El PSOE se opone a regularizar la costa, como piden sus alcaldes

El diagnóstico de la situación de estos enclaves de población costeros es común, y podría ser el que ayer resumía la nacionalista Teresa Táboas: «La Ley de Costas perjudica aquellos núcleos edificados antes de la ley de 1988, que por dejadez de los ayuntamientos no fueron tramitados y quedaron fuera de la ordenación, con una inseguridad jurídica que a día de hoy afecta a muchos vecinos». En lo que ya no estuvieron ayer de acuerdo las fuerzas parlamentarias gallegas es en el alcance de la enfermedad y el tratamiento.

Por parte del PP, Román Rodríguez pidió que «estas personas, que son muchas y no son especuladores, no queden atrapados en este galimatías», por lo que instó a una reforma «en el ámbito competente» frente a la socialista Mar Barcón, que abogó por acuerdo entre los municipios y el Ministerio de Medio Ambiente. «Durante el mes de noviembre el estado está modifcando la Ley de Costas con Coalición Canaria y CiU, con cambios muy parecidos a Galicia, también se deberá hacer con el litoral gallego», le contestaba el popular. Para el BNG, «la ley es una ley estatal», por lo que «donde se tiene que presentar es en Madrid». Táboas, que apuntaba así a los dos partidos mayoritarios en la cámara, añadió que «es una pena que no lo hayan hecho, como sí hizo el BNG para dar reconocimiento jurídico a esos núcleos del litoral». Se refería así la ex conselleira a la disposición adicional segunda de la Ley de Vivienda de 2008, posteriormente recurrida en Madrid.

La acusación más repetida por PSOE y BNG es que los cuatro artículos del texto busca abrir una vía hacia la especulación urbanística, una acusación que el popular román Rodríguez rechazó de plano. «Si esto se llega a aprobar, los únicos que van a ganar son los despachos de abogados», sostenía Táboas. «Es un problema complejo y doloroso que está siendo utilizado como una cortina de humo», reclamaba Barcón, que avanzó que el cambio pretendido por el PP «incrementará las edificaciones existentes en las zonas adyacentes al litoral».

La calificación de «jugada electoral» también acompasó las intervenciones de socialista y nacionalista. «No hay doble juego», reponía Rodríguez, que recordó que muchos de los municipios afectados están en manos de gobiernos socialistas.