El TSXG exige respeto a la independencia de los jueces: «Es una garantía, no un privilegio»

«La independencia judicial es una garantía para la ciudadanía; no es un privilegio que permita actuar de forma arbitraria o voluntarista», señaló Picatoste, quien en junio tomó el relevo de José María Gómez y Díaz-Castroverde como presidente del Tribunal Superior gallego. En la sesión, celebrada en la sede del TSXG, en La Coruña, Picatoste añadió que es «materialmente imposible» que los jueces actúen de «forma arbitraria». No solo están sometidos a la ley, recordó, sino que «cualquier decisión que tomen en el ejercicio de sus funciones está sujeta a la revisión de instancias superiores».

Dedicó buena parte de su discurso —con el que, formalmente, se ha dado el pistoletazo de salida al Año Judicial en Galicia— a insistir en esa necesidad de «respeto y salvaguarda» de la independencia judicial: «Los jueces tienen que ser independientes porque, de otra forma, no pueden ejercer de manera efectiva su papel en la sociedad», advirtió Picatoste. Y es que «son necesarios», porque son la «clave de bóveda» que garantiza el equilibrio entre libertad y seguridad. «Son útiles porque permiten que, garantizando esos derechos y libertades, desarrollemos, individual y colectivamente, nuestras mejores capacidades en nuestros proyectos personales o comunes», ahondó el nuevo presidente del TSXG.

Ante la presencia de representantes de la judicatura gallega, fiscales, abogados, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y representantes políticos —entre ellos, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta, Diego Calvo, y la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey—, Picatoste no sólo pidió respeto por el Poder Judicial, sino que también puso 'deberes' a jueces y magistrados.

Por ejemplo, señaló la obligación de centrar su labor «en quienes más necesitan la protección directa de la Justicia». Especialmente, dijo, las mujeres que sufren violencia de género y los menores en situación de desprotección. Ambos «deben encontrar en los órganos judiciales un espacio seguro, un lugar donde ser escuchados y protegidos». En este sentido, añadió Picatoste, la Justicia debe «actuar con sensibilidad, evitando cualquier forma de victimización, y con la rapidez que se merecen».

Pero los 'deberes' no fueron solo para los jueces, sino también para las administraciones públicas y, en cierto modo, para la ciudadanía. Porque, para «afrontar con determinación el problema de la litigación masiva», especialmente en el ámbito civil —es decir, para desatascar los juzgados—, hay que fomentar medios alternativos de resolución de conflictos. «No todo puede ni debe llegar a los tribunales», insistió Picatoste, partidario de reservar la vía judicial para aquellos casos «en los que no quede otro medio para restaurar la paz social».

También hizo mención al cambio trascendental que supone en los juzgados españoles la entrada en vigor de la Ley de medidas de eficiencia en el servicio público de Justicia. En este sentido, prometió «acompañar» la implementación de la reforma desde la Presidencia del TSXG, con el objetivo de «detectar los problemas que surjan y proponer soluciones prácticas».

Sin embargo, advirtió que para cumplir estos objetivos se necesitan más recursos. «Galicia necesita más plazas judiciales» y «plantillas dimensionadas según su carga de trabajo», reclamó Picatoste. También señaló que una mayor «modernización tecnológica» es «imprescindible» para «trabajar con rapidez y calidad». «La tecnología bien implantada nunca sustituirá al juez, pero siempre será un aliado esencial», concluyó Picatoste.

La cuestión tecnológica ocupó buena parte del discurso del otro interviniente en la sesión solemne: el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes. En el que será uno de sus últimos actos oficiales como fiscal superior, Suanzes reflexionó sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial, «que representa uno de los vectores de transformación más significativos» para el mundo de la Justicia.

El fiscal superior gallego considera la Inteligencia Artificial «un instrumento de notable potencial», sobre todo en tres ámbitos: la tramitación procesal, la investigación penal y la decisión judicial. Cree que, bien utilizada, puede «reducir cargas burocráticas, facilitar el acceso a jurisprudencia o detectar patrones delictivos». Por ello, advirtió sobre la necesidad de leyes estrictas que regulen su uso, auditorías transparentes «y una supervisión humana irrenunciable».