El Gobierno lleva al Constitucional la repotenciación de los parques eólicos gallegos

En definitiva, un nuevo bloqueo al que se suma la parálisis de 96 instalaciones eólicas en la Comunidad, poniendo en entredicho los objetivos de descarbonización y despliegue de las energías renovables planteados por la Xunta. «En la práctica es una suspensión al abaratamiento de la energía y una suspensión a las medidas diseñadas para reducir el impacto de los molinos en nuestros montes», valoran desde la Consellería de Economía e Industria.

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Para el Ejecutivo gallego, la decisión de Moncloa implica que se ha puesto por delante los intereses de «determinadas promotoras» que tenían que realizar inversiones para repotenciar y cumplir con la legislación, ante « los intereses de la ciudadanía y de las empresas que quieren crear riqueza en Galicia». «El impacto ambiental no se verá reducido con la agilidad que pretendía la Xunta», confirman desde el Ejecutivo gallego.

Concretamente, el Gobierno argumenta que la ley de acompañamiento gallega invade la legislación estatal en varios aspectos. Y a pesar de reconocer que el Constitucional ya manifestó en anteriores ocasiones que las reglas específicas deben prevalecer frente a la más genérica (en este caso, la autonómica frente la estatal ), en el caso del ámbito energético se establece la excepción para la planificación económica debido a su importancia estratégica.

En el caso de la repotenciación, desde La Moncloa argumentan que la normativa «adolece de inconstitucionalidad» por el uso del término repotenciar para referirse a la sustitución de aerogeneradores antiguos por otros nuevos y más potentes en vez de a una mejora de los ya existentes, lo que implica otra serie de conflictos en lo que a competencias se refiere.

Esta medida impulsada por la Xunta tenía como objetivo reducir el impacto de los medioambiental y paisajístico, aprovechando las mejoras técnicas de los últimos modelos para limitar la cantidad de molinos sin perder capacidad de producción energética. Una norma obligatoria para aquellos de más de 25 años de antigüedad -hasta 30 si se justifica su vida útil- y voluntaria para el resto de casos.

El pasado mes de febrero, el Consello de la Xunta dio luz verde ambiental a la repotenciación de nueve parques eólicos con el objetivo de eliminar 286 aerogeneradores, lo que hubiese implicado una reducción anual de emisiones de 100.000 toneladas de CO2 y aumentar su eficiencia. Un anuncio que no llegará a efectuarse, ya que la ley gallega establece un periodo de 18 meses tras su aprobación para comenzar a cambiar de aerogeneradores. Una noticia que se produce, además, mientras 92 parques eólicos permanecen afectados por recursos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de los que 86 permanecen suspendidos, limitando en gran medida el potencial eólico de la Comunidad gallega.

«Al disponerse que la repotenciación no podrá dar lugar al incremento de la potencia autorizada y al limitar el inicio de las obras, impidiendo que se produzca antes de dieciocho meses, se contravienen las bases del sector eléctrico, con previsiones normativas que colisionan con el derecho estatal», clarificó el Gobierno central en una nota de prensa.

Al hilo, desde el Ejecutivo central sostienen que la ley de acompañamiento también «colisiona con la normativa estatal» al darle a la Comunidad gallega la potestad de «zonificar» los usos del terreno «sin especificar o concretar suficientemente los criterios que deben regir en tal zonificación». «Esta técnica implica una marcada injerencia en el territorio y en el derecho de la propiedad y se justifica únicamente por cuestiones de interés general, como es el supuesto de la protección del medio ambiente, habiendo destacado el Tribunal Constitucional la necesidad de precisar por la normativa», argumenta el Gobierno central.

Por último desde la Moncloa hacen hincapié en que los plazos para obtener la autorización administrativa de los parques eólicos no respetan los plazos de la norma estatal y que se aplica directamente una directiva europea para reducir el tiempo de tramitación para proyectos de interés general. Todo ello «sin que el Estado, previamente y de acuerdo con sus competencias en la materia, haya fijado la normativa básica al respeto», concluyen desde el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.