El PSOE ultima la expulsión de sus concejales díscolos de Santiago

Los plazos apuntan a que, técnicamente, sí podría formalizarse la salida. Por el momento está vigente el plazo en el que los ediles –por lo menos Muíños– pueden presentar sus alegaciones al expediente abierto, pero este termina el martes 22, apenas dos días antes de la sesión plenaria. «No tenemos ninguna cuestión que nos haga pensar que no va a ser así. Es lo que tenemos que decir. No hay ningún criterio objetivo para [no] pensar que la normalidad imperará a partir de la semana que viene en Compostela», afirmó ayer Bouza en rueda de prensa, al inquirirle los periodistas por esta cuestión. También se le preguntó por el posicionamiento de la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), y señaló que esta «comentaba que no estaba segura de los plazos, cuándo terminaban», aunque insistió en que él quiere «pensar que, con absoluta normalidad, los trámites legales concluyan y se proceda con normalidad, y [que] los derechos no van a ser vulnerados», según recogió Europa Press.

En todo caso, tachó de «obviedad» el hecho de que «para poder abordar cuestiones en los plenos va a haber que hablar y consensuar». Y, desde la dirección del PSdeG de Santiago, reivindicó estar «construyendo de la mano» de sus concejales «un proyecto útil para los vecinos».

Al hilo, serán dos los ediles que mantendrá el partido de hacerse efectiva la expulsión –Gumersindo Guinarte y Marta Abal–, de los seis que se han estado sentando en su bancada desde los últimos comicios municipales. Los otros cuatro –Muíños, Rosón, Castro y Álvarez– pasarían al grupo de No Adscritos y mantendrían su acta de concejal, si así lo deseasen. Y seguramente así será, llegado ese escenario, pues anteriormente ya declararon que en todo caso pretenden agotar sus mandatos como concejales, que se prolongarían hasta 2027.

Horas después de haber dado Bouza sus declaraciones, fuentes próximas a los concejales expulsados apuntaron a ABC que el tiempo del que dispondrá el secretario xeral para estudiar sus alegaciones, a las que acompaña «un importante volumen de documentación y pruebas documentales», podría no ser suficiente si la intención es resolver el proceso en esta próxima sesión plenaria.

«Ayer mismo (por el miércoles) presentaron las concejalas sus alegatos y pruebas documentales al secretario xeral del pleno y, en el caso de Gonzalo Muíños, el plazo finaliza el próximo martes, día 22. Esto es, 24 horas después de ser convocado el pleno y 48 horas antes de su celebración. Por lo tanto, los plazos son ajustados y complicados para poder tener un informe y una decisión elevada al pleno para la sesión común de 24 de abril», detallaron las mismas fuentes. Debido a la cantidad de material adjunto que se traslada, creen que «resulta materialmente imposible que el secretario xeral del pleno pueda, en tan poco espacio de tiempo, leer los alegatos, revisar toda la documentación que las acompaña y elaborar el informe correspondiente, ni en 48 horas ni en una semana».

Con esto en mente, y en referencia al mensaje que dio el miércoles Bouza, consideran «realmente sorprendente que alguien ajeno al Concello se atreva a fijar los plazos de un procedimiento de audiencia administrativa que debe ajustarse a la legalidad, respetar el derecho a defensa y seguir el principio de debido proceso», por el que, incidieron, este debe ser «justo» y ofrecer «todas las garantías».

«Sabiendo que, una vez entregue Gonzalo Muíños sus alegatos, el secretario xeral del pleno cuenta aún con diez días hábiles para realizar su informe, más que necesarios si tenemos en cuenta el volumen de documentación (...), sería conveniente mantener una actitud prudente y respetuosa con el procedimiento administrativo por parte de los cargos orgánicos», pusieron de manifiesto. Cualquier «otra cosa», entienden, «sería vulnerar los derechos fundamentales» de los ediles expedientados «y podría interpretarse, incluso, como una estrategia de presión al secretario general del pleno».

El próximo jueves puede ser una jornada de inflexión para el consistorio compostelano. De perder los cuatro ediles su calidad de representantes socialistas, el PSdeG perdería la mayor parte del peso que ha ostentado en los plenos hasta ahora. Y, con un gobierno local bipartito –BNG y Compostela Abierta– que no suma mayoría en la sala y apenas se aferra al mandato, con seis concejales frente a los once del PP, el futuro del Grupo Socialista parece ligado a los equilibrios de poder en el consistorio.