El PP forzará que el Parlamento gallego se pronuncie en contra de la amnistía a los secesionistas

La petición, ya registrada en el Pazo do Hórreo, está respaldada por todos los diputados populares, que, en su mayoría parlamentaria, impulsan su puesta a debate en pleno por el trámite de urgencia. Según pudo recoger Europa Press de fuentes del PPdeG, la iniciativa defiende el precepto constitucional de que «el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular» y que dicho régimen legal «compromete a todos los poderes a su cumplimiento». Así, el PP gallego extiende también a los partidos mayoritarios en el Estado su búsqueda de acuerdos que eviten que «la sociedad española esté sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas»; escenario que, temen, traería consigo esa hipotética Ley de amnistía o de indulto general que pudiera aprobarse fruto de las conversaciones entre Sánchez y los políticos de Junts.

En su demanda, los populares argumentan que la situación que da pie al debate actual es distinta a la del año 1977, cuando se aprobó la amnistía sobre los condenados y procesados por delitos de rebelión y sedición durante la Guerra Civil y el franquismo. Aquella, sostienen, «era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura»; y reconocen que «fue uno de los instrumentos con los que se puso punto y final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia«. Pero, apuntan, al tramitarse la Constitución de 1978 se debatió sobre cómo abordar las amnistías y se rechazó que las Cortes pudieran ser competentes. En su lugar, »se aprobó el artículo 62, que prohíbe indultos generales«, esgrime el PPdeG, que insiste en que el perdón, conforme se regula en la Ley del indulto, «debe ser individualizado y nunca general».

Señalan una iniciativa registrada en el Congreso en 2021, también en la línea de la ley de amnistía, que fue rechazada por el Gobierno de Sánchez y acusan al líder catalán, Carles Puigdemont, de, ahora, condicionar «la gobernabilidad de España» a la aprobación de una ley similar que favorezca, entre otros, a los procesados por el referéndum de 2017. Porque la escena jurídica sigue siendo la misma que hace dos años, pero no así las circunstancias políticas, creen los populares. Acusan a Sánchez de haberse «abierto» a esta opción, que condenan, como «intento desesperado por conservar la Presidencia». El «inasumible precio» de un acuerdo así, critican, sería «deslegitimar el Estado de Derecho».