El juicio del Alvia escucha a familiares y heridos para calibrar las indemnizaciones
Este martes comienzan las sesiones de la parte civil de la vista oral, que se alargará más de tres meses
J. Hierro
Santiago
Después de más de cuatro meses de un juicio en el que se dirimen las responsabilidades por la mayor tragedia ferroviaria de los últimos 80 años, la juez Elena Fernández Currás dio la semana pasada carpetazo a la fase penal de la vista oral, que ... este mismo martes entrará en una nueva fase, de carácter civil, que servirá para establecer las indemnizaciones a los 145 heridos y los familiares de las 80 víctimas mortales del accidente de tren de Santiago de Compostela. En los próximos tres meses, la Cidade da Cultura de la capital gallega, escenario del juicio, recibirá un goteo de familiares, heridos y peritos que ayudará a calibrar las responsabilidades civiles.
No será hasta el próximo mes de junio, por tanto, que la jueza deje visto para sentencia el caso Alvia, que sienta en el banquillo al maquinista del tren, Francisco Garzón Amo, y al exjefe de seguridad de la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, encausados por 80 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave —uno por cada víctima mortal—. Aunque la Fiscalía reclama la misma pena para ambos, una condena de hasta cuatro años de cárcel, las razones que han llevado a cada uno de ellos a su procesamiento son bien distintas.
El accidente, ocurrido la tarde del 24 de julio de 2013, se produjo porque el maquinista, despistado en una conversación telefónica que mantenía con el interventor del tren —que viajaba en uno de los vagones—, tomó la curva de A Grandeira (Angrois), muy cerca ya de la estación de Santiago, a más del doble de la velocidad permitida. El tren descarriló cuando circulaba a 192 kilómetros por hora en una curva con un límite de velocidad de 80. Por otra parte, el fiscal señala a Cortabitarte, excargo de la empresa responsable de la infraestructura, por no haber hecho ni encargado las evaluaciones de riesgos integrales pertinentes antes de la puesta en marcha de la línea de alta velocidad entre Orense y Santiago, en diciembre de 2011, año y medio antes del accidente.
Cuando el Alvia descarriló, la curva de Angrois no estaba protegida por ERTMS, un puntero sistema de seguridad que hubiera frenado el tren en caso de que el maquinista superase la velocidad permitida. En su lugar, contaba con el sistema Asfa, mucho menos sofisticado. Había una doble razón para ello. Por una parte, porque en el proyecto definitivo se cambió de opinión y dejaron partes de la línea sin cubrirse con ERTMS —A Grandeira, entre ellas—. Por otro, porque Cortabitarte, a petición de Renfe, había autorizado su desconexión por una serie de problemas técnicos. De todas formas, varios peritos que comparecieron en el juicio sostuvieron que, aunque el ERMTS solo fuese parcial, el accidente se podría haber evitado, porque los avisos que el sistema envía a la cabina por el cambio de ERTMS y Asfa, antes de la curva, podrían haber 'despertado' a Garzón Amo de un despiste que la defensa prefiere llamar «pérdida de conciencia situacional».
¿Fue el despiste de Garzón Amo a los mandos del Alvia la causa definitiva del accidente o la consecuencia de una supuesta desprotección de la seguridad de la vía? En esencia, la respuesta a esta pregunta será la que marque la suerte de los dos investigados. Por eso sus estrategias, a través de sus defensas, durante todos estos meses de juicio, han pivotado en buena medida en verter responsabilidades sobre el compañero de banquillo.
En todo caso, como se ha dicho, todavía faltan meses para que se conozcan las conclusiones de la jueza en cuanto a esta disyuntiva. También para escuchar las conclusiones finales y los informes de las partes, que no se pronunciarán hasta —previsiblemente— el mes de junio, cuando acabe la fase dedicada a responsabilidades civiles.
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