La interminable batalla para despojar a los Charlines de su patrimonio millonario

Los Charlines, el más siciliano de los clanes gallegos, pionero en el salto del contrabando de tabaco al tráfico de hachís, primero, y luego al de la cocaína, afrontan ahora un nuevo juicio por blanqueo, cuando de lo dictado por aquella primera sentencia, la de 2003, todavía quedan algo más que unos flecos por resolver: de la ochentena de inmuebles incautados a la familia entonces, por una razón u otra, aproximadamente la mitad todavía no han sido subastados.

Desde la Fiscalía, pero también desde otras entidades, reclaman más medios humanos y materiales tanto para investigar los delitos de blanqueo como para agilizar estos trámites en la gestión de los bienes incautados a los narcotraficantes: «Es un sentimiento de impotencia, algo estamos haciendo mal para que veinte años después no se les hayan acabado de liquidar las propiedades», argumenta Fernando Alonso, gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico. «No nos podemos permitir esta lentitud que solo les beneficia a ellos», explica a ABC.

Lentitud en el proceso de subasta de aquellos bienes decomisados en sentencia firme, que ya no pertenecen a la familia. Entre ellos figuraban decenas de pisos, fincas, locales comerciales, un pazo y una empresa conservera, Charpo, que cuando cerró dejó a unos setenta trabajadores en la calle sin indemnizar. Pero lentitud también en la instrucción de esta segunda causa por la que les juzgan ahora —blanqueo de capitales supuestamente cometido entre los años 2003 y 2010—. Una investigación, bautizada policial y paradójicamente como 'Repesca', de la se cumplen 15 años y que se dirige contra tres generaciones de Charlines y sus testaferros. En total, una decena de acusados en una causa que se atascó en el juzgado sobre todo por las trabas y la lentitud de una serie de comisiones rogatorias necesarias de países como China.

Desde aquel 2008 en que se iniciaron las pesquisas por esta segunda causa de blanqueo de capitales han pasado muchas cosas. Entre ellas, el fallecimiento —por muerte natural— de tres de los miembros del clan investigado: el último, el patriarca, Manuel Charlín Gama, que murió en un accidente doméstico el 31 de diciembre de 2021. Antes, habían fallecido su mujer, Josefa Pomares (2012), y su hijo Manuel (2009). Y el patriarca era supuestamente quien, desde la prisión, manejaba los hilos y «era consultado» —según el fiscal del caso, Luis Uriarte— sobre cómo mover el dinero y las propiedades. Diseñaron un entramado de personas y sociedades para poder blanquear todo ese capital, según sostiene el Ministerio Fiscal.

La alarma había saltado en mayo de 2008, cuando durante una subasta pública de determinados bienes de la familia una nieta del patriarca, «siguiendo las instrucciones de su madre», ofreció 500.000 euros por una depuradora en la Illa de Arousa (Pontevedra) y 295.000 euros por unos terrenos. La nieta de Charlín actuó, presuntamente, como «simple testaferro de su madre, que »era quien realmente ponía el dinero« amasado, supuestamente, con el narcotráfico. Luego, lo cambiaron a nombre de un tercero —que también se sienta en el banquillo— para ocultar la titularidad real, pero los Charlines no dejaron de controlar esos bienes.

Otro supuesto método de blanqueo utilizado en esta etapa fue la compra de una planta para el procesado de marisco en China, que luego alquilaron para simular que estaban obteniendo una renta lícita. El fiscal también apunta a una mercantil controlada por la familia, a la que pusieron como titular de varios inmuebles, y también a tres cuentas bancarias de los Charlines en Suiza, con más de dos millones de euros, que no tenían otra finalidad, según la acusación, que «ocultar la existencia de esos fondos a las autoridades españolas».

El juicio comenzó el pasado jueves en la Audiencia Nacional y se reanudará el próximo 9 de octubre. Los acusados todavía no han tenido oportunidad de declarar, pero la intervención de sus abogados en la primera sesión de la vista sirvió para entrever por dónde irá su defensa. Sostienen, por ejemplo, que los delitos, en caso de serlo, habrían prescrito. Y, de cualquier forma, según la defensa, estos hechos ya habrían sido juzgados y sentenciados en la causa de 2003, aunque el fiscal lo rebate argumentando que la actividad de «ocultación y transformación» del dinero de dinero procedente del narcotráfico continuó en la década siguiente.

Por todas estas maniobras, el fiscal pide para los encausados penas de hasta seis años de cárcel y multas millonarias —entre 10 y 12 millones de euros para cada investigado—. Pero también decomisar a la familia, entre otros bienes, la depuradora mencionada, varios pisos, plazas de garaje y los fondos bloqueados de las cuentas suizas. Esto explica en parte por qué ninguno se ha avenido a llegar a un pacto antes de sentarse ante el tribunal. Mucho dinero en juego.

En caso de una condena firme, la recuperación de este patrimonio correrá el mismo riesgo de atascarse en la burocracia que el decomisado en la anterior. Por eso, desde la Fundación Galega contra o Narcotráfico llevan tiempo reclamando que los inmuebles intervenidos a los traficantes se puedan vender de forma anticipada, como ya se hace, por ejemplo, con los coches y las embarcaciones. «Se evitarían gastos, se evitarían demoras y tendría un efecto disuasorio. Si los narcos ven que van a perder sus propiedades a las primeras de cambio, tendríamos mucho ganado», argumenta el gerente de la Fundación.