La juez no ve delito de lesiones en la agresión a 16 policías heridos durante las protestas por la crisis de la mejilla en 2023

Año y medio después de aquellos altercados, que tuvieron graves consecuencias en la salud de algunos de los antidisturbios heridos, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Elisa Soutullo, ha emitido un auto al que ha tenido acceso ABC en el que limita lo ocurrido a un presunto delito de atentado, del que además exime a cuatro de los doce investigados. La decisión de la magistrada, que solo ve un delito de atentado en la actuación de ocho de los participantes en la revuelta, dio pie a un recurso presentado ayer por la defensa del grueso de los policías heridos, canalizada a través de la Confederación Española de Policía (CEP). Para el letrado de la acusación, el compostelano Martín Fuentes, de FCM Abogados, el auto de la instructora es «vago e incoherente». Se queja, como muestra su recurso, de que no se individualice cada caso concreto, pese a la cantidad de imágenes existentes, y lamenta que la juez «ni siquiera mencione» a algunos de los agentes heridos aquella jornada. «A uno de ellos le destrozaron el menisco y sus opciones de progresar en el cuerpo; a otro le lanzaron un petardo de 50 gramos tan cerca que perdió de golpe el 28 por ciento de la audición, pero en el auto ni siquiera se habla del lanzamiento de petardos» relata Fuentes como parte de un rosario de secuelas que, critica, el auto pasa por alto.

En el recurso de la CEP se habla de un «error en la interpretación de las diligencias practicadas» por parte del juzgado compostelano, que «es incongruente y no se ajusta a la realidad, omitiendo hechos de suma relevancia sustentados en indicios sólidos y razonables». Para el portavoz gallego del sindicato CEP, José Javier Martínez, el escrito de la magistrada sobre el ataque a los 16 policías «deja fuera muchos hechos relevantes, como el impacto de piedras en el casco de los agentes, llegando a poner en duda que la fuerza con la que se lanza una piedra pueda ocasionar una determinada lesión». «Hay —retoman— casos sangrantes como el de un efectivo que tuvo que ser operado de una rodilla y que la jueza ni menciona en el auto como víctima».

Llama la atención también que pese a reconocer que algunos de los detenidos arrancaron «las tablas de un banco de madera» para atacar con él a los antidisturbios, o que una de las detenidas «hizo acopio de adoquines para lanzárselos a los agentes» para después «coger un palo de grandes dimensiones y golpear a un policía», la magistrada no traduzca ninguno de estos comportamientos en un delito de lesiones. «El auto no tiene nada que ver con la realidad» insiste el abogado de la acusación, que sostiene que existe un delito grave en el caso de «efectivos con el ligamento roto e incapacitados para su trabajo, que en el auto no se mencionan ni como perjudicados». Otra de las críticas que los policías heridos hacen a las instructora es lo resumido de su decisión, apenas catorce folios que, sostienen, no profundizan en lo ocurrido ni particularizan debidamente la situación.

Sobre la capacidad para probar lo sucedido, las acusaciones insisten en que hay numerosos vídeos que muestran gráficamente no solo lo ocurrido sino la identidad de los causantes de las lesiones. Desde la CEP, además, asumen que la protesta fue una acción «coordinada, premeditada e ilegal (...) que se volvió violenta y donde con palos, tornillería y objetos contundentes se agredió brutalmente a los agentes que impidieron el asalto a San Caetano». Acerca de las medidas futuras, y ante la tibieza de las conclusiones de la instrucción, anuncian que recurrirán «esta y todas las decisiones que consideren injustas sobre esta instrucción».