Hacer justicia al crimen del coruñés Diego Bello en Filipinas, una «labor de hormigas»

Al habla Guillermo Mosquera, abogado. Atiende por teléfono a ABC, el pasado viernes, desde el aeropuerto, tras pasar los controles. Se dispone a coger un vuelo a Filipinas junto a los padres de Diego, Pilar y Alberto. Que el pasado mes de noviembre tuvieron ante sí, por primera vez, a los presuntos asesinos de su hijo. Ha transcurrido más de medio año. Cada mes, explica el letrado, se celebra una «mini vista»; declara un testigo, por un tiempo preestablecido, y si no ha terminado de prestar testimonio cuando ha de concluir la vista, ha de hacerlo en la siguiente. Este lunes estaba fijado el turno para los vecinos de Diego en la localidad de General Luna, en la isla de Siargao, a dos horas y media en avión de Manila. «Y así continuamente. Son cosas que se eternizan, su sistema es así», concede Mosquera. Mejor asumirlo que frustrarse. Máxime cuando este mismo lunes se ha comunicado que la vista quedaba suspendida y pasaba a celebrarse el 5 de agosto.

Diego Bello tenía tan solo 32 años cuando fue asesinado. Se habló de extorsión, de mordidas. Que se cruzó en el camino de alguien muy poderoso a quien resultaban molestos su presencia y sus negocios. Sea como fuere, Diego vivía en Filipinas, donde llevaba residiendo dos años y medio, porque era un trotamundos, un aventurero y un emprendedor. Un alma inquieta que tenía en el surf y el buceo sus grandes pasiones. Y que, tras un paso por Londres, había recalado en Tailandia, Australia y Honduras, hasta establecerse en Siargao, Filipinas. Allí fundó un restaurante, dos tiendas de ropa, un estudio de tatuajes y un negocio de guías turísticos. Podría haberse quedado en casa y perseverar en el fútbol –jugó en categorías inferiores del Deportivo–, pero recorrió medio mundo en busca de vivir sus sueños. Cómo podían imaginar él y los suyos que acabarían en pesadilla.

La muerte de Diego y todo lo que le siguió tuvieron lugar en otro continente, y en un país cuya «forma de ver la vida», como señala Mosquera, «es completamente distinta a la nuestra». Es crucial no perder esto de vista para entender el caso. Cómo la primera reacción de la Policía es retratar al joven coruñés como un gángster, el traficante «número uno de la región». Urdiendo, según la fiscalía, un plan para presentar su asesinato a sangre fría como una redada que acabó mal.

La familia nunca se creyó la versión de que Diego llevaba droga encima, acudió bajo el señuelo de una falsa operación de venta de droga, y, al descubrir que era una trampa, desenfundó una pistola del calibre 45. Los policías no tuvieron más remedio que abrir fuego, siempre según esa versión oficial que el hermano de Diego, Bruno, calificaba de «patraña mal montada», a este diario, ya en marzo de 2020. Desde entonces se ha establecido que Diego recibió disparos «de arriba a abajo», es decir, fue rematado en el suelo; y los casquillos de bala fueron recolocados, alterando la escena del crimen.

Precisamente, los vecinos han de refrendar lo que ya declararon al National Bureau of Investigation (NBI): que, en contra de lo que argumentaba la Policía, no hubo un disparo previo a que Diego gritase, sino que lo cercaron y acabaron con su vida. «Es lo que esperamos. Sabemos cómo funcionan estos países», indica Mosquera, aludiendo al «miedo a declarar».

Contra esta realidad que tanto dista de la nuestra –y que explica también cómo los tres policías, sobre los que pesaba una orden judicial de arresto y prisión sin fianza, pudieron pasarse casi un año fugados, hasta que se entregaron en febrero del año pasado–, ha de lidiar la familia de Diego Bello, que desde el primer minuto emprendió una cruzada para limpiar su nombre y llevar a sus asesinos ante la justicia. Una labor que asumió primero su hermano Bruno, para después encargarse de las labores de portavoz su tío Francisco Lafuente. Y en la que finalmente se han involucrado de lleno también sus padres. Cuatro años largos de pelear para ser escuchados por partidos políticos e instituciones, de hacer ruido para que la maquinaria diplomática española arrimase el hombro. Con la asistencia legal de Mosquera, reforzada después por un bufete filipino. «Si no fuera por esa labor de hormigas, no estábamos aquí cuatro años después», dice el abogado coruñés. «Mucha otra gente ya lo hubiese abandonado. Es tedioso, intentan irlo dejando en el olvido».

Con los presuntos asesinos afrontando ya un juicio, en absoluto ha terminado esa labor larga y minuciosa. Los padres de Diego y su letrado aprovecharán el viaje para mantener reuniones, toda la semana, con el fiscal, senadores, el embajador, el bufete filipino y prensa local –tienen agendada una rueda de prensa con seis o siete medios, que ya le dan más cobertura al caso y lo sacan «a la luz»–. «Sabemos cómo funcionan estos países», insiste Mosquera: si hay «presiones» desde fuera, desde Europa en este caso, «las cosas van más rápido y de otra manera».

Se trata, en definitiva, de seguir muy encima para que la muerte de Diego «no se olvide y se aclare cuanto antes». Por lo de pronto, «que se sigan celebrando vistas» ya supone un paso un paso muy importante en Filipinas, donde «deciden un día que ya está y dictan sentencia», contaba Mosquera cuando aún no tenía constancia del aplazamiento del juicio. «El tiempo» que necesiten para hacerle justicia a Diego «no supone nada», le decía en su momento a este medio. No tiraron la toalla cuando, tras un año del crimen, veían con impotencia que nada se movía, y mucho menos lo harán ahora.

[Información actualizada el 17 de junio de 2024, tras conocerse que la vista quedaba suspendida; y, de nuevo, tras notificarse la nueva fecha.]