El Gobierno recurre el veto de la pesca de fondo tras un mes de su entrada en vigor

A través de un comunicado, el Ministerio explica que que el veto es «desproporcionado e injusto». Considera que vulnera los principios de la Política Pesquera Común (PPC) porque no se ha producido un «equilibrio» entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible. España argumenta que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad «que es uno de los principios generales del Derecho de la Unión».

El recurso censura, además, el erróneo diseño del reglamento. «Provoca la paradoja de que, a pesar de que fue concebido para atender a unas circunstancias específicas que concurren en el arrastre de fondo, han sido el palangre y otras artes fijas de fondo las que han resultado seriamente afectadas al verse privadas de sus caladeros habituales«, indica. La pesca de arrastre, que faena hasta los 400 metros de profundidad, no se ve apenas perjudicada por este reglamento. La peor parte se la han llevado los palangreros de los puertos de A Mariña lucense, que en los últimos días ya han denunciado un importante descenso de sus capturas. Las artes de pesca que usan tienen mucho menor impacto para los fondos marinos. La demanda también pone en cuestión el cierre de zonas excesivamente amplias alrededor de los ecosistemas vulnerables. Esta decisión, en opinión del Gobierno, afecta especialmente a España por su menor extensión de la plataforma continental.

En un acto en Zaragoza, el ministro Luis Planas agradeció la «magnífica colaboración» al sector pesquero e insistió en que el Gobierno de España tiene «la mano tendida a la Comisión Europea», con la que quiere dialogar para limitar «esta medida restrictiva«, recoge Ep.

El presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), Iván López, mostró su satisfacción en declaraciones a ABC y apuntó que, para la realización del recurso, «hubo consultas entre los abogados la OPP7 de Burela (organización de productores pesqueros de Burela) y la Abogacía del Estado» y calificó de «buena noticia» que el Estado español haya dado este paso. Sobre el hecho de que no se hayan pedido medidas cautelares, López apuntó que esto se puede solicitar más tarde y recuerda que «para el TJUE los daños económicos son enmendables, por lo que se pueden compensar, por este motivo cree que hay que demostrar daños irreversibles, más allá de los económicos». Algo que considera para una fase posterior al de la presentación del recurso al reglamento de aplicación. Sobre la marcha del recurso, impulsado por la OPP7 de Burela y 16 barcos palangreros de fondo, recuerda que todavía «tienen un poco más de tiempo que el Estado» (el plazo para el recurso por parte de estados miembros se acaba el próximo miércoles) y apunta que se trabaja en la justificación en la que apoyar su calidad de perjudicado directamente por la normativa.

Preguntado por las consecuencias sobre la flota pesquera del veto a la pesca de fondo en 87 caladeros, López considera que hace falta más tiempo para medir con exactitud el impacto, pero sí ha reconoce «caída de capturas» y que los buques de palangre «están haciendo cola durante días para entrar en el caladero y eso no pasaba antes. Esto aumenta los costes y ha hecho caer la facturación del palangre mayor en un 35% por la mayor duración de las mareas».