Los transportistas aprietan para liquidar la concesión de la AP-9

Apetamcor, que agrupa a 1.500 socios con 8.000 camiones, apuesta por la vía administrativa para acabar con la concesión. Concretamente, según han explicado este mrtes en una rueda de prensa en Santiago de Compostela, la asociación presentará una reclamación de nulidad de los dos reales decretos que prorrogaron la concesión a Audasa: el primero, aprobado en 1994 por el Gobierno socialista de Felipe González. Y, el segundo, al que le dio luz verde el Ejecutivo popular de José María Aznar en el año 2000.

Este recurso por vía administrativa sería el preámbulo a su intención de llevar luego el caso ante el Tribunal Supremo, tal y como anunció la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer). Sin embargo, Apetamcor considera que optar primero por esta vía administrativa «podría ser más garantista».

Pero el primer movimiento es ese, intentar que el Gobierno maniobre por iniciativa propia y declare la nulidad de ambos decretos. Los transportistas creen que el Ejecutivo de Sánchez no tiene excusa y debería liquidar ambos decretos a la vista de los mensajes que han ido llegando en los últimos meses desde Europa. Es decir, en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero, sobre todo, del ultimátum que Bruselas dio a España respecto a la última prórroga, la Aznar, que dejaba a Audasa la gestión de la AP-9 hasta 2048.

Esgrimen varias razones procedimentales y técnicas para ello. El abogado Xoan Antón Pérez Lema, que en esta causa patrocina a la asociación de transportistas, considera que las prórrogas de la concesión a Audasa a cambio de una serie de actuaciones en la infraestructura supusieron «modificar sustancialmente el régimen concesional». Y es que ese proceso se abrió «sin concurrencia competitiva», es decir, sin dar opción alguna a que otras empresas pudiesen optar a la licitación de esta concesión.

Esto es, en síntesis, lo que, a juicio de los demandantes, debería obligar a la Administración General del Estado a «limpiar los actos administrativos» que son nulos. Se debería de hacer, según detallaron en una rueda de prensa recogida por Europa Press, siguiendo un procedimiento que pasaría por el Consejo de Estado. Ese hipotético proceso debería a acabar en la «rescisión» de la concesión a Audasa, eso sí, acarreando consigo una indemnización para la empresa, pero que no incluiría el lucro cesante, según detalló ante la prensa Pérez Lema.

Y esa es, precisamente, la principal diferencia con el rescate de la AP-9, que es lo que, por ejemplo, pretende la Xunta, y que sí implicaría tener que abonar a la empresa una indemnización por el lucro cesante. La Xunta estima, en base a informes propios, que esto elevaría el coste por encima de los 2.300 millones, si bien el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a hablar de más de 4.000 millones. Ese rescate traería aparejado, para la Xunta, que todos los peajes de la autopista serían gratis para los usuarios.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico que encabeza Alfonso Rueda intentó el lunes apretar un poco más al Gobierno central a propósito del rescate. Con un informe sobre la mesa, elaborado por la propia Xunta, Rueda intentó persuadir a Sánchez diciendo que el rescate de la concesión es «la alternativa más ventajosa para el interés público». Y es que esos 2.300 millones en los que cifran recuperar la gestión de la autopista es «una cantidad mucho menor de la que habría que pagar d aquí al final de la concesión».

Las cifras que maneja la oposición son bastante inferiores. Un estudio encargado por el BNG a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) rebajaba el coste hasta los 904 millones, frente a los 2.300 que calculaba la Xunta. Por eso, según recogió Europa Press, el BNG acusa a Rueda de «intentar inflar con casi 1.500 millones de euros» más lo que habría que pagar a Audasa por el rescate de la autopista.