¿Montaría usted una industria en Galicia?

Seguramente lo primero que haga es consultar el contexto, para saber dónde aterriza. Si usted tiene el día un poco vago y le pregunta a ChatGPT en lugar de contratar a una consultora, la IA le dirá que en efecto, en Galicia hay procedimientos administrativos para agilizar la tonelada de burocracia que se exige para la implantación en el territorio. Hay ventanillas únicas, simplificación de procesos, mecanismos de facilitación financiera y, desde luego, un discurso desde la Xunta amable con quien quiere abrir una industria en esta esquina de la península, a desmano de muchas (demasiadas) cosas.

Pero, al mismo tiempo, el ChatGPT le alertará de que existe cierta contestación social, porque determinados anuncios levantan en armas a colectivos y partidos políticos contra iniciativas industriales de calado. Y, efectivamente, le pondrá el ejemplo de Altri. Probablemente a usted le surja la duda de cómo es posible que haya pasteras buenas y malas solo en función de dónde se ubiquen: si son en As Pontes, no hay ruido ni rechazo; si son en Pontevedra o Palas de Rei, el discurso de oposición abraza lo apocalíptico –«Mi tierra, Galicia, está en peligro», que proclama Zahera en un vídeo que le saltará sin pedirlo–. ¿Y qué lleva a gozar de respaldo o sufrir rechazo? ¿Algún elemento objetivo? No, simple cálculo político.

El empresario que es usted puede suponer que estos discursos son propios de minorías radicales y ecologistas dogmáticos. Se llevará la sorpresa de que lo secunda con fe ciega el segundo partido político de la Comunidad y su brazo sindical, el mayoritario en la Comunidad. Y si lee un poco más en profundidad, verá que su manual de operaciones pasa por la algarada y el conflicto desde una perspectiva política, que no laboral. En efecto, un sindicato puede rechazar la creación de empleo si la empresa en cuestión no es ideológicamente aceptable.

Bah, se dirá, seguramente que el partido que gobierna en el Estado tendrá una mayor amplitud de miras y aceptará una inversión de cientos de millones de euros para construir una fábrica y generar riqueza. Cuál no será su desengaño cuando compruebe que el Gobierno puede prometerle una aportación de fondos pero después desdecirse para que usted dé marcha atrás en la inversión, y que si no lo hace, maniobrará en los despachos para dejarle sin suministro eléctrico. Como al empleado al que sus jefes le hacen el vacío para que pida el finiquito.

Bueno, siempre le quedará la justicia para la defensa del interés general y la aplicación objetiva de las leyes. Tampoco ahí encontrará consuelo, porque asistirá con pasmo a cómo un Tribunal encuentra un argumento tras otro para frenar la implantación de proyectos como las energías renovables. Y al que le dará igual que instancias judiciales superiores desdigan sus decisiones y lo desautoricen: siempre hay una nueva vuelta de tuerca para imponer su criterio. De los 400 megavatios anuales que se deberían haber instalado en el último lustro solo están operativos 85; todos los demás proyectos están paralizados, con lo que eso implica para el tejido empresarial. Inversiones congeladas, a la espera de ese Godot que no llega nunca.

De modo que su entusiasmo inicial empezará a oscurecerse hasta que se convierta en un negro nubarrón, y se pregunte demasiadas veces si una iniciativa industrial merece tanto desprecio. ¿No habrá otros lugares donde la inversión sí sea recibida con honesta hospitalidad? Cuando se responda afirmativamente, lo siguiente será sentir compasión por una tierra a la que algunos le niegan la prosperidad por interés, ignorancia o sectarismo. Y tendrá razón.