La jueza ordena buscar y encarcelar al exadministrador de Alu Ibérica

Con unas pérdidas de 157 millones, Alcoa anunció a principios de 2019 el cierre de las plantas de La Coruña y Avilés. La multinacional estadounidense aceptó después vender las factorías a un inversor interesado en un proceso tutelado por las administraciones. La oferta elegida fue la del fondo suizo Parter Capital, dirigido por Rudiger Terhorst, también buscado por la justicia española para que acuda a declarar como investigado. Parter pagó un euro por ambas fábricas y nombró a Magin como administrador. El fondo, que se había comprometido a mantener la actividad y no vender los activos en dos años, enseguida empezó a negociar con el Grupo Riesgo, otro de los candidatos en el proceso de venta que había sido descartado por su escasa solvencia. En un auto del pasado día 8 de noviembre, adelantado por El Comercio y al que ha tenido acceso ABC, la jueza define a Riesgo como «un grupo de empresas sin personalidad jurídica y sin experiencia en el sector, dirigido por otro de los investigados en este proceso penal, el ciudadano argentino Víctor Rubén Doménech«.

Además de vender las fábricas por un precio simbólico, Alcoa, recuerda la jueza, se comprometió a desembolsar hasta 95 millones de dólares «durante los 21 meses siguientes a la venta» para que Parter «implementara un plan de negocio que permitiera el mantenimiento de la actividad en ambas plantas». Poco después de la venta, el grupo Riesgo contactó con Magin. El administrador único de Alu Ibérica, relata Tardón, «considerando la oportunidad de obtener un beneficio rápido en la operación, y sin tener en cuenta los compromisos adquiridos con Alcoa, acordó con Víctor Rubén Doménech« el traspaso del 75 % de las acciones por 13 millones de euros. «Como el comprador no disponía de fondos para pagar los 13.000.000 € estipulados como precio de la operación, Víctor Rubén Doménech (comprador) y Joachim Magin (vendedor) decidieron que esa cantidad se podía extraer de la tesorería de las empresas que se iban a vender«, prosigue la instructora. Para la jueza, esta conducta »aparece como inequívocamente constitutiva o de un delito de apropiación indebida o de administración desleal, cuyo autor sería Joachim Magin«. El beneficiario sería Blue Motion Technologies AG, la sociedad participada del grupo Parter que se usó para comprar las plantas de aluminio. En el auto, Tardón sigue el rastro de los 13 millones de cuenta a cuenta bancaria. Salieron de los fondos de Alu Ibérica para ser traspasados en modo de préstamo al Grupo Riesgo y de ahí a Parter Capital. La jueza censura que Magin sabía que ese préstamo era de «dudoso cobro» dada la situación de las plantas de aluminio.

El saqueo continuó con los siguientes propietarios. Tardón relata que «varios informes de la unidad de investigación financiera de la policía judicial han descrito las operaciones a través de las cuales Víctor Rubén Doménech y las personas de su entorno habrían aprovechado su condición de gestores de Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL para apropiarse de los escasos activos que poseían estas sociedades».

Después llegó el concurso de acreedores y la pérdida de más de 600 puestos de trabajo. La instructora considera responsable a Magin «sin perjuicio de que pueda haber también otras personas responsables como coautores o como cómplices«. En el marco de la investigación, Tardón pidió ayuda a las autoridades suizas para localizar al sospechoso sin que pudiesen encontrarlo. Sí trasladaron a la justicia española que el socio director de Parter, Rudiger Terhorst, denunció a Magin por hacer varias transferencias por valor total de 10 diez millones de la cuenta en la que estaban los 13 millones procedentes de la venta de las plantas. La última fue un préstamo a una persona física, lo que Tardón cree que podría constituir un delito de blanqueo de capitales. La jueza considera, además, que Magin «se está sustrayendo deliberadamente a la acción de la justicia, tanto en España como en otros países».