El año judicial arranca en Galicia con cuatro prisiones permanentes en el aire

El primero en la agenda del año arrancará en cuestión de dos semanas, el próximo día 17, momento en el que el tío acusado de estrangular a su sobrino de 3 años en Santiago en 2021 se sentará en el banquillo. Tanto la fiscalía como la acusación popular piden para él la pena de prisión permanente revisable, mientras que la defensa solicita la eximente completa de responsabilidad penal alegando que el procesado estaba enajenado. La clave del juicio estará en discernir el nivel de consciencia que el procesado tenía en el momento de la muerte del niño, con el que estaba jugando en la casa familiar. Un jurado popular atenderá a las declaraciones de testigos y expertos durante los diez días que se dilatará el juicio, y tras los que tendrá que argumentar y ofrecer su veredicto de culpabilidad, o no.

Una semana después, en la Audiencia provincial de Lugo se activará una particular máquina del tiempo, la que llevará al tribunal a juzgar un caso de hace 30 años con las normas de aquel entonces. No habrá, por tanto, jurado ciudadano en la vista por el doble crimen de O Ceao, que valorará la responsabilidad del eterno sospechoso en el caso por la muerte violenta de los dos empleados de la tienda del Cash Récord en abril del 1994. Se lo acusa de entrar armado, disparar a quemarropa a las víctimas y llevarse 5 millones de pesetas. Durante décadas no se supo nada de él —se trasladó a Burgos y trabajó como camarero— pero pasado el tiempo el testimonio de varios testigos señaló a este hombre y el avance en la investigación permitió llevarlo a juicio, aún con la Fiscalía en contra. Las acusaciones, por su parte, adelantaron que pedirán para él la «pena máxima» permitida con la legislación del momento en la mano.

A finales de febrero, el día 27, la madre de la niña Desirée Leal, condenada a prisión permanente revisable por la muerte de la pequeña de 7 años en su casa de Muimenta, volverá a verse las caras con un jurado popular. Lo hará a petición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ante le recurso de la acusada entendió que el veredicto del tribunal ciudadano no estaba bien argumentado y ordenó la repetición del juicio. Lo que afeó el tribunal al revisar la sentencia es que no quedó clara la determinación del grado de imputabilidad de la acusada, una de las cuestiones clave en el proceso. Ahondando en este escollo, afirma que la lectura de la sentencia basta para comprobar cómo no hubo un solo criterio sobre la imputabilidad de la acusada durante el juicio, y exige que se repita el proceso para esclarecer hasta dónde estaban afectadas sus facultades mentales la madrugada de los hechos. La decisión del tribunal fue un mazazo para el padre de la pequeña, que al igual que la Fiscalía insiste en que Sandamil planeó el crimen. «Querría mucho a la niña, pero no la quería bien» llegó a plantear la representante del Ministerio Público en su alegato final.

Entre el 6 y el 10 de marzo, la Audiencia provincial de Pontevedra recibirá al acusado de tirotear a su expareja y a la madre y hermana de ésta (de 39, 57 y 27 años respectivamente) en una aldea de Valga en 2019. Lo hizo, según la acusación que pesa sobre él, delante de sus dos hijos de corta edad, que ahora están bajo la custodia del abuelo materno. La instrucción aclara que José Luis Abet era consciente de que sus hijos estaban presenciando el asesinato de su madre, y el análisis forense confirma que la abuela de los niños forcejeó con el acusado cuando lo vio dirigirse a ellas armado con una pistola. Entre los testigos llamados a declarar se sentará el vidente africano al que el procesado consultaba para dañar a su exmujer con magia negra. Poco después de acabar con la vida de las tres mujeres y de dejar a sus hijos en la escena del crimen, Abet envió varios mensajes reconociendo el crimen. También condujo hasta la casa de su madre, lanzó el arma y la munición a un río cercano, y se entregó reconociendo a un agente que sabía que a su mujer la había sentenciado, pero que no estaba seguro de «si las otras dos seguían vivas o no». Fiscal y acusación particular piden para él la prisión permanente revisable.

Sin fecha aún para la vista oral, el 2023 se prepara para otros dos juicios relevantes. Uno de ellos buscará cerrar las heridas de la explosión que en 2018 convirtió la parroquia de Paramos (Tui) en la zona cero de un accidente inédito en la historia de la Comunidad. Un matrimonio perdió la vida, hubo numerosos heridos y decenas de viviendas afectadas cuando este almacén ilegal de fuegos de artificio saltó por los aires en plena tarde. El único acusado, Francisco G.L., dueño de la empresa pirotécnica 'La Gallega', se enfrenta a una petición de 14 años entre rejas por acumular sin las mínimas garantías de seguridad material explosivo capaz de causar daños en 430 viviendas y 36 vehículos. En el almacén, indica la instrucción del caso, había más de 2.000 kilos de material pirotécnico que arrasó con todo lo que había en 800 metros a la redonda.

También a lo largo del 2023 llegará a los tribunales el crimen que en 2021 puso fin a la vida de Cristina Núñez, de 33 años y madre de un bebé que fue tiroteada en su casa mientras se recuperaba de una operación. El acusado es un hombre —para el que la Fiscalía pide 28 años y la familia la prisión permanente— cuya pareja había sido amante del marido de la fallecida. Un triángulo amoroso que podría esconder el móvil del crimen, pese a que el acusado en todo momento negó los hechos, limitándose a decir que solo entró en la vivienda a robar y que el crimen fue responsabilidad de una tercera persona con la que había consumido drogas. La investigación, sin embargo, destapó una tormentosa relación entre los dos compañeros de trabajo que acabó con la baja de la mujer del acusado por ansiedad. Un tribunal ciudadano tendrá la última palabra.