María Martínez Allegue, conselleira: «¿Movilizar las viviendas vacías? Lo primero es derogar la Ley estatal»

—Aun así, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de falta de viviendas?

—Viene un poco motivado por la crisis que sufrimos en 2008 y la inflación correspondiente. También por el cambio que hubo en los planes estatales de vivienda, que se dejó la ayuda que había a promotores para la construcción de vivienda protegida, y eso desincentivó la construcción de vivienda protegida. Repuntamos ahora, no solo Galicia, es algo que están haciendo todas las Comunidades. Nosotros apostamos no solo por la construcción de nueva vivienda pública, sino también por habilitar ese suelo. Tenemos una estrategia de suelo residencial en el cual hemos delimitado unos ámbitos, con previo estudio de usos urbanizables que llevaban años sin desarrollarse. Vamos a incentivar 25.000 nuevas viviendas y paralelamente la ejecución de otras 4.000 a mayores que estamos ya realizando desde la Xunta.

—¿Acelerar la construcción de vivienda pública en esta legislatura no es una manera de reconocer que se podía haber hecho más en las anteriores?

—Seguramente se puede hacer más incluso de lo que estamos haciendo. Está claro que partimos de una demanda de nuestra sociedad, de una inquietud que según la última valoración que hay es la segunda preocupación que tienen los gallegos y es por lo que estamos apostando. En estos seis meses, solo en construcción de vivienda pública, promovida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y por la Xunta, tenemos actualmente 1.600 viviendas públicas en distintas fases de tramitación, la mitad de ellas ya en construcción.

—El Gobierno plantea la extensión indefinida de la protección de las viviendas de promoción pública.

—Eso que está pidiendo el Gobierno nosotros ya lo llevamos. Entre las medidas legislativas de la ley de acompañamiento de los Presupuestos establecemos que las viviendas de promoción pública tienen calificación indefinida y permanente, y que las viviendas de protección autonómica desarrolladas en suelo público también la tendrán. Será de aplicación para todas las viviendas que ya son titularidad del IGVS y las de promoción privada desarrolladas en suelo público; se aplicará a las de nueva construcción.

—¿Por qué los concellos no tienen un papel más protagonista en la promoción de vivienda?

—Competencia está claro que tienen. La Ley de Bases de la Administración Local así lo establece. A modo de ejemplo, en esa convocatoria de subvenciones que se hace desde la Xunta –en la que también pueden participar no sólo cooperativas y promotores, sino también administraciones locales–, el Ayuntamiento de Vigo tiene una subvención para un suelo para la construcción de 27 viviendas, en la zona de Esturáns, y también La Coruña, en Xuxán, tiene para 50 viviendas. Es decir, van a promover su vivienda de promoción pública. Los ayuntamientos está claro que tienen competencia, y también en ese sentido demandamos colaboración.

—En las últimas semanas han presentado su proyecto para viviendas compartidas para jóvenes en Santiago. ¿Es una idea que puede extenderse a otras ciudades?

—Sabemos que emanciparse hoy en día no es tan fácil. Así que apostamos por unos diseños conjuntos y colaborativos. Estos alojamientos compartidos, donde se establecen una especie de zonas comunes y alquileres asequibles por un plazo máximo de tres años, si bien inicialmente lo decidimos para Xoán XXIII porque teníamos el suelo ya disponible y la zona en la que está situada es emblemática, también estamos trabajando en otros ámbitos de otras ciudades como Vigo, La Coruña o Pontevedra que daremos a conocer más adelante, pero ya tenemos todo planificado.

—¿Está funcionando la conversión de bajos comerciales en vivienda?

—Hay dos medidas. La medida que adoptamos el año pasado, que es cierto que sí que abrió un poco la puerta para esos cambios de comercial a residencial; y la medida que llevamos ahora, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, que esperemos que sí que sirva para dar ese impulso a los Ayuntamientos que, queriendo realizar o dar ese título habilitante para cambiar de bajo a residencial, para hacerlo tenían que modificar su normativa, su planeamiento. Ahora ya no hará falta eso, sino que hay una normativa con rango de ley excepcional, hasta 2028, que lo habilita sin necesidad de tener que modificar planeamiento.

—Una de las expresiones estrella del año es «zona tensionada». ¿En Galicia las va a haber?

—Este Ejecutivo está totalmente en contra del intervencionismo en el mercado. Está totalmente en contra de la Ley de Vivienda estatal, que hemos recurrido. Está surtiendo el efecto contrario al que supuestamente deseaban, toda vez que al propietario le ha generado una inseguridad jurídica tal que no destina su vivienda vacía al alquiler, sino a otros usos o simplemente la mantiene vacía. Y también se ha demostrado que, comparativamente con otros países donde se han declarado zonas tensionadas, han fracasado y se han revertido. Incluso en Cataluña, que es la Comunidad donde hay declaraciones de zonas tensionadas, hace escasamente dos semanas anunciaban que habían disminuido los precios, pero que paralelamente ha disminuido, y mucho, la oferta de viviendas en el régimen de alquiler. No obstante, estamos en un Estado de Derecho y nosotros cumpliremos la ley. Ahora bien, no hay a día de hoy ningún ayuntamiento en Galicia que haya solicitado la declaración de zona tensionada. Lo que ha habido son meras declaraciones de intenciones. Tal y como establece la normativa estatal, esa solicitud debe venir acompañada de parámetros objetivos que así lo habiliten, porque no es una solicitud voluntaria, sino que tienen que darse unos parámetros objetivos.

