Galicia vislumbra una nueva universidad privada pese a la campaña en contra del Gobierno

Fue hace algo más de un mes cuando Sánchez, en el acto 'En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social', arremetió contra este modelo educativo, anunciando el endurecimiento de los requisitos para poder crear universidades privadas a través de un real decreto, debatidos ayer en la Conferencia de Política Universitaria. El objetivo, había dicho en declaraciones recogidas por Ep, no es otro que acabar «con esos chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirles«, porque »una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos«.

El Gobierno, añadió ayer la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, mantiene su «apuesta irrenunciable« por la universidad pública. »No puede ser que en la última década [...] la pública solo haya aumentado un 2% la matrícula, mientras que la privada ha aumentado más de un 100%«, lamentó, un signo de que »algo está fallando en nuestro país«. Actualmente, en España hay 96 universidades, y la pública tiene una ligera ventaja (50, frente a las 46 privadas), aunque todo apunta a que más pronto que tarde se invertirá la situación. De hecho, la aprobación del real decreto puede poner en peligro la apertura de otras 10 privadas.

Es en este contexto en el que llama la atención la posición de la alcaldesa de La Coruña, la socialista Inés Rey, que esta semana reiteró su apoyo a la iniciativa. En línea con lo que defendió el 30 de abril, en la presentación de la universidad Emilia Pardo Bazán, la regidora reafirmó su «apoyo» a lo que considera un «buen proyecto», que va a «hacer ciudad» e impulsar su desarrollo económico. Cuenta, aseguró en una entrevista concedida a Radio Coruña, con el «apoyo del Gobierno de España» y «todos los informes favorables«, por lo que ahí »no hay nada que decir«, terció.

En cambio, ya se han manifestado en contra sindicatos como Comisiones Obreras o la Confederación Intersindical Galega, que condenó que el PSOE coruñés saliese a «amadrinar» el proyecto, «fortaleciendo el histórico respaldo a la privatización del PP«. También el rector de la Universidad de La Coruña se mostró contundente, pidiendo que las universidades privadas tengan »los mismos requisitos« que las públicas y que, aunque no sea vinculante, no se puedan llevar a cabo con un informe negativo. Esta es, precisamente, uno de los nuevos requisitos que propone el Gobierno.

Más comedida es la lectura que hace la Xunta de la situación, que, tras las declaración de Rey, pidió al Ministerio que «aclare» si el informe, que «no da luz verde de forma explícita», es o no favorable. Así lo anunció el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, el pasado miércoles, aunque la Xunta, indicó, celebra «cualquier tipo de iniciativa orientada a potenciar o reforzar la educación en cualquier territorio«.

Por contra, en la presentación de la universidad a finales de abril, desde Cesuga indicaron que el informe concluye que el proyecto contempla todos los extremos previstos en la legislación, señalando cuatro observaciones o recomendaciones, por lo que consideran que es positivo. Según explicó en el acto el presidente del consejo rector, Venancio Salcines, dos eran de ámbito económico, pidiendo que se acreditase la solvencia, y otros dos de talante más organizativo, cuestiones que ya fueron acreditadas en la administración, señaló. La votación del informe, el año pasado, resultó negativa, con la abstención de la Xunta ante la falta de claridad, pero será, finalmente, en el Parlamento donde se decida si sale o no adelante.

Sería la segunda universidad privada de Galicia, junto a la Universidad Intercontinental de la Empresa, promovida por Abanca y su obra social. La iniciativa de Cesuga cuenta, además, con el respaldo de grandes empresas, como Hijos de Rivera, Altia, Aluman o Incoga.