Los tribunales amenazan con sobresaltar el tramo final del mandato de Abel Caballero

El último sobresalto para los intereses de Caballero es una causa que parecía olvidada: el accidente ocurrido en agosto de 2018 durante un concierto del festival O Marisquiño, cuando parte del muelle se resquebrajó resultando heridos más de 400 asistentes. El juzgado de instrucción había dado carpetazo al asunto, archivándolo provisionalmente al considerar que no había responsabilidad penal en el siniestro y que a los afectados, si querían ser indemnizados, sólo les quedaba opción de recurrir a la vía civil.

Pero la semana pasada la causa dio un vuelco. Algunos de los lesionados no se rindieron ante el portazo del juzgado de instrucción y han conseguido, recursos mediante, que ahora la Audiencia Provincial de Pontevedra ordene la reapertura del caso para investigar si tanto técnicos del Concello de Vigo como del Puerto olívico podrían tener responsabilidades penales relacionadas con el accidente.

En enero de 2023, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo acordó el archivo de la causa basándose, por ejemplo, en que no existía una normativa sobre el mantenimiento de esas estructuras en el momento de su construcción. Sin embargo, la Audiencia Provincial enmienda ahora al juzgado de instrucción: no comparte ese argumento, ya que, de ser así, no podría ser perseguida penalmente ninguna actividad que no esté regulada administrativamente. El tribunal tira incluso de ironía para replicar la teoría del juzgado de instrucción: «Reduciéndola al absurdo, no se podría sancionar a nadie por la caída de un puente romano o una iglesia medieval con un mantenimiento deficitario porque los romanos o los constructores medievales no habían previsto una regulación específica del mantenimiento de la estructura». La Audiencia pontevedresa también recuerda que hay sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que establecieron la obligación del Ayuntamiento de conservar esas instalaciones, desde que en 1992 se firmó el convenio.

En síntesis, lo que hace la Audiencia es devolver la causa al juzgado de instrucción para que dicte una resolución en la que ahora tenga en cuenta «la posible infracción del deber de cuidado por parte de las dos entidades públicas». Eso sí, sólo podría imputarse a personas físicas en función de sus «funciones concretas» e «intervención en los hechos». En su día estuvieron imputados cinco técnicos, tres del Puerto y otros dos del Ayuntamiento. Aunque la Fiscalía también había intentado, sin éxito, la imputación del entonces edil de Seguridad.

El accidente de O Marisquiño es la última piedra judicial en el zapato del gobierno de Caballero, pero no la única. El socialista también tiene sobre la mesa el enredo del concierto que Guns N' Roses ofreció en el estadio municipal de Balaídos en junio de 2023. El Concello se negó en su momento a pagarle a la promotora Sweet Nocturna, socia local de Live Nation, el patrocinio del recital que esta empresa habían estado organizando. Fue una «seria irresponsabilidad», concluyó un juzgado de Vigo, que ha condenado al Consistorio a pagarle a la productora 1,9 millones de euros. El Ayuntamiento trata ahora de enmendarlo con recursos en los tribunales.

Pero, además de defenderse, Abel Caballero quiere valerse de la justicia para contraatacar. El regidor socialista confirmó el viernes que el Consistorio ha contratado un equipo de abogados para analiza la exclusión «absolutamente indebida» de Vigo en el listado de sedes españolas de cara al Mundial masculino de fútbol de 2030, una decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el regidor socialista ve un «escándalo».

Más allá de los tribunales, al alcalde vigués se le están indigestando varios proyectos de nuevas autovías que han puesto en pie de guerra a parroquias rurales del municipio.