El Gobierno pone en riesgo unas 1.000 declaraciones de discapacidad al mes

Este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde al acuerdo para interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de varios puntos de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos autonómicos de 2024. Entre ellos, el precepto que da cobertura legal al reconocimiento de oficio del 100% de discapacidad a las personas con el grado III de dependencia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que esta homologación automática puede suponer una «invasión de las competencias estatales en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles», y así lo ha avalado el Consejo de Estado.

Para el Gobierno gallego, el recurso responde a la intención de Moncloa de «boicotear» el sistema de dependencia en Galicia, puesto que, según ha advertido este miércoles en el Parlamento la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, va a «provocar paralizaciones y retardos en las valoraciones». En la práctica, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez podría dejar en el aire las 9.300 homologaciones automáticas –lo que equivaldría a un ritmo de más de 1.000 reconocimientos al mes– ejecutadas hasta ahora en virtud de esta modificación de la normativa.

La conselleira no entiende que el Ejecutivo busque «paralizar una medida que, semanas después, el propio Gobierno central ha copiado a Galicia en la reforma de la ley de dependencia». Se refiere, García, al anteproyecto enviado por Moncloa al Congreso a mediados del pasado mes de julio que, en un planteamiento similar al que recoge la regulación gallega, prevé una «pasarela» para que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia pasen a ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Un porcentaje inferior, eso sí, al 100% que recoge la norma gallega.

Así las cosas, en su intervención parlamentaria, la conselleira de Política Social e Igualdad le ha pedido al Ejecutivo que deje de ponerle trabas a Galicia en la atención a la dependencia. No solo por el recurso recién anunciado, sino también por la falta de financiación. Fabiola García recordó que la ley establece que la Administración central debe aportar el 50% del gasto en esta materia pero, sin embargo, está lejos de cumplir con esta cifra, porque, ha continuado, «cada año vemos como su aportación disminuye considerablemente». Según los cálculos de la conselleira, mientras en 2023 la contribución del Gobierno de Pedro Sánchez fue del 40%, en 2024 esa cantidad se redujo hasta el 34%.

El reconocimiento del 100% de discapacidad a las personas con el grado III de dependencia es una de las medidas recogidas en el Plan de agilización y simplificación de los trámites de la dependencia y la discapacidad aprobado en el último Consello de la Xunta de 2024. Un «plan de choque», en palabras del presidente Alfonso Rueda, que entró en vigor el 1 de enero de este año y que, desde entonces, ha dado sus frutos. Así lo demuestran, al menos, en las cifras publicadas esta semana tanto por el máximo dirigente gallego como por la propia conselleira de Política Social e Igualdad.

Según avanzó el presidente en la rueda de prensa posterior a la reunión de su gobierno de este lunes y reiteró ayer en el Parlamento Fabiola García, en los ocho primeros meses de 2025 la Xunta emitió resolución favorable de 56.174 expedientes de dependencia o discapacidad. Esto supone un 99% más que durante el mismo período del año pasado. En ese cálculo total se incluyen 18.070 personas más atendidas como dependientes y 38.104 resoluciones favorables de discapacidad. La agilización de los trámites se notó sobre todo en los meses de julio y agosto, cuando se produjeron casi 12.000 nuevas altas, el doble que en el verano anterior.

Este notable aumento en el número de solicitudes de dependencia y discapacidad resueltas de manera favorable por parte de la Administración autonómica supone, en consecuencia, un mayor esfuerzo económico destinado a esta partida. La Xunta lo cuantifica, entre enero y agosto de este año, en un total de 70 millones de euros, 52 millones más que en el mismo período de 2024.

Estas cifras han servido a la conselleira de Política Social e Igualdad para insistir este miércoles desde la tribuna del Parlamento en que el «creciente esfuerzo inversor» del Gobierno gallego «no tiene la misma correspondencia» por parte del Ejecutivo central, al que reclama que cambie su actitud y se implique en la mejora del financiamiento de la dependencia en su conjunto. «Que Galicia reciba lo que le corresponda, porque Galicia no es menos que el País Vasco», ha concluido García.