El viejo palacete de Carmen Polo que La Coruña quiere que vuelva a manos públicas

Meirás fue vendido por los herederos de Emilia Pardo Bazán a una Junta Pro-Pazo del Caudillo, que había recaudado los fondos mediante donaciones de notables y afines, así como detracciones forzosas de parte de los salarios a trabajadores de toda la provincia. En 1938 se lo donó a Franco para su uso particular. Sin embargo, en 1941 se articuló una compraventa ficticia para vestir con apariencia jurídica la adquisición del inmueble.

Cornide, por el contrario, fue comprado en 1949 por el Ministerio de Educación a una particular por 339.000 pesetas, con la idea inicial de convertirlo en el nuevo conservatorio de música. En 1958, sin embargo, el Ayuntamiento coruñés ofrece una permuta: entrega otros terrenos para esos fines, a cambio de asumir la titularidad del palacete. El alcalde Alfonso Molina, uno de los políticos más próximos al Caudillo, es –a juicio de los historiadores– el cerebro de la operación, que se materializa en 1962 pero que él no llegará a ver: fallecerá tres años antes.

En julio de 1962 su sucesor, Sergio Peñamaría de Llano, decide sacar a subasta la Casa Cornide. Un mes más tarde se adjudica a Pedro Barrié de la Maza por 305.000 pesetas. Este financiero fue uno de los promotores de la Junta Pro-Pazo. Apenas cuatro días más tarde de ganar la puja, vende el palacete a Carmen Polo por 25.000 pesetas, con una rebaja del 1.220% respecto a lo que él había pagado.

Que nada fue casual queda reflejado en una carta que Ricardo Catoira, secretario de la Casa Civil de Franco, envía a un alto cargo del Ministerio de Hacienda antes incluso de que Cornide se adjudique a Barrié. «Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña, para cuando tenga que desplazarse la Señora no haya necesidad de abrir el Pazo de Meirás, que tantas molestias origina (...)».

La misiva pone también de manifiesto que la subasta y la posterior venta a un intermediario era «la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo». En efecto, Franco estaba inhabilitado por la legislación vigente para comprar el inmueble, aunque no así su mujer. Pero dado que estaban casados en régimen de gananciales, el palacete se incorporó al patrimonio de ambos.

A diferencia de Meirás, la Casa Cornide nunca tuvo un uso institucional durante la dictadura, aunque los investigadores han detectado que algunos gastos menores sí se sufragaron con dinero público. Al calor del proceso de Meirás, la alcaldesa Inés Rey (PSOE) encargó un informe a tres profesores de Derecho de la UDC para iniciar la reclamación del palacete, que ahora empieza a andar. El consistorio lo recibió hace casi cuatro años. Es la hoja de ruta a seguir. Será necesaria la participación del Ministerio, que deberá revisar el expediente de permuta, en el que se han identificado causas de nulidad, como la ausencia de determinados informes preceptivos y vinculantes.

Según explicó a ABC el concejal de cultura, Gonzalo Castro, durante estos cuatro años «hubo un trabajo de constatación» de la diferente documentación con que se ha ido armando el expediente administrativo, en base al dictamen redactado por los expertos. Funcionarios municipales llegaron a desplazarse al Ministerio para escrutar en sus archivos. «Ha sido un trabajo de preconstitución de prueba». Al mismo tiempo, la alcaldesa ha buscado complicidades en el ámbito político para que el expediente administrativo llegue a buen puerto.

En esa vía administrativa tendrán una primera opción de pronunciarse los Franco, previsiblemente en contra de las pretensiones del Estado. Pero una vez esta vía culmine con una previsible anulación de la permuta del inmueble al consistorio –quien a su vez va a anular también la subasta, en base a otras irregularidades identificadas en el procedimiento–, el Estado deberá volver a la vía jurisdiccional civil para reclamar la titularidad a los actuales propietarios del inmueble.

Aquí volverá a entrar en juego la figura jurídica de la usucapión, lo que de nuevo nos devuelve al proceso de Meirás. Esta figura, procedente del derecho romano y reconocida en el Código Civil español, permite la adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada de un inmueble, siempre que se den determinados requisitos. La Audiencia Provincial de La Coruña confirmó la entrega de la propiedad del Pazo al Estado en febrero de 2021 precisamente aplicando esta figura. Los tribunales no consideraron de aplicación una usucapión en sentido inverso hacia la familia Franco, por considerar que Meirás no había sido desafectada por su condición de bien demanial, al formar parte del patrimonio del Estado. La duda es qué pueden decir al respecto de Cornide, que a pesar de ser un bien que durante un tiempo fue titularidad del Estado o del Concello, nunca tuvo un uso institucional efectivo.

La batalla legal no ha hecho más que empezar, y no será breve; cuatro años después de iniciarse el proceso, el Pazo de Meirás todavía está pendiente de la casación en el Tribunal Supremo para una sentencia firme, que determine si regresa a manos de los Franco, el Estado debe indemnizarlos o todo queda como está.

La Casa Cornide es «un monumento de carácter singular», un «ejemplo muy escaso de la arquitectura residencial» de la época de la Ilustración, «un edificio noble de estilo tardobarroco, cosmopolita y francés, sin apenas precedentes en Galicia». Fue declarado BIC en mayo de 2021, al calor del procedimiento judicial para arrebatar Meirás a los nietos de Franco, pero nunca ha llegado a abrirse al público, pese a la obligación legal. La familia lo puso en venta unos meses antes en diversos portales inmobiliarios, donde aún hoy se anuncia. Precio: 3,5 millones de euros para esta «exclusiva propiedad» de 11 habitaciones, 13 baños y 1.430 metros cuadrados.