Suanzes, fiscal superior saliente de Galicia: «La dimisión del fiscal general sería lo adecuado a nivel ético y profesional»

— Que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo, ¿en qué situación deja a la Fiscalía?

—La existencia de una causa penal contra el fiscal general del Estado es, sin ninguna duda, un hecho grave que genera un evidente impacto institucional. La Fiscalía es una de las piezas claves del Estado de Derecho y su credibilidad debe estar siempre fuera de toda duda. Por tanto, la apertura de una causa penal contra su máximo representante y, no digamos, la apertura del juicio oral, daña no solo la imagen personal, sino la confianza de la ciudadanía en el conjunto del Ministerio Fiscal.

—Esto enlaza con una idea que usted repite con frecuencia: cuanto más desapercibida pase la Fiscalía ante la ciudadanía, mejor le irá a la institución. Desde luego, esto lo que hace es ponerla más en el foco, ¿no?

—Sí, efectivamente. La sociedad debe tener en cuenta que la Fiscalía, como institución, es siempre algo mucho más importante que las personas que lo representamos a cualquier nivel.

—¿Debería haber dimitido ya Álvaro García Ortiz?

—Desde un punto de vista jurídico, es lógico y normal que, mientras no exista una condena firme, todos debemos respetar la presunción de inocencia. En el plano más profesional, el legislador ordinario, no el constitucional, reguló esta materia en el artículo 145 del reglamento del Ministerio Fiscal. De manera que ahí precisa que, cuando se dicte un auto de apertura del juicio oral, que es la situación en la que se encuentra el fiscal general, pues el fiscal general debería acordar la suspensión de ese fiscal. Obviamente, no se trató por el legislador el supuesto de que fuera el propio fiscal general. Las opciones personales son variadas en esta materia. Desde mi punto de vista, en el nivel profesional, en el ético, yo entiendo que el apartamiento de la figura del fiscal general, quien quiera que sea, en una situación como esta, su dimisión, su suspensión, es lo adecuado.

—¿Su dimisión sería lo mejor para la institución llegado este momento?

—Creo que eso es bueno para la institución y creo que es bueno para la propia persona implicada, porque puede defenderse mucho mejor sin las tensiones institucionales, mediáticas y demás. Y creo que es bueno para la sociedad.

—¿En qué momento se debería de haber producido su dimisión?

—El legislador ordinario ya dijo que lo prevé en el auto de apertura del juicio oral. Para que el ciudadano lo entienda, es el momento en que el juez instructor, de acuerdo con las acusaciones que se han planteado, dice: «Mire usted, hasta aquí hemos llegado, no hay nada más que hacer, entiendo que hay unos indicios sólidos, importantes y fundados contra la persona de que se trate y ahora lo que hago es dicto este auto y lo envío al órgano que lo va a juzgar». Ese es un momento en el que ya lo que queda es directamente la celebración del juicio. Ese es el momento que ha considerado el legislador ordinario como el idóneo para practicarlo en todo caso. Porque también el artículo que regula esto en el reglamento deja a la disposición del fiscal general, en todo el momento anterior a este acto, la posibilidad a su criterio de apartar o no al fiscal que corresponda.

—Usted conoce a bien García Ortiz por sus años de trabajo en Galicia.

—Después de muchos años de trabajo conjunto, que estuvo muchos años ejerciendo en Galicia, yo desde un punto de vista personal le deseo todo lo mejor. Y desde un punto de vista profesional, debo decir que es un fiscal excepcional, que trabaja muy bien, y con el que yo tengo una relación especial de cariño y agradecimiento, siempre me ha apoyado y hemos colaborado. Pero otra cosa es lo que se ha producido a nivel profesional.

— Más allá del proceso contra García Ortiz, el Gobierno se empeña en arremeter contra los jueces por causas que les afectan de primera mano. ¿Se están politizando los jueces?

—Yo creo que los jueces y los fiscales están ejerciendo sus labores y su trabajo de forma eficiente. La judicatura no deja de ser un cortafuegos de cualquier injerencia política que vaya más allá de lo que correspondería a un Estado de Derecho. Yo creo en esta materia que no hay ningún tipo de 'lawfare' ni cosas parecidas, que lo que quiere hacer siempre un juez es realizar su trabajo de la mejor manera, de forma más eficiente, y también los fiscales.

— En otro orden de cosas, hace años que se habla de la posibilidad de que los fiscales piloten la instrucción de las causas en vez de los jueces. ¿Sería positivo y agilizaría las causas?

—Yo creo que sería algo positivo, sería ponerse en correspondencia con la gran mayoría de países de nuestro entorno, europeos, en los que ya está funcionando, e ir acotando los diversos problemas que pueda haber en esta materia, solucionarlos y trabajar en ese sentido.

—Muchas voces están de acuerdo en el fondo, pero dudan de la independencia de la Fiscalía.

—Hay que tratar de evitar que los fiscales que lleven una investigación tengan interferencias de quien sea, y eso puede hacerse, como han hecho otros países europeos. Yo entiendo que sí, que sería bueno adoptar las medidas oportunas en esta materia.

—Hablemos de los incendios. Hay partidos que se empeñan en hablar de «terrorismo incendiario», pero hasta donde yo sé nunca ha habido evidencias de organizaciones orquestadas para quemar el monte.

—En 2017 hicimos un estudio muy detallado, muy profundo, con peritos, con la Guardia Civil, con la Policía Autonómica, y constatamos, en efecto, que no podía probarse nada relativo a que hubiese una especie de terrorismo o confabulación o, como decía, una organización que estuviera detrás.

