El Gobierno responde al BNG y avala la sostenibilidad de la mina de Doade

El BNG registró sus preguntas en el Congreso hace casi dos meses, el pasado 21 de abril. En su escrito, los nacionalistas recuerdan que España es el segundo país de la Unión Europea con más puntos de extracción de materias primas seleccionados en esta primera convocatoria, de un total de 47 proyectos. El objetivo de la Unión es asegurar el suministro de estos materiales considerados fundamentales para el autoabastecimiento de los países miembros, por lo que insta a simplificar trámites y acortar plazos para que las explotaciones estén operativas en el mínimo tiempo posible. En vez de requerir entre 5 y 10 años, como ocurre ahora, ponen como plazo máximo un período de 27 meses. Estas "facilidades" son, para el Bloque, "preocupantes", al hacerse, según consideran, "sin un análisis riguroso de las consecuencias ambientales y sociales" sobre el territorio.

El BNG también criticó en el mismo escrito que el proyecto de la mina fuese rechazado por la Administración en 2020 "tras un informe negativo de la Concesión de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, por su afectación a los acuíferos", considerando "paradójico" que luego haya sido seleccionado por la UE. Pero esto –aunque es el mismo argumento que el Bloque emplea contra la reapertura de la mina de Touro (La Coruña)– iría en contra de la legislación vigente, que obliga a las empresas a presentar, sí o sí, propuestas distintas en esos aspectos que la Administración consideró insuficientes en el pasado.

En todo caso, los nacionalistas mantienen que "a pesar de sus problemas ambientales y su impacto social", el proyecto podría "verse acelerado" por su consideración como estratégico por la UE: "No se puede permitir que la carrera armamentista sea la que ahora condicione y obligue a iniciar la actividad minera", recogía el escrito.

Por todo ello, plantearon una batería de preguntas al Gobierno. Entre ellas, cuestionan aspectos como por qué "se puede autorizar ahora si se trata del mismo proyecto", si "se considera vigente el informe negativo [...] de hace cuatro años" o si "se respetarán los procedimientos y expedientes medioambientales obligatorios a pesar de la presión de la UE para una regulación de urgencia". Asimismo, interpelan al Ministerio sobre si comparte o no que "la UE esté priorizando sus intereses en favorecer a la industria militar y armamentística por encima de la preservación del medioambiente y los impactos que tendrá en los municipios" cercanos.

Todas ellas cuestiones en línea con la ofensiva nacionalista contra lo que la portavoz nacional, Ana Pontón, define como un "expolio colonial" que el PP propicia para favorecer a las multinacionales. Pero esta no fue la conclusión a la que llegó el Ministerio para la Transición Ecológica en su respuesta, del 5 de junio. En ella, el Gobierno insiste en que la categorización de un proyecto como estratégico no implica "una reducción de los requisitos medioambientales nacionales", por lo que "la protección del medio ambiente está plenamente garantizada" a través de "un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del impacto ambiental (que emana de la legislación europea)", que establece las condiciones y limitaciones necesarias para garantizar la seguridad y protección del medio. La tramitación y autorización final, señalan, es competencia de la Xunta.

Además, en el caso de la minería, indican, a estas exigencias se suman las recogidas en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Y, aunque no lo recogen, en Galicia también están sometidos a la Ley de Recursos Naturales, que establece la obligación de repercutir positivamente en el territorio y la población para cualquier proyecto que aproveche estos recursos.

Pero esto no es todo. El propio Congreso asevera que "los proyectos estratégicos incluidos en el listado de la Comisión Europea, como es el caso de la mina de Doade, han justificado su solvencia técnica, económica y medioambiental" acorde al Reglamento 2024/1252 de la UE para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales. Esto es, cumple con los criterios de "sostenibilidad, preservación del medioambiente, respeto a los derechos humanos y minimización y prevención de los impactos sociales".

Conclusiones en línea con las de la Comisión Europea, que a finales de mayo también respondió a una interpelación del Bloque, en este caso, de su eurodiputada, Ana Miranda, que solicitaba a la Unión reconsiderar su posición sobre la mina. "Se analizaron las repercusiones medioambientales y sociales y el uso de unas prácticas empresariales transparentes. La evaluación concluyó que el proyecto se ejecutaría de manera sostenible, de conformidad con el reglamento de materias primas fundamentales", indicaron en su respuesta desde el organismo. Su calificación como estratégica, señalaron, implica que se llevaron a cabo "prácticas socialmente responsables" desde el "respeto a los derechos humanos".