El PP aprueba la ley de medios públicos en solitario y entre acusaciones cruzadas con la oposición

Dos bloques, el del partido que sustenta al gobierno autonómico y el de la oposición, que no coinciden ni en el diagnóstico sobre la salud actual de la radio y la televisión pública gallegas ni sobre las intenciones del Proyecto de Ley de Servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para la sociedad digital, que así se llama lo que sintéticamente se conoce como ley de medios. Es decir, ni sobre el presente ni sobre el futuro de los medios públicos se pusieron de acuerdo la diputada del PP Carme Pomar y las del BNG y PSdeG, Olalla Rodil y Silvia Longueira, que fueron las encargadas de defender las posiciones de sus respectivos partidos en el debate previo a la votación.

La diputada socialista, por ejemplo, acusó al Ejecutivo autonómico de haber hecho de la TVG una «televisión pública manipulada y pequeña». La portavoz nacionalista, de convertirla en «una huerta del PP», que proyecta «una Galicia folclorizada, muy lejos de la Galicia real». Y la diputada popular, muy al contrario, defendió el «rigor» e «independencia» de los medios públicos gallegos. Pomar, además, echó la vista atrás recordando cómo PSdeG y BNG se habían repartido indisimuladamente el control de los medios en el bipartito. «¿Cómo pueden hablar de que la TVG manipula, o que está secuestrada, y hacerlo sin sonrojarse, después de que se repartieran entre el BNG y el PSdeG la radio y la tele, para después acabar a gritos?», reprochó Pomar a socialistas y nacionalistas, entonces socios en el gobierno y hace casi 16 años relegados a la oposición.

El disenso irreconciliable sobre la situación actual de los medios públicos se extiende hacia lo que deparará el futuro con el nuevo marco legal. La nueva normativa recoge, por ejemplo, que el uso habitual del gallego en los medios públicos, pero «sin perjuicio de la posibilidad de usar adicionalmente otras versiones lingüísticas cuando así lo justifica la finalidad de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la Comunidad Autónoma». La oposición cree que este punto desprotege la lengua gallega, pero los populares lo niegan: la TVG es una herramienta para «la promoción del gallego y de Galicia, así ha sido y así seguirá siendo», defendió Pomar, asegurando el «compromiso irrenunciable» de la Xunta y del partido que sustenta el Ejecutivo con la lengua propia.

Otro de los aspectos más criticados por parte de la oposición son las fórmulas que plantea la ley para la elección de la dirección del ente público. Contempla la necesidad, en un primer momento, del apoyo de dos tercios de la Cámara; pero, de no conseguirse, los requisitos se rebajarían a los 3/5, y, como última opción, sería necesaria únicamente una mayoría absoluta, que, por ejemplo, en estos momentos los populares ya tienen en la Cámara. La diputada del PP defendió esta fórmula para «evitar interinidades». Para los dos principales partidos de la oposición es un subterfugio del PP para designar la dirección «a dedo».

Un cambio estético significativo, pero en esto no ha discusiones, es la denominación de lo que hasta ahora era la CRTVG. Con la entrada en vigor de la ley, pasará a llamarse Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), una denominación más acorde a los nuevos tiempos multimedia.

La nueva ley ha salido adelante con el voto en solitario del PP, con la oposición del BNG y del PSdeG y con la abstención del solitario diputado en la Cámara de Democracia Ourensana, Armando Ojea. El PP había rechazado ya casi todas las enmiendas a la ley presentadas por la oposición.