—¿Qué se puede hacer para que los propietarios pongan las viviendas vacías en el mercado?

—Primero, derogar o modificar la ley de vivienda. No facilitar las 'okupaciones', no facilitar la imposibilidad de 'desokupar' esa vivienda, incentivar al propietario, darle medidas para que quiera poner su vivienda vacía en alquiler. Nosotros lo estamos intentando por muchos medios. De hecho, tenemos una línea de ayudas por la cual, a través de los concellos que se quieran adherir, o a través de agentes inmobiliarios, facilitamos al propietario un seguro por impago de rentas, un seguro por daños, e incluso concedemos una ayuda de hasta 8.000 euros para rehabilitar un inmueble vacío para ponerlo en alquiler. Pero ni aun así el propietario pone su vivienda en alquiler. La ley estatal de vivienda está haciendo mucho daño. Por otro lado, el cambio de modo de cuantificar qué se considera una vivienda vacía o no vacía también ha afectado muchísimo. Se están cuantificando como viviendas vacías muchas segundas residencias. Y también tenemos que tener en cuenta que en Galicia la mayoría de esas viviendas están situadas en ayuntamientos pequeños, incluso de menos de 1.000 habitantes, donde realmente no hay demanda de vivienda. La demanda de vivienda aquí se centra en las grandes ciudades.

—Se van a rescatar las autopistas autonómicas con peaje en la sombra. ¿Se plantea para más adelante las de Carballo o Val Miñor?

—Como consecuencia de ese peaje en sombra en las autopistas del Salnés, Barbanza, Brión-Noia y Celanova-Orense, estábamos asumiendo unas cargas presupuestarias, unos cánones que teníamos que pagar anualmente a las concesionarias, que eran inmensos. Con el rescate hemos liberado 330 millones que teníamos comprometidos y esto nos permite hacer otras políticas públicas, como, por ejemplo, en vivienda o en infraestructuras. En las de Carballo o Val Miñor no quiere decir que no sigamos avanzando en otras posibilidades. Lo que hemos hecho para este 2025 ha sido consignar una cantidad de 5,5 millones para mantener sus bonificaciones, que son las más baratas que tenemos en nuestra Comunidad. Nada que ver con la AP-9 o la AP-53, la única en España que no tiene ningún tipo de bonificación por parte del Estado. Y seguiremos pidiendo al Gobierno central que cumpla los compromisos que adquirió. Le seguiremos exigiendo al señor Besteiro que cumpla el compromiso de campaña electoral, la gratuidad de la AP-9. No puede ahora exigirnos comparativamente la gratuidad de nuestras autopistas porque nosotros jamás la prometimos. Nosotros aplicaremos las bonificaciones que sean correspondientes y veremos paulatinamente cómo llegar, de aquí a un horizonte futuro, a esa posible gratuidad.

—AP-9. ¿Hay alguna esperanza para que se realice la transferencia de la titularidad?

—Lamentablemente tengo que decir que las palabras del ministro Óscar Puente son poco creíbles. Un día dice una cosa y al otro día dice la contraria. Un día dice que no se pueden asumir las bonificaciones, y a las dos semanas siguientes dice que sí, que lo va a hacer. No sabemos cómo, porque los Presupuestos no están aprobados.

Las cifras que arroja el ministro no sabemos tampoco de dónde salen realmente. Por eso elaboramos ese informe, mediante esa consultora externa e independiente, que cuantificase tanto la transferencia, que es lo que nosotros estamos demandando, como la gratuidad, que es a lo que se comprometió la oposición, el PSdeG y el BNG, en campaña electoral. Cifras muy inferiores a las que arroja el ministro.

Hemos aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego una proposición de ley orgánica que está ahora mismo en el Congreso, que parece que se dilata en el tiempo 'sine die'. Esperanza de la transferencia, si depende del actual gobierno central y del actual ministro de Transportes, tengo poca.

—¿Es realista pensar en el rescate de la autopista?

—Nosotros le hemos trasladado un informe con unas cifras reales, medibles, cuantificables y asumibles para el Gobierno central. Igual que transfiere otras autopistas en otras Comunidades consideramos que debe siquiera valorarse la transferencia de la AP-9 y, ya si es el rescate, perfecto.

—¿Son las viviendas de uso turístico (VUT) las culpables de las tensiones en los precios del alquiler?

—Nuestra Comunidad no es Canarias, no es Andalucía y no es Baleares. Sentado esto, nosotros a través del Observatorio de Vivenda tenemos un estudio de las viviendas de uso turístico y de las necesidades habitacionales o dónde hay más inscritos en registro de demandantes. El problema de la dificultad de acceder a una vivienda no es causado por las VUTs en Galicia, claramente. No es esa la causa del problema.