El veto de la UE podría suponer la pérdida de 4.400 empleos en la pesca

Los datos se han calculado tomando como referencia las Táboas Input-Output da Pesca-Conserva Galegas 2019, según precisó la Consellería en un comunicado. La prohibición afecta directamente a 200 barcos, pero hay otros 900 que podrían verse perjudicados, "con su consecuente impacto en las ventas en lonja, en los salarios de las tripulaciones y en la prestación de bienes y servicios", entre otros aspectos. Con las nuevas normas, la Comisión Europea pretende preservar los ecosistemas marinos vulnerables del fondo del océano. Pero tanto la Xunta como el sector creen que el reglamento no se ha basado en informes científicos serios y ha obviado el impacto socioeconómico de la medida. Quintana, que acabó llorando al final de su primera intervención en el debate, consideró que la Comisión Europea ha actuado de "mala fe" y "con falta de lealtad absoluta".

Durante su discurso, recordó los defectos que a ojos del sector, de los juristas y de las Administraciones presenta el nuevo reglamento. La norma desarrolla otra anterior de 2016, año en el que se prohibió el arrastre por encima de los 800 metros. Entre los 400 y los 800 metros se permitió seguir pescando, pero el reglamento establecía que la Comisión Europea debería identificar los ecosistemas marinos vulnerables para poder protegerlos. Es lo que ha hecho ahora Bruselas. Pero Quintana consideró que la nueva regulación se "extralimita" en diferentes puntos.

Afirmó que el veto afecta a especies que no son de fondo; que va más allá de lo regulado, alcanzando profundidades inferiores a los 400 metros; que usa "estudios parciales y desactualizados", basados en la pesca de arrastre y sin inclusión de artes como el palangre o la volanta, que también están afectados. Además, rechazó que las áreas protegidas pueden llegar a alcanzar una extensión de 25 kilómetros sin que haya constancia de que en toda esa zona existan fondos marinos a proteger. La conselleira censuró que el reglamento se aprobó sin realizar consultas de forma oficial, sino simplemente "contactos parciales". "Esta medida de la Comisión se olvida que en esas áreas se lleva pescando durante décadas sin que esto afectase a los hábitats, habida cuenta de que siguen existiendo y conservando su biodiversidad", subrayó.

Quintana volvió a insistir en la vía judicial para tratar de frenar el nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo 9 de octubre, y volvió a pedir al Gobierno central que presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. El lunes, el ministro Luis Planas y sus homólogos francés e irlandés trataron de frenar la prohibición, que entrará en vigor el 9 de octubre. Pero Bruselas no aceptó. El comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, sí se comprometió a revisar el reglamento si lo avalan los datos científicos que estarán disponibles en noviembre.

Quintana consideró fundamental que hasta entonces se establezca una moratoria que no provocaría "daños irreversibles en los ecosistemas, pero sí evitaría daños en la flota". La conselleira volvió a defender que la Xunta no está legitimada para presentar el recurso ante la Justicia Europea, dado que existen sentencias que dicen que las comunidades no pueden hacerlo. Aún así, explicó que lo presentará si el Gobierno central —que lo está estudiando con la Abogacía del Estado— finalmente no da el paso. También relató que ha estado en contacto con otras comunidades españolas afectadas y regiones de otros países, como la Bretaña francesa, para intentar hacer un frente común y presionar a Bruselas. La conselleira pidió a la oposición que se sume a la lucha para intentar frenar el golpe letal a la pesca gallega. "Queremos que el sector tenga futuro, queremos que el sector siga teniendo vida", reclamó.

Tanto el PSdeG como el BNG agradecieron a la conselleira el tono empleado en su intervención y mostraron su apoyo para tratar de frenar el veto a la pesca de fondo. Ambos grupos pidieron que la Xunta fuese más proactiva e, independientemente de lo que haga el Gobierno central, presente ya su propio recurso. "Es el problema más gordo que tenemos ahora encima de la mesa", consideró la diputada socialista Patricia Otero. La pesca, recordó la nacionalista Rosana Pérez, supone una facturación de 9.000 millones y es la cuarta actividad económica de Galicia.

Pero a medida que fue desarrollándose el debate comenzaron los reproches sobre las actuaciones de diputados del Grupo Popular Europeo y de los grupos en los que se incluye el BNG y el PSOE en el pasado. La popular Teresa Egerique cargó contra la oposición, para recordar que el impacto de la medida en Galicia "parece no inquietar al comisario, que es del grupo de los Verdes, de sus socios de gobierno en Bruselas". 

También hubo críticas para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que estuvo de visita en Galicia y a preguntas de los periodistas sobre la prohibición de Bruselas, confesó que no estaba al tanto del tema. Quintana habló de "papelón" en Galicia del ministro al dejar "en evidencia la importancia que da el Gobierno de España" al sector pesquero. "No es digno de venir a Galicia ese ministro", remarcó. Desde el PSdeG, Otero mostró su malestar con las palabras de la conselleira, dado que el mismo día que venía Garzón a Galicia, el titular de Pesca, Luis Planas, estaba dando la batalla en Bruselas.

Quintana pidió además a la sociedad gallega que apoye al sector. Hay que "darle tres millones de firmas" al comisario de Pesca con el manifiesto que lanzó a principios de julio la Xunta, junto al sector, para "que le digan que no es preciso hacer este reglamento". Mar ya ha enviado cartas a ayuntamientos de la costa y también pondrá una mesa en Conxemar y justificó la medida porque "lo pidió el sector". La oposición se mostró reacia a apoyar este manifiesto, dado que no está de acuerdo con algunos puntos de su contenido.