a contracorriente

Insurrección

Personalmente, siento gran simpatía por la desobediencia civil, pero la reservo para aquellos que saben que el precio de incumplir la ley es perder su empleo, su libertad, incluso su vida

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La insurrección está anunciada. Nos han prometido el incumplimiento del decreto y la insumisión. Los profesores nacionalistas (aunque me temo que decir profesor y nacionalista es casi redundancia y pleonasmo) anuncian orgullosos que no darán su clase en castellano, por más que lo indique el nuevo decreto del gobierno Feijóo. Incumplirán el decreto y seguirán con sus clases en gallego. Ya lo decía el catedrático Ruiz Miguel aquí hace unos días.

Los argumentos del nacionalismo son maleables y se modifican a voluntad. De ahí la paradoja de la situación actual. Durante años, a raíz del decreto del gobierno anterior, el nacionalismo cultural ha argumentado hasta la náusea la legitimidad del gobierno de regular las lenguas en las aulas. Se han mofado de quienes lo discutían. La Consellería tiene ese derecho, el funcionario ha de obedecer, ¡sólo faltaría¡ ¿En qué mundo viviríamos —insistían— si permitiéramos la libertad de enseñar lo que se quiera, cuando se quiera, como se quiera?

Cambia el gobierno. Cambia la ley. La ley no les gusta. Al punto abandonan el respeto a la legalidad, al punto ignoran la legitimidad de la que goza el gobierno autonómico para regular lenguas y aulas, al punto olvidan los argumentos que con tanto ahínco defendían ayer. Ahora toca defender la libertad del profesor, ahora toca defender la lengua y las esencias patrias. Y lo que antes era regulación, deviene hoy en Prohibición. Nos prohíben dar clases en gallego, gritan hoy los mismos que hace días ridiculizaban a quien pronunciaba esa palabra.

Ya lo he dicho en muchas ocasiones: para nuestra casta educativa, la educación es importante, pero más importante es la Nación Galega. Y ahora sabemos que el respeto a la legalidad es importante, pero más importante es la Nación Galega. Los equidistantes entre nosotros, aquellos que califican de radicales a quienes protestan la normalización, deberían recordar que las asociaciones implicadas en esa lucha siempre defendieron dos cosas: que había que cambiar la ley, y que había que cumplir la ley. Ahora vemos cómo importantes partidos y sindicatos defienden su incumplimiento.

¿Quién es el radical aquí? Personalmente, siento gran simpatía por la desobediencia civil, pero la reservo para aquellos que saben que el precio de incumplir la ley es perder su empleo, su libertad, incluso su vida. Nuestros profesores se dan cuenta de que no tienen nada que temer. Pocos defenderán las sanciones. Yo mismo las protestaré. Y el gobierno no se va a atrever a una enquistada querella de sanciones y huelgas. A resultas de esto, el peligro de anomia amenaza ahora a nuestro sector educativo. ¿Cómo podrán los profesores hacer cumplir las normas si ellos mismos han decidido saltárselas porque ya no son de su gusto?