análisis
Vuelta al cole con Eulen y el hospital Cunqueiro
El PSOE solo se acuerda de Eulen cuando un juez en Madrid investiga a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez
Nos adentramos en la recta final del verano, a apenas diez días de pisar septiembre y abandonar el asueto estival para que nuestros políticos regresen cada uno a su trinchera. El mes próximo nadie se acordará del bar de Mera y sí probablemente ... de que los trenes cada vez funcionan peor, de que no se está siendo todo lo transparente que se debe con los traslados de migrantes –que bienvenidos son en esta tierra necesitada de aumentar población– y, sobre todo, del hospital Cunqueiro y las concesiones a Eulen. Esto último promete llenar horas de debate político este próximo curso.
Lo del Cunqueiro trae causa de un informe del Consello de Contas que viene a decir que ha salido carísimo construirlo mediante concesión público-privada, y que la Xunta debió haber evaluado otras opciones. Recordemos que fue el mayor hospital inaugurado en España durante la peor crisis económica que se recuerda –incluida la del Covid, que fue más abrupta pero menos sostenida en el tiempo–.
El PSOE acusa a Feijóo –y por extensión a Rueda– de haber modificado el proyecto que el bipartito dejó en herencia, que venía a consistir en una maqueta bien lucida en el contexto de un presupuesto expansivo. Luego llegó 2009 y la realidad: la Xunta tuvo que ajustarse el cinturón hasta casi rozar la economía de subsistencia. Que la concesión iba a tener un coste añadido ya se sabía: cuando un tercero hace una obra por ti, lo lógico es que obtenga un margen de beneficio que no existe cuando la obra la realizas tú con tus propios fondos. Pero aquella Xunta no tenía fondos, y, sin embargo, quería levantar el hospital. Esto llevó en su día a toneladas de demagogia socialista encabezadas por Abel Caballero, que llegaron a referirse al Cunqueiro como «hospital privado».
¿Acaso las administraciones socialistas no incurrían en esta modalidad concesional para construir hospitales? Resulta que sí. En 2009, el gobierno de Francesc Antich, en Baleares, adjudicó por 688 millones la construcción en Ibiza del complejo de Can Misses –hospital y dos centros de salud–, con reserva para la concesionaria de servicios como lavandería, restauración, logística, gestión del archivo e historias clínicas... Vaya, que se parece mucho al Cunqueiro. ¿Será que un gobierno socialista también privatiza hospitales públicos? ¿O es que tamaña acusación es, simple y llanamente, falsa? Suyas son las conclusiones.
Lo de Eulen es todavía más llamativo. La retórica de la oposición busca que usted interiorice que esta es «la empresa de la hermana de Feijóo», como si Micaela Núñez fuera propietaria o accionista de la compañía, y no una directiva de la región noroeste. Lleva en ese puesto desde julio de 2003, es decir, seis años antes de que su hermano accediera a la Presidencia de la Xunta. O sea, poco de lo que le vamos a contar es nuevo o desconocido. Pero ha sido convenientemente rebarnizado para darle de comer a determinadas tertulias, redes sociales y medios de comunicación.
Resulta que Eulen, empresa estatal dedicada a la prestación de servicios –desde almacenaje, seguridad o asistencia en diversos ámbitos de gestión– lleva obteniendo contratos de la administración autonómica desde el bipartito. Al PSOE solo le interesan los adjudicados durante la etapa de Feijóo, claro está. Pero curiosamente solo se ha acordado de esta cuestión dos años después de que este se fuera a Madrid y –oh casualidad– al mismo tiempo que un juez de Madrid investiga a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno por valerse de su parentesco para supuestamente obtener prebendas en el ámbito laboral. Vamos, que habrían medrado profesionalmente gracias al apellido y a la alianza de boda.
Los contratos de Eulen con la Xunta han estado siempre ahí, al alcance de los medios –como los que estos días parecen estar descubriendo la pólvora– o de la izquierda, colgados en el Portal de Transparencia para que alguien con un mínimo de interés los escrutara y analizara, en busca de chanchullos. Y, de haberlos, acudir a la Justicia. Nada de eso ha sucedido durante los últimos quince años. Ni amago de comisiones de investigación, ni amenazas de querellas. Nada. Todo 'se descubre' aquí y ahora. Cuesta tomarse en serio a esta oposición, la verdad.