8 años del desastre del 'prestige'

El pecio del esperpento

Con motivo del octavo aniversario del accidente del petrolero, uno de los autores que más y mejor ha estudiado el caso analiza para ABC todo lo sucedido entonces y ahora

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Alaska 1989, el «Exxon Valdez», un petrolero de diez años, arroja 38.500 toneladas de crudo en la bahía del Príncipe. El gobierno americano fija para la compañía petrolera Exxon una indemnización de 1.150 millones de dólares y la justicia estadounidense la aumenta en 2004 a 4.500 millones de dólares. Ningún debate social sobre responsabilidades gubernamentales o locales. Quien contamina paga. Y punto.

Bretaña francesa, diciembre 1999. El «Erika», petrolero de 24 años con bandera de conveniencia maltesa, se rompe gradualmente a consecuencia de las condiciones metereológicas. Se le desplaza hacia Donges, pero se rompe en aguas internacionales un día después. Vierte 20.000 toneladas de fuel. Los tribunales condenan al armador Giuseppe Savarese, a la calsificadora Rina y a la fletadora de la carga, la petrolera Total, a pagar solidariamente 192 millones de euros en indemnizaciones. Ningún cuestionamiento de la gestión gubernamental o local por las decisiones destinadas a minimizar los daños.

Golfo de México 2010. Una plataforma petrolífera de British Petroleum comienza a verter crudo desde una profundidad de 1.525 metros. El estallido provoca 11 muertos y un derrame excede las 5.600 toneladas diarias. No hay discusión sobre las decisiones o hipotética responsabilidad de la gestión pública. El presidente Obama, por parte del país afectado, y el presidente inglés David Cameron, por parte del de la nacionalidad de la petrolera, están de acuerdo: British Petroleum deberá pagar todas las indemnizaciones pertinentes. La compañía trata de desviar su responsabilidad a las contratistas de construcción y mantenimiento de la plataforma. Pero deberá hacerlo después de asumir las cargas y costes de limpieza e indemnizaciones.

Galicia 2002. Un viejo petrolero monocasco de 26 años, de bandera de conveniencia de Bahamas, propiedad de una compañía griega pero con sede en Liberia, portando una carga de fuel pesado propiedad de una empresa registrada en Gibraltar —a su vez filial de otra fundada por un magnate ruso—, vierte 20.000 toneladas de su carga nada más romperse un tanque de la zona de estribor. Está a la altura del corredor de Fisterra.

El capitán lo adriza, lo recarga con agua de mar, para los motores y lo deja a la deriva. Solicita rescate de la tripulación. Todos se salvan, no hay muertos, el salvamento español se ha mostrado eficiente y compasivo. El «Prestige» ya puede ir directo a estrellarse contra a Costa da Morte. El capitán niega el remolque e inutiliza parte de los dispositivos técnicos para hacerlo. Se le amenaza y por fin lo admite. Se obliga a los titulares a que contraten a la mejor rescatadora del mundo, pero también la más cara, la holandesa Smit Salvage. La compañía intenta llevar el buque a puerto holandés para extraer la carga que resta; los franceses le niegan el rumbo noroeste. Cambia a rumbo sur, en búsqueda de puerto africano. A los seis días se rompe en aguas internacionales. En este segunda fase derrama 17.500 toneladas.

España es diferente

La gran lección del «Prestige», la aportación original de España a la historia de las catástrofes petroleras es que este país es diferente a las demás democracias. Mientras que en las más avanzadas se culpa a los armadores, fletadores, clasificadoras o cualquier otro agente relacionado con la titularidad o aval propio del buque o artefacto contaminante, en España se culpa al gobierno del país víctima de la contaminación. Y se cubre con el espeso manto del olvido a los titulares, negligentes y, en su caso, piratas del mar. Tal fue la función de Nunca Máis, asociación nacionalista polivalente que además se personó en el juzgado para imputar jurídicamente de responsabilidad al gobierno; para que además de la contaminación, los ciudadanos españoles paguen los costes de indemnización.

