Los padres de Diego Bello, cara a cara con los tres policías filipinos acusados de acribillar a su hijo a tiros

Presentes en la sala durante las explicaciones de la testigo, los padres del empresario coruñés que murió a las puertas de su vivienda reconocieron que están «esperanzados» con que se haga justicia. «En Filipinas existen buenos abogados, jueces justos y policías que cumplen con su deber. La imagen de este país, al que Diego tanto amaba, no puede quedar manchada por miembros de la Policía que actúan impunemente sin respeto al derecho humano más importante que es la vida», señalaron. Después de casi cuatro años de espera y de un período de incertidumbre cuando los sospechosos se fugaron y pasaron varios meses en busca y captura, la familia del gallego aprovechó su estancia en Filipinas para reunirse con representantes de la embajada de España y de la Unión Europa, que les trasladaron su apoyo y les garantizaron que «el caso de Diego Bello está permanentemente encima de la mesa en nuestra relación con las autoridades filipinas, a las que pedimos que depuren responsabilidades criminales», anotaron.

Los padres de la víctima del tiroteo también fueron recibidos por la Comisión de Derechos Humanos, la primera institución filipina que denunció los hechos y los enmarcó en la llamada Guerra contra las Drogas, llevada a cabo por el anterior presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Todos los indicios recabados hasta el momento apuntan a que el ajusticiamiento de Diego respondió a un plan premeditado por los tres policías acusados para acabar con su vida, con el argumento de que era uno de los mayores narcos de la isla. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas en esta dirección. El nombre del coruñés no figuraba en ninguno de los registros de traficantes que cada localidad maneja ni se encontraron drogas en los locales que regentaba. Tampoco llevaba nada encima la noche de su muerte y los investigadores no encontraron una conexión lógica entre la pistola que presuntamente le colocaron en la mano para demostrar que amenazó a los agentes y su dueño, un vecino de Manila con el que no tenía vínculos.

Sobre el crimen, los policías defienden que Diego los encañonó, pero el análisis del lugar da pie a una presunta manipulación de la escena. Además, y aunque no hubo testigos oculares, en la próxima sesión está prevista la declaración en sala de la propietaria de la casa en la que vivía Diego, que escuchó todo lo que sucedió y oyó los disparos y las voces de los policías. El gobierno del país asiático reconoce más de 6.000 muertes «extrajudiciales» en este contexto. La de Diego, tras el juicio, podría pasar a engrosar esta luctuosa nómina.