Galicia planta cara al Gobierno con una ley propia para el litoral

Detrás de la iniciativa está la intención de sortear la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir el dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad. La Xunta considera que las últimas medidas y reformas aprobadas por el Ejecutivo central desde 2018 imponen una interpretación cada vez más restrictiva de la Ley de Costas. Por ejemplo, los cambios en la duración de las concesiones en terrenos públicos a través de la Ley del Cambio Climático, o la modificación, este mismo verano, del Reglamento de Costas, que la Xunta considera que, en la práctica, elimina la posibilidad de prórrogas extraordinarias para las industrias del mar. Y con el llamado Plan de Costa libre, el Gobierno, según la Xunta, aspira a liberar el domino marítimo-terrestre de forma paulatina hasta 2045.

En este contexto se enmarca este proyecto autonómico que este viernes mismo empieza a dar los primeros pasos. Para Rueda, la futura ley será «un paso adelante para ordenar e impulsar el litoral». El mandatario autonómico cree que esta normativa deberá conjugar la actividad económica en las zonas costeras, pues el Gobierno está «poniendo en riesgo «proyectos estratégicos e industriales claves para Galicia, con un «escrupuloso» respeto del medioambiente y la necesidad de combatir el cambio climático, que «no se discute». Es decir, la normativa deberá tener una triple perspectiva: económica, social y, por supuesto, también ambiental.

La nueva ley, según ahondó a posteriori la Xunta en un comunicado, deberá también facilitar seguridad jurídica a los titulares de instalaciones industriales ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre o que quieran implantarse. Y además definir, de forma clara, qué actividades y usos puede albergar cada zona de la costa. Planificándose siempre acorde con las características de cada zona.

Pese a que, de alguna manera, lanzarse a este proyecto es una manera de plantar cara al Gobierno central, Rueda aseguró que su intención no es librar una guerra ni política ni judicial contra el ejecutivo socialista. Muy al contrario, el presidente popular insta al Gobierno a sentarse a dialogar. Esperan, añadió el presidente de la Xunta, «que la cooperación institucional sea absoluta». Sin embargo, cree que sobran los motivos para que la Xunta coja la sartén por el mango con una iniciativa tan ambiciosa. «No puede ser que no podamos ordenar el litoral cuando se adoptan acuerdos que van en contra de Galicia», zanjó el presidente autonómico ante la prensa.

Pero a la futura ley para el ordenamiento de la costa gallega todavía le queda un largo proceso para hacerse realidad. Hoy mismo se abrirá un periodo de un mes para consulta pública, como es preceptivo, durante el que texto podrá recibir aportaciones de todos los ciudadanos. Luego, la Consellería de Medio Ambiente, impulsora del proyecto, abrirá una ronda de contactos con todos los sectores afectados con la intención, según la Xunta, de «buscar el máximo consenso».

Después el borrador deberá someterse a aprobación del Consello —anteproyecto de ley—, y se convertirá en proyecto legislativo una vez comience su tramitación en la Cámara autonómica. Solo cuando esté aprobado el texto podrá ser recurrido por el Gobierno —o por quien lo considere— ante el Tribunal Constitucional.

Por ahora estos son futuribles, pero lo que es una realidad es que la norma que impulsa la Xunta es vista con buenos ojos por la industria marítima. Las empresas del litoral están preocupadas por los «efectos perjudiciales» que pudiera acarrearles la restrictiva interpretación que el Gobierno hace de la Ley de Costas. Tanto a las cofradías como a las conserveras, pasando por los cocederos de marisco.

Así lo ha destacado este jueves ante la prensa el presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, tras reunirse con representantes del grupo del PPdeG en el Parlamento autonómico. Vieites mostró su preocupación, según recogió Europa Press, por «la viabilidad de las empresas» con las políticas del Gobierno central en esta materia. «Se han ido dando pasos en la dirección contraria a lo que el sector quiere de seguridad jurídica para desarrollar sus actividades en las instalaciones», añadió Vieites. Para el él, Galicia «se juega mucho» y la Ley de Cambio Climático, primero, y el reglamento de la Ley de Costas, después, apuntan «contra» el desarrollo de la actividad en las plantas industriales del litoral. Vieites lamenta que «se prime lo paisajístico con respecto a las actividades productivas».

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, consideró, después de la reunión con Vieites, que la nueva ley que impulsa la Xunta marca «el nuevo camino» y espera que el Gobierno sea «respetuoso» en esta cuestión con el autogobierno de Galicia. En esa ronda de contactos con las fueras parlamentarias, el sector se reunió con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que aseguró que presentarán una iniciativa en el Parlamento autonómico para pedir al Congreso la transferencia a Galicia de la «ordenación y gestión» de la costa. El martes, según recogió Ep, el PSOE gallego les dijo a los representantes de los empresarios que, en este conflicto, «primero van a ser los intereses de Galicia».