También hubo quien celebró la heroicidad de los contaminadores, como hizo la asociación de intelectuales y artistas Burla Negra, creada al efecto para glorificar a Mangouras, el capitán del «Prestige» que tomó el mando de una bomba contaminante que no estaba en condiciones de navgar y servíca como depósito de trasiego en Rusia, que después lo sobrecargó, lo abandonó a la deriva y obstruyó el rescate.

O quien quiso aprovechar el accidente para provocar un cambio de gobierno; tal fue el papel del PSdeG-PSOE, que para compensar el protagonismo nacionalista en Nunca Máis incluso llegó a formular una moción de censura contra el gobierno de la Xunta de Galicia, que por lo demás no tenía la competencia de salvamento, sino que correspondía al Estado. Todo un esperpento general, ceremoniado cuando el «Prestige» quedó silenciado en un profundo pecio del Atlántico.

Revelaciones judiciales

Ya después, fuera de la actualidad mediática, irían apareciendo las incómodas verdades y demostrándose el dolo e irresponsabilidad de los titulares del buque. A los Colouthros, armadores y titulares de Universe Maritime, ni siquiera fue posible notificarles los requerimientos judiciales por estar en paradero desconocido; se perdieron en la maraña de sociedades fantasmas y paraísos fiscales. Marguetis, capitán jefe de operaciones de Mangouras, murió y no compareció. Su sucesor, Alevizos, declaró que «El Prestige no servía ni para transportar agua».

Las pruebas y fotos periciales evidenciaron la corrosión del buque, su deplorable estado cuando se aventuró a la navegación; el último viaje con dirección al desguace. El último beneficio económico. Estaba asegurado, riesgo económico cero para la carga, y recuperación de valor residual de la chatarra. Todo atado y bien atado. Y a pescadores, medio ambiente y hacienda pública de los españoles, que les zurzan.

La clasificadora ABS ha salido provisionalmente indemne por artilugios legales en primera instancia en USA. La aseguradora, inglesa trata de evitar que le caiga un marrón añadido; que el gobierno español sea declarado culpable, o culpable solidario, sería un gran alivio. Como los fletadores de Crown Resorces y Alfa Group. Toda la maraña empresarial prefiere que se culpe al gobierno de España y paguen los sufridos contribuyentes de tan masoquista país; gallegos incluidos.

Llega el cambio

Lo mejor es que ahora la Abogacía del Estado, al servicio del gobierno del PSOE, imputa la culpabilidad al capitan y jefes del «Prestige». Tanto porque se lo merecen como por ser la forma jurídica de extender la responsabilidad a las sociedades relacionadas con el buque. La Fiscalía mantiene la misma postura. Y el propio Ministerio de Fomento, dirigido por el gallego José Blanco, acaba de defender un estudio técnico, elaborado por un destacado plantel interdisciplinar de especialistas, que defiende la decisión de alejar el buque de la costa gallega en la segunda fase de la operación de salvamento. Rectificar es de sabios. Ahora parece que se lleva desandar los errores cometidos; tanto en la política anticrisis como en la posición ante el «Prestige».

Ocho años después, por fin se va a abrir el juicio oral. Quedamos a expensas de que los magistrados de la Audiencia de A Coruña juzguen con mero sentido común, velen por los bolsillos en crisis de los contribuyentes españoles, se repare el cainismo patrio y sienten en el banquillo a los piratas ocultos. Y que de no ser posible la justicia plena y eficaz, al menos se los persiga hasta los últimos confines allende los mares. Que no se diga que España es un chollo para los contaminadores y un puerto refugio para los negocios prepotentes de la piratería económica en pleno Siglo XXI. No nos lo merecemos.

*Pedro Arias Veira fue profesor de Análisis Económico en la Universidad de Santiago. Autor y coautor de varios libros y estudios sobre el «Prestige», compareció en calidad de experto en las comisiones de investigación del Parlamento de Galicia y del Congreso de los Diputados. Desde 2009 es diputado autonómico del PP. Encargado por la Xunta en 2004, vetado por el bipartito y reeditado ahora, la obra de los profesores Arias y Cancio presenta un detallado análisis económico del accidente.