Las grabaron en la calle orinando, lo subieron a webs porno y ahora ellas han dado con los responsables

En la madrugada del 10 de agosto del 2019, San Cibrao se volcó con la Maruxaina, como dicta el ritual. Cada paso del mito fue representado y el pueblo organizó una gran verbena que congregó a multitud de personas. Incluido un grupo de indeseables que, movidos por el aluvión de visitantes, decidieron colocar cámaras ocultas en los bajos de unos vehículos aparcados en un callejón al que las mujeres que acuden a la fiesta solían ir a orinar para no ser vistas. En el momento nadie sospechó, pero meses después estas imágenes fueron descubiertas en páginas de contenido pornográfico —algunas de ellas de pago— en las que muchas de las vecinas de San Cibrao y alrededores se vieron reconocidas. Algunas de ellas, incluso, manteniendo relaciones sexuales. El caso no tardó en tomar dimensión, las mujeres se organizaron y una denuncia conjunta lo llevó a los juzgados de Viveiro. Más de 85 mujeres se confesaron víctimas de estos vídeos que a día de hoy siguen circulando por Internet y pidieron justicia, pero las piedras en el camino han sido muchas.

En un primer momento, el juzgado rechazó hasta en dos ocasiones investigar el caso porque el juez no apreciaba delito en grabar a mujeres mientras orinaban en zonas públicas con cámaras escondidas. La Audiencia Provincial de Lugo, ante el recurso presentado por las víctimas, ordenó reabrir el caso en noviembre de 2021. Desde entonces, la pelea judicial por desenmascarar a los responsables de las grabaciones ha sido ardua por las dificultades para llegar a ellos, que pudieron repetir la misma fórmula en otras fiestas locales de Asturias ese mismo verano, caso de las de Pravia.

Después de tomar declaración a decenas de afectadas y de varias pesquisas fallidas por la vía digital, el caso avanzó con la conclusión de la investigación iniciada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro, que el pasado mes de junio ordenó que se continuase con los trámites del procedimiento abreviado frente a un único sospechoso. La magistrada trasladó las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones particulares —entre ellas, la Asociación Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei)— para que en el plazo de diez días solicitasen la apertura de juicio oral con sus correspondientes escritos de acusación, el archivo de la causa o, incluso, la práctica de nuevas diligencias. Y a este último clavo ardiendo se abrazó el abogado de Bumei, Xosé Manuel Oliveros, que pidió al juzgado que se suspendiese el plazo porque «había una nueva diligencia». La respuesta de la instructora fue positiva y el pasado 31 de julio, por primera vez en cinco años, la investigación avanzó de forma inesperada.

«Hay novedades» introduce en una conversación con ABC el letrado de Bumei, que revela las conclusiones de un detallado informe pericial elaborado por la empresa Quantica 14, que ya está en manos del juzgado. Fueron las propias afectadas a través de Bumei las que desembolsaron los 7.000 euros que costó llevar a cabo este rastreo, la última baza después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil los informase de que sus indagaciones no habían tenido resultado. Esos 7.000 euros se sufragaron con fondos de la propia asociación y de algunas víctimas, aunque están esperando a recibir las donaciones de muchas de las afectadas.

En un documento preliminar esta empresa especializada en investigaciones informáticas y ciberseguridad constató que era posible «abrir vías para encontrar a cinco o seis posibles responsables de los hechos, rastreando sus movimientos hasta los portales porno». Dicho y hecho, tan solo un mes después llegaron los resultados.

Lo más destacable de dicho informe, explica el abogado, «es que aporta datos identificativos de hasta seis personas que podrían estar implicadas en los hechos, algunas de ellas con nombre y apellidos y otras con datos que pueden dar lugar a que las fuerzas de seguridad del Estado comprueben esa identificación». Igual de relevantes es, a estas alturas, que esa vía de investigación digital a la que se había fiado la resolución del caso se complementa ahora con la aportación de un nuevo escenario de trabajo ajeno a los medios digitales y «sobre la que no podemos dar más detalles por razones obvias» matiza el letrado, que sí insiste en que se trata de una opción que hasta ahora no estaba sobre la mesa y «que esperamos que dé sus frutos».

El informe con los resultados obtenidos por los expertos de esta empresa andaluza fue presentado en el juzgado de Viveiro el 31 de julio y en el escrito se solicita que el juzgado dé traslado del mismo al destacamento especializado en este tipo de delitos de la Guardia Civil para que complementen la investigación, tanto por la vía tradicional digital que se estaba llevando hasta el momento a partir de los datos que aportaba como el informe como del camino paralelo que podría afianzar las conclusiones. La contestación del juzgado, calcula el abogado de Bumei, llegará en septiembre. Hasta entonces, el casi centenar de víctimas contiene el aliento ante lo que podría ser la resolución de un caso que durante años se dio por perdido. Muchas de ellas han tenido que recibir ayuda psicológica porque, pese a los intentos de la acusación, los vídeos siguen colgados en los mismos portales web ante la falta de colaboración de las empresas norteamericanas de las que depende, por lo que incluso en el caso de llegar a sentar a los acusados en el banquillo y obtener una condena, el daño podría persistir.

Las afectadas, como la propia Maruxaina, solo reclaman su gran juicio. Aunque, en este caso, sin que medie una absolución divina.