El indulto del «caso cuñada» mira de reojo a la situación de Griñán

Hay entre un caso y otro algunos paralelismos, sobre todo en el tipo delictivo y en las prácticas empleadas: se trata de malversación de dinero público en administraciones gobernadas por el PSOE, y ni Griñán ni Gutiérrez Orúe se lucraron con sus decisiones, lo que para los jueces no les exime de responsabilidad penal. Hay diferencias evidentes: Orúe malversó algo más de 100.000 euros; en Andalucía el fraude de los ERE se acerca a los 700 millones de euros. El primero reintegró la cantidad defraudada —porque así lo exigió la sentencia, no tanto un Concello de Vigo bastante pasivo al respecto—; Griñán es prácticamente imposible que reponga siquiera mínimamente el agujero causado a las arcas de la Junta.

El 'caso cuñada' había sembrado algunas minas en el discurso del Gobierno respecto a los indultos por corrupción. En junio de este mismo año, ya conocida la intención de Gutiérrez Orúe de solicitar al Ejecutivo la medida de gracia, el PP preguntó a la ministra de Justicia por esta posibilidad. Pilar Llop, quizás confiada en que el Supremo no fuera a ratificar la sentencia de los ERE como finalmente hizo, manifestó que existen «líneas rojas» en la concesión de indultos. «No concedemos indultos en casos de corrupción ni en casos de violencia machista», añadió, sin entrar al detalle del caso vigués.

Esto sucedía apenas unas semanas después de que ABC revelara que 37 asociaciones vecinales, sociales y culturales de la ciudad habían suscrito adhesiones a la concesión de la medida de gracia, y que detrás de este movimiento estaban personas «próximas al PSOE de Vigo», según relataron directivos de estas entidades. A las asociaciones se les solicitaba un folio en blanco, cuñado y firmado, en los que terceras personas redactaron un texto idéntico defendiendo la idoneidad de la gracia para Orúe. En las 37 solicitudes, el 90% del texto es idéntico. De estas entidades, 25 recibieron 500.000 euros en ayudas directas por parte del gobierno de Abel Caballero. Para la oposición, estos apoyos «no son espontáneos» sino que «pretenden legitimar una auténtica infamia» como fue la trama del 'caso cuñada'.

Las adhesiones no se hicieron públicas por la defensa de Orúe sino que salieron a la luz por informaciones periodísticas. Mientras que notables del PSOE han dado la cara defendiendo el indulto a Griñán, ni Caballero ni ninguno de sus concejales ha hecho lo propio con el condenado en el 'caso cuñada'. El silencio de Orúe durante la fase de instrucción y el posterior juicio impidió identificar a quienes le dieron la orden de enchufar a Vanesa Falque, la cuñada de Carmela Silva, en la concesionaria Imesapi. El exfuncionario asumió el papel de cortafuegos.

El 'caso cuñada' también ha sentado algunos precedentes por el que bien pudiera transitar la situación procesal de Griñán. La Audiencia Provincial de Pontevedra reconoció que no es habitual suspender la entrada en prisión mientras se aguarda por la respuesta a una petición de indulto cuando la pena es superior a los cuatro años, pero no tuvo rubor en concederla con Orúe, en base a unas «circunstancias concretas». Contó para ello con la posición de la Fiscalía, que despachó su apoyo a la suspensión — «solo por un año», mientras se resuelve el expediente del indulto— en un escrito de apenas dos líneas. Por el momento se desconoce si Audiencia y fiscal son favorables al indulto, aunque su parecer no es vinculante para el Gobierno.