervencionista». «No son medidas contra las eólicas sino a favor del desarrollo industrial y del territorio», añade el Ejecutivo autonómico, que incide en como esta medida ya se estaba aplicando en los parques situados fuera de las zonas de desarrollo eólico, que deben acordar el 80% de la producción energética en PPAs con industrias gallegas.

Por último, entre las medidas transitorias se recoge la posibilidad de retramitar voluntariamente aquellos parques afectados por las sentencias del TSXG que no estén en funcionamiento, ofreciendo una «tramitación simplificada» siempre que no existan «modificaciones relevantes».