Suspenden el juicio por el asesinato de Diego Bello en Filipinas tras la primera declaración

Casi cuatro años después de lo que el propio fiscal del caso entiende que fue un asesinato, el juicio ha quedado en suspenso nada más arrancar. La primera sesión se celebró el pasado día 11 de octubre, de la mano de una experta en balística que ni siquiera pudo completar su declaración. La familia del fallecido indicó que en la zona se celebran estos días elecciones en los barrios, y que la actividad judicial queda paralizada hasta el próximo día 30. Además, la declaración de la experta no se retomará hasta el 21 de noviembre. La idea de la Corte Regional de Manila es celebrar dos sesiones cada mes para tratar de determinar la culpabilidad de los tres acusados —el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Esmeralda— que se sientan en el banquillo por presunto delito de asesinato y otro de manipulación de pruebas.

Los tres permanecen en prisión desde febrero de 2023, cuando se entregaron en Manila tras meses huidos de la justicia del país. Por eso, los esfuerzos de los abogados la familia de la víctima se concentran ahora en impedir que queden en libertad bajo fianza. «Debemos presentar pruebas para demostrar o persuadir al tribunal de que los acusados no deberían ser liberados bajo fianza», explicó a EFE el abogado Dan Fajardo, miembro del equipo legal contratado por la familia de Diego Bello para incriminar a los tres policías. Según la legislación filipina, todos los acusados tienen derecho a libertad bajo fianza mientras esté pendiente la sentencia, excepto en delitos graves, como el asesinato. Es la excepción a la que la familia se agarra para mantenerlos entre rejas hasta que el ansiado juicio se vuelva a retomar.

La autopsia al cuerpo de Diego Bello, que será utilizada en la vista, no encontró rastro de droga en el organismo del coruñés. Además, ratificó que la muerte se produjo por varios disparos de bala —seis en concreto— a corta distancia y ante los que no tuvo opción de defensa. Los acusados, sin embargo, insistirán en que un confidente policial les aseguró que el gallego vendía drogas y organizaron un simulacro de adquisición de cocaína. Según su versión, Bello iba armado y los encañonó, pero las cámaras de seguridad que grabaron al coruñés esa noche lo descartan. La pistola que apareció en el lugar de los hechos, presunta propiedad de Bello, pertenecía en realidad a un ciudadano de Manila con el que él no tenía ninguna relación. Además, hay testigos que revelaron que la víctima fue atacada sin previo aviso y que solo tuvo tiempo a decirles: «No señor, por favor» antes de que lo ejecutasen.