Caso Maruxaina: en tiempo de descuento

Desde entonces todos los esfuerzos de las acusaciones y de los investigadores se han centrado en descubrir la identidad de la persona, o personas, que se ocultan tras estas grabaciones. La labor no es sencilla, pero en una segunda fase del proceso se incorporaron a la instrucción unos vídeos en los que aparecen los rostros de algunos de los autores de manera parcial, y en los que también se pueden escuchar sus voces. Un hilo del que tirar al que las denunciantes se abrazan para que el caso no caiga en el olvido. «Le hemos requerido a la Policía Judicial que insistan y que se profundice en esta vía» explica en una conversación con ABC el abogado de las víctimas, Xosé Manuel Oliveiros, que asume que solo existen dos caminos para desenmascarar a los autores. El primero es llegar a ellos a través de las pistas que dejaron en los propios vídeos. El segundo, asume, es forzar que EE.UU. les facilite las IPs de los ordenadores desde los que se subieron las imágenes a las webs. Pero obtener estos datos no está siendo sencillo. «Se envió una comisión rogatoria a Estados Unidos que fue contestada de manera bastante insatisfactoria diciendo que no podían facilitar datos de las IPS de las personas que subieron las grabaciones a las páginas web» indica el letrado de las afectadas.

Pese a todo, las acusaciones particulares solicitaron de nuevo en el juzgado que se reitere esa comisión para que se responda «en los términos en los que se había planteado, porque se contestó de una manera un poco genérica sin mayores precisiones y sin justificar que se hubiera intentado contactar con las empresas que tienen alojadas esas páginas web». Las víctimas también exigen, conscientes de que se trata de una de las pocas balas que les quedan, que «si se consiguen datos se pida también la participación de otros países, porque en la contestación de Estados Unidos se alegaba que podrían estar alojadas en otros países».

Tanto la petición para que se indague en la identidad que las imágenes arrojan de manera parcial, como el rastreo de las IPs, fueron derivadas al juzgado responsable a finales del pasado mes de julio. Teniendo presente que agosto es inhábil a nivel judicial, el letrado de las afectadas espera que en septiembre se acepten sus reclamaciones para que la instrucción pueda avanzar. El tiempo, asume, no les sobra. Dentro de un año, en agosto de 2014, el delito prescribirá, lo que implica que si los autores de los vídeos no son descubiertos en este plazo su delito quedará impune. «Si no hay investigados en un año, se cerrará la vía penal y se abrirá la reclamación económica por la vía administrativa, pero cuando las víctimas se queden solas y sin recursos será casi imposible dar con ellos, porque ya no habrá colaboración a nivel investigador por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Además, lamentan, si estas personas se declaran insolventes ni siquiera habrá un resarcimiento económico. «Si se archiva en vía penal nunca llegarán a descubrirse los culpables» afirma Oliveros a propósito de un caso que avivó el debate sobre la intimidad de las mujeres en lugares públicos y que desde algunos sectores fue descrito incluso como un ejemplo de violencia sexual.

Todas las afectadas declararon ya hace meses en el marco de la instrucción del caso, pero sus testimonios no ayudaron luz sobre la autoría del delito porque ninguna de ella se supo grabada hasta que estos vídeos empezaron a correr por plataformas pornográficas, algunas de ellas de pago. Lo que sí dejaron claro en sus declaraciones las perjudicadas es el daño ocasionado por la publicación de estas grabaciones, que en algunos casos obligó a sus protagonistas a recibir asistencia psicológica y cuyo recuerdo se agrava en estas fechas coincidiendo con la celebración anual de las fiestas. De dar con los autores de los vídeos, cada uno de ellos se estaría enfrentando a un delito de revelación de secretos que se pena con cinco años de cárcel. Pero las particularidades y condicionantes del caso no se lo están poniendo fácil a las acusaciones, que se comprometen a agotar hasta la última vía para poner cara a los responsables de las polémicas grabaciones.