—Galicia ha vivido este verano una ola incendiaria devastadora. ¿Qué más puede hacer la Fiscalía en su ámbito de actuación?

—Quiero trasladar desde aquí nuestra solidaridad con las víctimas. En materia de incendios hay tres planos importantes. La prevención, la investigación del delito, y si es el caso, llevar a los tribunales a los autores o partícipes, y otro es cómo se gestiona el apagar los incendios una vez que se produce. La Fiscalía, como los juzgados, intervenimos en esa parte, vamos a llamarla, de represión, en el sentido de llevar ante los tribunales y castigar, en su caso, a quienes sean los autores o partícipes. Emití una instrucción sobre lo que se debe hacer los fiscales valorando las medidas cautelares, la prisión provisional, cuándo se debe utilizar las herramientas tecnológicas, drones, análisis forense, cómo hay que hacer para solicitar pruebas, prevenir la reincidencia. La Fiscalía de Medio Ambiente ha tenido una actuación destacada y eficiente.

—Sobre violencia de género. Sigue siendo una lacra y parece que como sociedad la hemos normalizado.

—Es una prioridad inaplazable en cualquier sociedad democrática. En España se han tomado muchas medidas, leyes pioneras, juzgados especializados, protección a las víctimas, campañas de concienciación, pero es cierto también que en alguna u otra medida sigue aumentando, sea poco, sea en tono medio, porque es un fenómeno estructural, es un fenómeno profundo. La violencia de género no sólo se combate en los juzgados. Al final de lo que estamos hablando es reconocer la igualdad de la mujer. En la última memoria, referente al año 2024, en Galicia supuso la muerte de cinco mujeres. A diferencia de lo ocurrido en 2023, que fueron dos, y no muy lejos de las siete víctimas de 2015, que es la cifra más alta entre 2015 y 2024. Es una responsabilidad conjunta como sociedad, la justicia, las instituciones, hay que contribuir al cambio social.

—Los fallos en las pulseras anti maltrato. ¿La Fiscalía gallega advirtió del lo que estaba sucediendo?

—Se detectaron fallos que fueron puestos de relieve. Se constataron bastantes incidencias que se pueden producir porque el aparato se queda sin batería, porque se separa del brazalete o de la tobillera. Las causas son muy variadas. En Galicia hay también una falta de cobertura en zonas rurales con lo cual hay más desprotección ahí.

—Después de más de una década al frente de la Fiscalía Superior, ¿de qué logro se siente más satisfecho?

—La experiencia como fiscal superior es la de mayor importancia en mi devenir profesional durante más de 40 años, acompañada, y no quiero olvidarme de eso, como los 25 años que estuve de profesor asociado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de La Coruña. En un plano personal, ojalá haya sido capaz de trasladar la idea de que la mejor Fiscalía es aquella cuya integración en la sociedad es tan natural y sutil, que acompaña los ciudadanos y a las instituciones sin sobresalir más de lo necesario.

—¿Y en lo profesional? Algo más concreto.

—Yo diría el desarrollo de la comunicación e interacción de la Fiscalía y sus fiscales con los ciudadanos. Creo que en eso hemos avanzado. Y yo pondría también, como nota importantísima, el desarrollo tecnológico sobresaliente de las fiscalías de Galicia durante estos últimos años. Más allá de eso, las valoraciones concretas sobre actividades, juicios, casos... Yo lo dejaría a una valoración de los analistas judiciales en su caso.

—¿Alguna espina clavada? ¿Algo que haya querido hacer, y, por lo que sea, no haya sido posible?

—Yo creo que la mayoría de las cosas las haría como se hicieron en su momento y yo estoy contento de haberlas hecho así. Que quedan algunas cosas, pudiera ser, pero no son, a mi juicio, importantes y relevantes. Lo importante ahora es que la nueva o el nuevo fiscal superior desarrolle, como estime conveniente, su propio plan de la Fiscalía y evolucione según su propia concepción.

—¿Y qué retos le quedarán sobre la mesa su sucesor o sucesora en la Fiscalía Superior?

—Líbreme Dios de imponer obligaciones a la nueva o el nuevo fiscal. Creo que es bueno que se continúe con el desarrollo de los medios de comunicación, la imagen de la Fiscalía, que las instituciones y los ciudadanos la sigan entendiendo y mejorando y el desarrollo tecnológico del que podemos hablar en otro momento.

—Asoma la Inteligencia Artificial, ya es una realidad.

—El mundo jurídico se va a beneficiar mucho de ella, pero con controles y respetando las garantías del Estado de Derecho. En el ámbito de la investigación penal es un terreno de juego complejo que requiere un respeto absoluto de los derechos fundamentales. Ahí hay que ajustarse bien para que la protección de datos, la transparencia, la rendición de cuentas y la explicabilidad.

—Pero de la tecnología no sólo se sirven la Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también los delincuentes. Y suelen tomar la delantera.

—Me preocupa la delincuencia asociada a las nuevas tecnologías, que permiten acciones delictivas sofisticadas. Las memorias de la Fiscalía Superior entre 2015 y 2024 constatan que la delincuencia informática ha aumentado más del cien por cien. Cuando, además, los especialistas avisan que sólo se denuncia un 10%. El delito estrella sigue siendo la ciberestafa, con una evolución constante. Ahora está de moda la suplantación de identidad con clonación de voz e imágenes para engañar a amigos y familiares. Es un reto, hay que especializarse, y hay que destinar medios para seguir evolucionando. Pero los ciberdelincuentes siempre van por delante, claro.