El Tribunal Supremo confirma la condena a un militar por acoso y agresión sexual a una compañera en Ferrol

Los hechos declarados probados, se remontan a principios de 2023. El condenado, a pesar del rechazo expreso de la víctima, inició una campaña de insistencia y acercamientos no deseados. La situación escaló durante una salida nocturna con compañeros de brigada a un pub de Ferrol. Allí, el acusado se rozó insistentemente con la víctima, «le tocó el culo en repetidas ocasiones y la agarró de la cadera, obligándola a interponer el brazo para apartarlo«, según la sentencia. A la salida del local, y en estado ebrio, el hombre la abordó de forma agresiva, profiriendo frases como »hija de puta, te voy a matar«, lo que provocó el temor de la joven, que tuvo que ser acompañada a su domicilio por otros compañeros.

Al día siguiente, el acusado envió un mensaje de WhatsApp a la víctima reconociendo su comportamiento. Sin embargo, en los meses siguientes, persistió en su conducta, enviando mensajes y llamadas hasta que la afectada lo bloqueó. Ante el bloqueo, el condenado envió audios y vídeos semidesnudos a la entonces pareja de la víctima, con comentarios vejatorios y de connotación sexual. Esta situación generó en la marinero alumna un estado de «nerviosismo, intranquilidad y ansiedad», al temer por su seguridad personal. La sentencia condenó al militar a seis meses de prisión por un delito militar de coacciones y a un año de prisión por cada uno de los otros dos delitos: agresión sexual en el ámbito militar y agresión sexual del Código Penal ordinario. Además, se le imponían como penas accesorias la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el tiempo de la condena. También se le condenó al pago de 5.000 euros en concepto de indemnización por daño moral.

El Tribunal Supremo ha analizado y desestimado uno por uno los motivos esgrimidos por la defensa del condenado en su recurso. Entre los argumentos rechazados destacan que el condenado alegó que ya no era militar cuando se le juzgó. El Supremo recordó que la competencia se determina por la condición de militar en el momento de cometer los hechos, no durante el juicio. El recurrente también argumentó que, al ocurrir en un bar un sábado por la noche, no podían considerarse en acto de servicio. El Tribunal zanjó la cuestión recordando su doctrina: los alumnos de centros militares en régimen de internado, como era el caso, están obligados a vestir de uniforme durante sus salidas autorizadas, lo que mantiene el vínculo con el servicio y extiende la jurisdicción militar a esos contextos.

Además, el Supremo consideró que la sentencia de instancia se basó en una «prueba de cargo directa y bastante», destacando el testimonio de la víctima, calificado de «lógico, coherente y creíble», y el de varios testigos que corroboraron los hechos. La Sala subraya que no le corresponde revaluar la credibilidad de los testigos, tarea que corresponde al tribunal que vio y oyó a los intervinientes. El Supremo avaló la decisión del tribunal de instancia, que apreció la atenuante analógica de embriaguez, pero no la eximente completa, al no haberse acreditado que el acusado tuviera anuladas sus facultades intelectivas y volitivas durante la comisión de los hechos. Con esta decisión, el Tribunal Supremo sella una sentencia ejemplar en el ámbito castrense, reforzando la protección de las víctimas de acoso y agresión sexual dentro de las Fuerzas Armadas y delimitando con claridad el concepto de «acto de servicio» para el personal en formación.